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Edición
del 16 al 22 de mayo de 2004


Libia Grueso, galardonada
con el premio ambiental Goldman
por su trabajo en favor de las comunidades afrocolombianas,
dialogó con Tierramérica.
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Libia
Grueso recibió el premio ambiental de la Fundación
Goldman en Colombia.
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La colombiana
Libia Grueso, de 43 años y activista en la defensa
de comunidades negras, obtuvo este año el premio ambiental
de la estadounidense Fundación Goldman, por la estrategia
de desarrollo sostenible que ha llevado adelante en el sudoeste
de su país, con base en una alianza entre la ecología
y la cultura.
Trabajadora social, educadora ambientalista, especializada
en Ciencias Políticas y cofundadora del Proceso de
Comunidades Negras (PCN), Grueso es una de las promotoras
de la llamada Ley 70, que permitió en 1993 el reconocimiento
oficial de las comunidades negras como una etnia con derechos
culturales y territoriales en la zona que han habitado ancestralmente.
Sus primeras conquistas en el campo ambiental se dieron a
principios de los años 90, cuando logró frenar
el uso de 21 retroexcavadoras con las que se extraía
oro aluvial en ríos del sudoccidental departamento
de Valle del Cauca, en la costa del océano Pacífico,
causando irreversibles impactos ecológicos y culturales.
También consiguió detener hasta su replanteamiento
un proyecto de “poliducto” para gas natural, gasolina
y combustible diesel (gasóleo) que iba a atravesar
y poner en riesgo el delicado y precioso ecosistema de manglares
y selvas en el municipio de Buenaventura, del mismo departamento.
Activistas encabezados por Grueso lograron un acuerdo sobre
los ecosistemas de manglar con la Dirección General
Marítima (Dimar), que permitió la titulación
colectiva de la parte baja de los ríos de la zona y
de cuencas costeras en la zona del sudoccidental departamento
de Nariño.
La galardonada impulsó también, entre otras
cosas, la recuperación de humedales en
asentamientos afrocolombianos de valles interandinos y la
recuperación de semillas y prácticas tradicionales
de cultivo.
Su meta ahora es lograr que el Estado apoye planes de ordenamiento
territorial que permitan el manejo sostenible de recursos
naturales de las comunidades afrocolombianas, y apruebe una
política ambiental especial para la costa del Pacífico.
El premio ambiental Goldman, que se entrega cada año
a seis personas, fue creado en 1990 para recompensar a quienes
impulsan proyectos ambientales excepcionales e inspirar a
otros para que sigan su ejemplo.
P: ¿Qué significado tiene este premio
para usted?
R: Es una oportunidad para dar a conocer otra
cara de Colombia, y especialmente el aporte y valor de las
comunidades afrocolombianas del Pacifico.
P: ¿A qué se dedica el PCN, que
usted representa?
R: A la promoción, protección
y aplicación de los derechos étnicos, culturales,
territoriales sociales y políticos de las comunidades
afrocolombianas y la defensa de los hábitat naturales
que les sirven de espacio vital.
P: En la vida práctica, ¿en qué
ha beneficiado a esas comunidades la aprobación de
la Ley 70?
R: Si no existiera hoy esa ley, no tendríamos
los programas de etnoeducación para las comunidades
afrocolombianas ni las becas de ayuda para los jóvenes
excluidos del sistema educativo por falta de recursos. No
existirían los consejos comunitarios que ejercen autoridad
dentro de los territorios colectivos ni los planes de uso
y manejo para los bosques y recursos naturales con participación
de las comunidades negras que habitan estos territorios.
Tampoco funcionarían las comisiones consultivas donde
los líderes definen frente a las entidades de gobierno
las decisiones que afectan a las comunidades ni habría
representantes en los consejos de las corporaciones ni existiría
en el Ministerio del Interior una oficina de asuntos étnicos
para comunidades afrocolombianas.
No estaría en construcción un reglamento que
regule la explotación minera ni se estaría hablando
de normas para la protección del conocimiento tradicional
en el uso de plantas medicinales. Y todo eso es sólo
parte de la aplicación práctica de la Ley 70.
P: ¿Cómo incide el conflicto armado
en el trabajo del PCN, y con qué garantías cuenta
ese grupo para realizar su labor?
R: El conflicto impide el desarrollo pleno y
la vivencia del derecho al territorio en nuestras comunidades,
pone en riesgo especialmente a los jóvenes, y en general
a las comunidades afrocolombianas, que son hoy la primera
población en desplazamiento forzado.
Según datos de la Consultoría para los Derechos
Humanos y el Desplazamiento, en 2002 hubo dos millones de
personas desplazadas, y 82 por ciento de ellas fueron integrantes
de comunidades afrocolombianas del Pacifico, los montes de
María y los valles interandinos.
P: ¿En qué utilizará el dinero
del premio?
R: En dos cosas: la compra o construcción
de una sede para la organización en Buenaventura, y
el saldo en el pago de colegios para mis dos hijos.
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