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Edición
del 12 al 19 de diciembre de 2004
Felipe
Arriaga, defensor de los bosques en el estado mexicano de
Guerrero, está acusado de asesinato por un talamontes.
“Soy inocente”, dijo a Tierramérica desde
la cárcel.
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| Rodolfo
Montiel (izquierda) y Teodoro Cabrera, compañeros
de Arriaga, fueron indultados en 2001. FOTO
El Universal |
Ser campesino
pobre y oponerse a la tala de bosque en México pueden
ser razones suficientes para terminar en la cárcel. Así
lo indican cinco casos desde 1999. El último es el de
Felipe Arriaga, detenido en noviembre bajo acusaciones de asesinato,
pero pronto podrían sumarse otros 13.
“Mi problema es por defender los bosques. No en vano el
que me acusa es un ‘talamontes’”, dijo Arriaga
a Tierramérica desde una prisión en Guerrero,
estado del sureste mexicano donde colabora con la Organización
de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y
Coyuca de Catalán.
El testimonio de Arriaga es una copia casi exacta de los rendidos
en su momento por otros cuatro campesinos ambientalistas, pobres
y semianalfabetos.
En esos casos, los acusados denunciaron que por combatir la
tala fueron víctimas de fabricación de pruebas
y torturas por parte de autoridades. Organizaciones de derechos
humanos locales e internacionales los consideraron presos de
conciencia. Posteriormente fueron liberados.
En México “se usa el sistema judicial para silenciar
o desanimar a las voces disidentes y la oposición de
la sociedad civil, recurriendo a cargos penales falsos o infundados”,
sostuvo Amnistía Internacional, con sede en Londres,
a propósito de la reiteración de campesinos encarcelados.
Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, compañeros de Arriaga
en la Organización de Campesinos Ecologistas de Guerrero,
dejaron la cárcel en 2001 por intervención del
presidente Vicente Fox, quien aduciendo que los acusados tenían
problemas de salud ordenó el perdón de sus penas,
de hasta 10 años de prisión, y el cierre de los
procesos en su contra.
Montiel y Cabrera, quienes habían sido detenidos en 1999
acusados de posesión de armas y cultivo de marihuana,
demandaron al Estado mexicano ante la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en reclamo de reparación de daños,
sanción a los militares que los detuvieron y torturaron,
y una declaratoria plena de inocencia.
Hoy, Montiel y Cabrera viven semiclandestinos y lejos de Guerrero,
pues temen atentados de los taladores de árboles a los
que combatieron.
“El caso de Arriaga es muy similar al de Montiel y Cabrera.
Se trata de acusaciones sospechosas dirigidas contra quienes
se oponen a la tala”, dijo a Tierramérica Mario
Patrón, coordinador jurídico de Tlachinollan,
una organización de derechos humanos de Guerrero.
Patrón fue uno de los abogados de Montiel y Cabrera y
es posible que tome el caso de Arriaga, quien está acusado
de participación en el asesinato en 1998 de un hijo de
Bernardino Batista, líder de organizaciones de taladores.
Por ese mismo crimen están pendientes 13 órdenes
de detención, todas contra campesinos contrarios a la
deforestación en Guerrero.
“Te voy a ser claro, uno se mete con ciertos intereses
y ese es el problema, por eso estoy aquí (en prisión).
Pero tengo la certeza de que me tienen que liberar porque no
he hecho nada, al igual que mis compadres Montiel y Cabrera,
quienes ya están libres”, dijo Arriaga.
En prisión, Montiel y Cabrera recibieron de organizaciones
estadounidenses el premio Goldman, considerado un Nobel de la
ecología y dotado de 125 mil dólares, y el galardón
Chico Mendes, en memoria del campesino, sindicalista y ambientalista
brasileño asesinado en 1988.
Cerca de 40 por ciento de los bosques de las sierras de Petetlán
y Coyuca de Catalán, en Guerrero, donde Montiel y Cabrera
vivían, fue destruido entre 1992 y 2000, asegura la organización
Greenpeace.
Similar destrucción se registra en Coloradas de la Virgen,
zona de más de 50 mil hectáreas ubicada en el
septentrional estado de Chihuahua, hogar ancestral de los indígenas
rarámuris, donde viven unas 360 familias.
De allí son Isidro Baldenegro y Hermenegildo Rivas, indígenas
que también han combatido la deforestación.
Liberados en junio por decisión judicial, permanecieron
poco más de dos años confinados por posesión
de armas y drogas.
Baldenegro, hijo de un dirigente rural asesinado en 1986 aparentemente
por enfrentarse a taladores de bosques, cuenta con protección
policial, pues se teme que pueda ser asesinado.
“No he sentido ahora muy de cerca la presencia del peligro
y las amenazas. Pero si finalmente ganamos en los tribunales
que se pare la tala, yo creo que sí se sentirían
muy ofendidos (los grupos que cortan madera) y tratarían
de eliminarnos a algunas personas”, dijo el campesino vía
telefónica a Tierramérica desde su comunidad en
la Sierra Tarahumara.
Según se supo durante el proceso contra Baldenegro y
Rivas, las acusaciones fueron infundadas y varios policías
sembraron pruebas en su contra. No obstante, los culpables de
esos delitos, al igual que los militares que torturaron y acusaron
a Montiel y Cabrera, están libres y nunca fueron sancionados.
Corresponsal de Inter Press Service (IPS)
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