Edición del 24 al 31 de octubre de 2004

El “lobby” empresarial retrasa la discusión en el Parlamento Europeo de un proyecto de ley para eliminar productos tóxicos. Estados Unidos también se opone a la iniciativa.

Más de siete años de debate en la Unión Europea (UE) no han bastado para aprobar una norma que elimine progresivamente el uso de los productos que causan más daño al ambiente y la salud humana.

La discusión comenzó en 1997, y en 2001 la Comisión Europea, organismo ejecutivo del bloque, presentó un informe sobre Registro,
Evaluación y Autorización de Químicos (Reach, son sus siglas en inglés), para identificar y eliminar esos productos sintéticos nocivos, seguido en mayo de 2003 por un proyecto de ley en la materia.

Se previó que ese proyecto fuera aprobado este año por el Parlamento Europeo y el consejo europeo de ministros de Ambiente e Industria, pero presiones de las industrias y gobiernos, incluido el estadounidense, retardaron el proceso.

Ahora, la presidencia de turno de la UE, a cargo de Holanda hasta el 31 de diciembre, asegura que un nuevo texto de consenso será probablemente propuesto a mediados de 2005, y votado en el Parlamento Europeo a fines del mismo año.

El no gubernamental Fondo Mundial de la Naturaleza (WWF son sus siglas en inglés) realizó un estudio de sangre de 33 personas de tres generaciones distintas (niños de nueve años, sus padres y sus abuelos), en Inglaterra, Gales, y Escocia, y encontró contaminación con 80 productos químicos distintos.

El informe “Contaminados: la próxima generación” fue publicado el 8 de octubre e indicó que en la sangre de niños se hallaron en promedio 75 tóxicos, en la de sus padres una cantidad similar, y en la de sus abuelos 56.

Otro análisis de sangre, del mismo WWF a fines de 2003, realizado a 39 diputados del Parlamento Europeo halló 76 productos industriales tóxicos que se acumulan en los organismos de personas y animales, y que pueden provocar deformaciones metabólicas hereditarias.

Entre ellos estuvo el insecticida DDT (dicloro difenil tricloroetano), cuya producción y uso está prohibida en Europa desde 1970.

Anthony Field, director de campañas del WWF, dijo a Tierramérica que la actual legislación europea permite usar químicos patentados antes de 1980 sin nuevas pruebas de su carácter no tóxico, mientras “todos los patentados después de 1980 deben pasar múltiples exámenes, lo que hace muy costoso el desarrollo de nuevos productos y frena la innovación”.

Reach aceleraría la sustitución de los productos antiguos, que también son los más nocivos, arguyó.
Sin embargo, el presidente del comité de ambiente del Parlamento Europeo, Karl Heinz Florenz comentó a periodistas que en el debate sobre Reach se busca equilibrar las preocupaciones ambientales y sanitarias con las de la industria química, y pidió a las autoridades europeas que “escuchen a Estados Unidos”.

En abril de 2003, el secretario de Estado (canciller) estadounidense Colin Powell expresó en un cable a las embajadas de su país en Europa, del que Tierramérica obtuvo una copia, que Reach era “un sistema regulatorio costoso, agobiante y complejo, que podría ser muy difícil, si no imposible, aplicar”.

“Exportaciones de la mayor parte de los sectores industriales de Estados Unidos (a Europa), que suman decenas de miles de millones de dólares, podrían ser afectadas”, señaló.

Por ello, agregó Powell, “las agencias del gobierno de Estados Unidos consideran que es importante reiterar a la Comisión Europea y a los estados miembros de la UE nuestras preocupaciones, antes que la Comisión termine de elaborar su propuesta a comienzos de mayo (de 2003)”.

Según el presidente del Consejo de la Industria Química Estadounidense, Greg Lebedey, Powell “reflejó las preocupaciones sobre Reach” de ese sector, que “tiene intereses muy grandes en Europa como inversor, productor y proveedor”.

De acuerdo a fuentes europeas, la industria química alemana ha estado a la cabeza del “lobby” contra Reach en la UE, y su influencia ha conducido a que se exagere sobre los eventuales costos de aplicar esa norma, minimizando sus potenciales efectos positivos.

La consultora privada Arthur D. Little, que mantiene desde 2001 lazos contractuales con la poderosa Asociación de la Industria Alemana, sostuvo en un estudio presentado este octubre que el costo de Reach sería 2,7 por ciento del producto interno bruto de la UE. La Comisión Europea previó un costo mil veces menor. 

El autor es corresponsal de Inter Press Service (IPS)