Edición del 15 al 22 de agosto de 2004

El gobierno de Brasil propone conceder tierras amazónicas a privados para
explotación forestal limitada. El debate parlamentario se anuncia turbulento.

La polémica tomó un aire absurdo. Hubo versiones periodísticas sobre un proyecto de “privatización” de la Amazonia brasileña, cuando el objetivo era el inverso: frenar la apropiación irregular de tierras públicas por particulares, que trae consigo deforestación.

Grupos ultranacionalistas alegan que el correspondiente proyecto de ley, cuya redacción aún no está terminada, entregará la Amazonia al capital extranjero.

Pero funcionarios señalan que la propuesta legislativa, que parece ir a un turbulento debate parlamentario, tiene el propósito contrario.

Se trata de “consolidar la soberanía nacional sobre ese territorio”, dijo a Tierramérica el secretario de Bosques y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Joao Paulo Capobianco.

El proyecto de ley propone crear un marco legal para la gestión y uso sustentable de los bosques en tierras del Estado, con tres modalidades.

Dos de ellas ya son conocidas: las unidades de conservación y el uso comunitario por indígenas y pobladores tradicionales. La tercera y polémica es la concesión a privados para explotación forestal limitada.

Los estados amazónicos brasileños suman más de cinco millones de kilómetros cuadrados. De esa área, 25 por ciento ya es propiedad privada, y 29 por ciento está ocupada por unidades de conservación y reservas indígenas, detalló Capobianco.

El proyecto prevé seleccionar las áreas para concesión a madereras con “filtros poderosos” para que la explotación sea sustentable, y mediante un proceso gradual, que en los primeros diez años otorgará no más de 20 por ciento del área disponible, destacó.

La extracción de madera deberá regirse por criterios de eficacia probada en bosques tropicales, con un límite de cinco a seis árboles por hectárea, es decir tres por ciento de los árboles adultos, cada 25 o 30 años, apuntó Capobianco.

Podrá disputar las licitaciones cualquier empresa constituida en el país, aunque sea controlada por capital extranjero, y no habrá privatización, porque la propiedad de la tierra seguirá siendo pública, alegó. 

La idea está en discusión desde hace años, y la mayoría de los ambientalistas la aceptan en términos generales, con
reservas sobre cuestiones específicas y dudas sobre su eventual aplicación.

La condena tajante partió de nacionalistas como Aziz Ab´Saber, geógrafo y respetado ambientalista de 79 años.
“Estoy en contra, es el comienzo de un plan estratégico de ocupación de la Amazonia, de su internacionalización”, dijo a Tierramérica Ab´Saber.

El Ministerio de Medio Ambiente cedió a “presiones extranjeras” y adoptó un modelo que “dañará la biodiversidad e interesa sólo a los empresarios, principalmente internacionales”, afirmó.

Hay en la Amazonia experiencias locales exitosas que podrían multiplicarse para promover el desarrollo sustentable y combatir la deforestación, sostuvo el géografo.

Sin embargo, las medidas de control y represión no han frenado la destrucción de más de 23 millones de hectáreas de bosque por año, asociada con tres cuartas partes de las emisiones brasileñas de dióxido de carbono y otros gases causantes de efecto invernadero (retención de calor en la atmósfera) y eso ha estimulado la búsqueda de otras soluciones.

En la base del problema está una situación legal caótica de la Amazonia, donde casi la mitad de las tierras son públicas pero sin propiedad registrada, dijo a Tierramérica el coordinador de la organización no gubernamental (ONG) Amigos de la Tierra-Amazonia Brasileña, Roberto Smeraldi.

El principal mérito del proyecto es que obligará el Estado a regularizar su propio patrimonio, aunque eso llevará tiempo y no será fácil, adujo.

Actualmente hay una privatización fraudulenta de esas tierras, al amparo de una norma que permite a organismos gubernamentales reconocer la propiedad de áreas de hasta dos mil 499 hectáreas a quienes aleguen ser sus poseedores de hecho, explicó Smeraldi a Tierramérica.

Eso favorece ocupaciones, muchas veces “con violencia y expulsión de pequeños agricultores”, que amplían el dominio privado de las tierras sin beneficio para el Estado, que es su verdadero dueño, señaló.
Hay dos razones básicas a favor del mecanismo de concesión, dijo Smeraldi.

Por un lado, 99 por ciento de los planes presentados para uso sustentable de recursos naturales amazónicos son rechazados por “falta de documentación adecuada de la propiedad”, y la actual inseguridad jurídica aleja a empresarios “bien intencionados”, atrayendo a los “dispuestos a todo”, sostuvo.

La segunda razón, según Smeraldi, es que concesiones prolongadas y renovables estimularán la inversión a largo plazo, si “se hace un buen trabajo”.

 El autor es corresponsal de Inter Press Service (IPS).