Edición: 21 de marzo de 2004

Entre telas, hilos y máquinas de coser, un puñado de reclusas panameñas trabaja
afanosamente para cumplir con un encargo de 36,000 pares de guantes aislantes
para cocina.

Muchas mujeres en la cárcel se preocupan por aprender algo, aunque muchas veces les resulta difícil reintegrarse a la sociedad.

Es el primer trabajo para un mercado internacional encomendado a las mujeres del Centro Femenino de Rehabilitación (CFR), ubicado en San Miguelito, en la periferia de la capital panameña, a unos 15 kilómetros al nordeste de la ciudad de Panamá.

Un trabajo anterior, ganado en una licitación, fue un pedido de la policía, consistente en la confección de 5,000 camisas para los agentes.

“Nunca se puede estar feliz sin libertad. Pero el trabajo en el taller lo hace sentir bien a uno”, expresó Gladys Almengor, mientras operaba una máquina industrial.

“En el taller uno ocupa el tiempo en cosas productivas. Y eso puede ser ejemplo para nuestras familias”, dijo la mujer, que tiene tres hijos de 18, 11 y seis años. Trabaja en el taller de costura hace más de dos años.

El objetivo del taller es “capacitar a las reclusas y hacer que se sientan productivas”, afirmó Daniela Gómez, funcionaria del Ministerio de Gobierno y Justicia encargada de coordinar el proyecto.

Gómez dijo que los guantes aislantes tienen que estar listos en un mes. Con ese fin se piensa habilitar los talleres para trabajar los sábados y los domingos. Ello requerirá que otras mujeres se sumen al proyecto, porque la “idea no es recargarlas de trabajo”, añadió. Actualmente trabajan en el taller unas 20 reclusas.

Explicó que el destino final del producto será Estados Unidos. Los contratos los hicieron con empresas centroamericanas que venden a otras en Norteamérica.

No precisó el precio al que venderán de los guantes aislantes, pero dijo que las reclusas reciben el 50% de las ventas. Todas se comprometen a ahorrar al menos el 20% de lo que ganen.

“Hemos cometido un error, pero estamos pagando. Cuando salimos nos aíslan”.

Gómez trabaja en el CFR desde hace tres años, cuando comenzó el proyecto de confección de prendas con el fin de comercializar la producción fuera de la cárcel.

Dijo que entre las reclusas hay mucho entusiasmo, pero a veces hay que poner “mano dura” para mantener la disciplina y cuidar que el proyecto no fracase.

“No es cuestión de reprimirlas. Ellas tienen sus beneficios como cualquier trabajador, pero hay que cumplir con los pedidos”, apuntó.

“Esto es como una fábrica. Ellas ganan de acuerdo a lo que producen y al tipo de trabajo que realizan. Y tienen que ser responsables”, subrayó.

En el CFR hay 618 reclusas, la mayoría por delitos relacionados con droga. Han sido condenadas 235 y el resto no ha sido llamado a juicio. Una buena parte se queja de la demora judicial. Benigna Walter dice que tiene 62 meses en detención preventiva y aún no ha sido juzgada. Está acusada de lavado de dinero.

“Mi caso es injusto. ¿Cómo puedo estar presa 62 meses en detención preventiva?”, se preguntó la mujer que trabajaba como administradora en una empresa al caer presa.