Edición del 22 al 29 de agosto de 2004

La reserva marina de Paracas en Perú, amenazada por fábricas de harina de pescado,
enfrenta ahora los potenciales impactos de una planta de gas.

La reserva podría resultar perjudicada por una planta de licuefacción.

La construcción de la primera planta de fraccionamiento y licuefacción de gas en Perú, junto a una importante reserva marina de la bahía de Paracas y 250 kilómetros al sur de Lima, provoca graves inquietudes ambientales.

El gas procede de los yacimientos de Camisea, paraje selvático al otro lado de la cordillera de los Andes, y es transportado a la planta por un gasoducto de 540 kilómetros.

El 7 de agosto, al inaugurar la primera etapa de la planta de fraccionamiento, el presidente Alejandro Toledo declaró que Perú ingresaba a una nueva etapa histórica, “pues dejaremos de ser país importador de energía para convertirnos en exportadores”.

En la primera etapa, la planta producirá 33 mil barriles diarios de gas líquido, 25 mil se destinarán al consumo nacional y el resto se exportará a la costa oeste de Estados Unidos, dijo Toledo.

“Al concluir la segunda fase estaremos exportando a México y Estados Unidos alrededor de 700 millones de dólares de gas licuado durante los próximos 33 años, pero necesitamos otra inversión de 2,000 millones de dólares para culminarla”, agregó.

En medio de la euforia, el presidente pidió que no se efectuaran “declaraciones y ruidos políticos que inquieten y ahuyenten a los inversionistas extranjeros”.

El mandatario parecía dirigirse a los ecologistas que objetaron la ubicación de la planta a siete kilómetros de la Reserva Marina de Paracas, poseedora de una rica biodiversidad con 160 especies de peces, 216 de aves y 25 de delfines y ballenas.

Según el ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría, la ubicación fue decidida por razones de ventaja técnica, y el riesgo es mínimo gracias al diseño con tecnología de punta y la construcción de la plataforma de embarque a 3,2 kilómetros de distancia de la playa.

Sin embargo, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, afirma que cuando se comenzó a diseñar el proyecto, cuatro años atrás, se pensó en situar la planta en las Pampas de Clarita, a 70 kilómetros de la bahía, “adecuadamente lejos de la reserva”.

La empresa PlusPetrol, encargada de la exportación del gas, anunció haber instalado un sistema de monitoreo ambiental con 160 puntos de control en las zonas marina y costera de la bahía.
Pero las organizaciones no gubernamentales (ONG) aseguran que no está claro quiénes tendrán a su cargo el manejo y la evaluación del monitoreo.

Paracas es escenario de una batalla anterior, entre ONG ambientalistas que reclaman el retiro de cuatro fábricas de harina de pescado instaladas irregularmente al borde de la reserva y los empresarios denunciados.

Estos, que consiguieron sucesivas postergaciones al traslado, resultaron inesperadamente favorecidos por el proyecto
Camisea, pues para instalar la planta de gas las autoridades modificaron la reglamentación de construcciones en la
zona, que dejó de ser residencial para convertirse en industrial.

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“Por consiguiente, la ubicación de la planta ya causó un grave daño, pues ahora las pesqueras que tenían que retirarse el año pasado se mantendrán gracias al cambio de zonificación”, comenta la socióloga María Elena Foronda, presidenta de la Sociedad Nacional del Ambiente.

Las siete ONG agrupadas para defender el ecosistema de Paracas apelaron sin suerte en 2003 al Tribunal Constitucional para que se pronunciara sobre el cambio de zonificación. El Tribunal desestimó la demanda.

Aunque Sandro Chávez, presidente del Colegio de Biólogos, anunció una apelación del fallo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la mayoría de las ONG parecen dispuestas a proseguir la defensa de Paracas evaluando las medidas anunciadas de previsión y control.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) está a punto de resolver la última entrega de recursos para el proyecto.

“El crédito ya está aprobado, pero las entregas se van haciendo por etapas. Para el cierre financiero (desembolso completo de los fondos) el BID estableció 100 condiciones ambientales y sociales que, según el gobierno y las empresas, han sido resueltas, pero nosotros no estamos de acuerdo”, dijo el abogado Carlos Chirinos, de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

“No debemos alarmarnos porque algunos funcionarios del BID hayan dicho que el cierre financiero es inminente. Tenemos el compromiso de Enrique Iglesias (presidente del Banco) de que ello no sucederá hasta no se hayan resuelto satisfactoriamente las objeciones ambientalistas”, dijo la bióloga Patricia Majluf, de la ONG Spondylus.

Las empresas que participan en Camisea (la estadounidense Hunt Oil, la argentina PlusPetrol, la belga Tractebel, la sudcoreana SK y la peruana Graña y Montero) también fueron denunciadas por manejo ambiental irresponsable en la zona de los yacimientos y en el tendido del gasoducto.

 El autor es colaborador de Tierramérica.