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Edición:
8 de febrero de 2004
Firmas extranjeras
reinician exploración de crudo en Nicaragua, interrumpida
en 1979.
Etnias caribeñas advierten sobre daños ambientales.
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La
isla Corn está excluida de la exploración
de crudo en el Atlántico de Nicaragua.
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Cuatro
compañías de Estados Unidos avanzarán
este año hacia la explotación de petróleo
y gas natural en Nicaragua, tras completar negociaciones con
el gobierno sobre una concesión por cinco años
de unos 25 mil kilómetros cuadrados en mar y tierra,
rechazada por etnias indígenas afectadas.
Trabajos de prospección que se prevé comenzar
cuando estén listos los estudios de impacto ambiental
determinarán si los recursos son “fáciles
de extraer, si habrá dificultades o resultaría
muy costoso”, explicó a Tierramérica el
director de Hidrocarburos, Fernando Ocampo.
En caso de que haya resultados exitosos, cálculos preliminares
prevén una producción de 50 mil barriles diarios
de 159 litros de petróleo y unos 83,200 litros diarios
de gas natural, que aportaría al país unos 300
millones de dólares anuales.
Las últimas indagaciones técnicas, efectuadas
por científicos japoneses, “determinaron la existencia
de petróleo en una roca madre localizada en una cuenca
del mar Caribe de Nicaragua, con un potencial equivalente
a 50 años”, según el Instituto Nicaragüense
de Energía.
Hay un avance del 50% de las negociaciones para firmar los
contratos, y antes de continuar la exploración, las
empresas deben efectuar estudios de impacto ambiental que
tendrá que aprobar el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales. Esos estudios, que comenzarán en septiembre
y durarán ocho meses, caracterizarán el área
de prospección, el tipo de vida de las comunidades,
formas de vida marina y fauna susceptible de extinción,
explicó Ocampo.
La concesión abarca zonas que llegan hasta los límites
marítimos nicaragüenses en el Caribe (excluyendo
la isla Corn, así como los cayos Miskitos, Perlas y
otros ubicados en esa zona) y el Pacífico (excluyendo
las playas), un área terrestre en la costa caribeña
y otra entre Managua y el departamento de Rivas, al sur del
país.
Ocampo subrayó que se excluyeron zonas protegidas,
como los cayos Miskitos y las playas de anidación de
tortugas de
Chacocente (Carazo) y la Flor, en las costas del Pacífico.
Pero las comunidades del Caribe dudan de que el gobierno tenga
recursos económicos y técnicos para controlar
a las firmas extranjeras y evitar que dañen el ambiente.
El dirigente miskito Humberto Thompson, integrante del grupo
ambientalista Red Oil Watch Mesoamericana, recordó
los daños provocados desde 1930 por empresas extranjeras
al buscar petróleo en el país.
Ese grupo trabaja con organizaciones civiles del Caribe nicaragüense
para proteger los recursos, el ambiente y los derechos humanos
de los indígenas.
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En
el Caribe nicaragüense hay unas 140 comunidades
indígenas.
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Thompson
pronosticó que el uso de explosivos para abrir pozos
submarinos matará a peces y tortugas. Además,
de los pozos no sólo saldrá petróleo,
sino también gases que contaminarán el mar y,
en tierra firme, el aire y el manto acuífero de ríos
y pozos, alegó.
Animales silvestres como venados, iguanas o aves se alejarán,
y eso quitará a la población local medios de
subsistencia, aseguró el líder indígena.
Pero Ocampo arguyó que una de las técnicas modernas
para detectar la potencial existencia de crudo es el uso de
ondas sonoras que no amenazan a la vida marina, y que las
explosiones en tierra serían controladas, en áreas
alejadas de las zonas de desove y anidación de tortugas,
aves y fauna silvestre.
“El gobierno dice que va a haber empleo, que será
la solución a la pobreza, pero la historia de otros
pueblos como Ecuador y Guatemala no dice eso. Los indígenas
que habitan en las zonas aledañas a los yacimientos
petroleros siguen siendo pobres”, enfatizó Thompson.
En el Caribe hay unas 140 comunidades indígenas, que
suman de 70 mil a 80 mil personas de las etnias miskito, sumo,
rama y garífuna.
Los nativos temen que las transnacionales les impidan acceder
a sus zonas tradicionales de pesca, ya que lo primero que
hacen “es contratar protección militar para restringir
el acceso”, afirmó Thompson.
| ECOBREVES |
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HONDURAS
Prohíben construcción cerca
de represas
La Fiscalía del Medio Ambiente y la Secretaría
de Recursos Naturales de Honduras emitirán el
13 de febrero un reglamento que prohíbe construir
cerca de las represas que abastecen de agua a la capital
del país.
Los problemas de agua potable en Tegucigalpa obedecen
en parte a la “severa deforestación que
presentan sus principales cuencas hidrográficas,
al grado que se afirma que a una de ellas sólo
le quedan cinco años de vida”, dijo a Tierramérica
el fiscal del Medio Ambiente, Mario Chinchilla.
“Nos estamos quedando sin fuentes de agua y la
ciudad crece a un ritmo acelerado y descontrolado, se
han descombrado cerros enteros para construir viviendas
y es urgente prohibirlas”, dijo.
Cada año, hay racionamientos de agua potable
de seis a diez horas diarias en Tegucigalpa para poder
atender la demanda veraniega.
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NICARAGUA
Fomento a buen manejo de bosques
El
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas
en inglés) impulsa programas de certificación
voluntaria para empresas procesadoras de madera y fabricantes
de muebles comprometidos con un desarrollo sostenible
de los bosques.
De un total de 700 mil hectáreas de bosques certificadas
en América Central, Nicaragua tiene menos de
20 mil, y el WWF considera prioritario mejorar esa situación,
dijo el director forestal para Centroamérica
del Fondo, Steve Gretsinger.
La certificación de productos procedentes de
bosques bien manejados es un “mecanismo para frenar
la deforestación y ofrece beneficios concretos,
como más ventas y aceptación en el mercado”,
añadió.
El WWF formó en la región su segunda red
de comercio forestal, llamada Jagwood+, y ya otorgó
la certificación a cuatro empresas productoras
y procesadoras de madera.
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La
autora es colaboradora de Tierramérica.
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