Edición del 7 al 14 de noviembre de 2004

Ninguna compañía ha sido condenada hasta hoy en Estados Unidos por el uso del Nemagón en América Central. Trabajadores costarricenses interponen una nueva demanda. 

La demanda interpuesta en octubre por miles de trabajadores bananeros en Costa Rica contra compañías de Estados Unidos es la más reciente de una infructuosa serie de denuncias sobre el uso en América Central del Nemagón, un pesticida con potencial cancerígeno y esterilizador.

El pedido de indemnización fue presentado ante un tribunal de Los Ángeles, al sudoeste estadounidense, y las demandadas son las firmas químicas Shell Chemical y Dow Chemical, junto con las bananeras Dole Food, Chiquita Brands y Fresh Del Monte.

Shell Chemical es una filial del grupo británico-holandés Royal Dutch/Shell, y Fresh Del Monte es propiedad de la familia palestina Abu Ghazaleh. Las restantes son estadounidenses.

Conocido con los nombres comerciales Nemagón u Fumazone, el dibromocloropropano (DBCP) siguió siendo usado en plantaciones centroamericanas de banano tras su prohibición en Estados Unidos en 1979.

Ese producto es considerado responsable de provocar, a quienes lo inhalan o absorben por la piel, esterilidad, atrofia de testículos, abortos, alteraciones fetales, daños al hígado y cáncer, según la demanda presentada por los abogados Walter Lack y Tom Girardi, de Los Ángeles.

Los demandantes piden indemnizaciones por “actos temerarios y gratuitos” y “conducta malintencionada e intolerable”.

De tener éxito los querellantes, sería la primera vez que se castigue a compañías que persistieron en el uso del Nemagón, limitado severamente ya a partir de 1977 por la Agencia de Protección Ambiental estadounidense (EPA son sus siglas en inglés), que comprobó que podía causar esterilidad y cáncer.

“Pese a la abrumadora evidencia, y a demandas que suman miles de millones de dólares, ningún tribunal estadounidense ha condenado a ninguna de las compañías involucradas (en el uso de Nemagón)”, dijo a Tierramérica Érica Rosenthal, del grupo de abogados sin fines de lucro Earthjustice.

“Nadie discute la peligrosidad del DBCP, especialmente el hecho de que puede causar esterilidad masculina”, señaló.

“Sus productores supieron qué efectos iba a tener desde los años 60 e incluso consideraron la posibilidad de lanzarlo como anticonceptivo para varones”, aseguró Rosenthal, quien asiste a trabajadores del banano desde hace 14 años.

Consultado por Tierramérica, Lack, abogado de los querellantes, no quiso hacer comentarios sobre el caso y se negó a facilitar contactos con sus clientes.

Un portavoz de Dow tampoco quiso comentar las acusaciones, pero aseguró que esa firma dejó de vender DBCP tras su prohibición en 1979 en Estados Unidos. Un portavoz de Dole no respondió a preguntas que se le plantearon por escrito.

Otras víctimas del temible pesticida en América Central intentaron ser indemnizadas en el pasado, sin éxito.
En 2001, el Poder Judicial de Nicaragua ordenó a Shell, Dole y Dow pagar 489 millones de dólares a 500 varones que trabajaban en plantaciones de banano y fueron esterilizados por el DBCP. Esas firmas no acataron el fallo y presentaron una contrademanda por fraude, pidiendo una indemnización de 17 mil millones de dólares por daños y perjuicios.

Este año el Poder Judicial de Estados Unidos rechazó un petitorio de ratificar el fallo nicaragüense, y poco después se retiró la contrademanda, indicó Kathy Hoyt, de la organización no gubernamental (ONG) estadounidense Nicaragua Network.

En general, los jueces de Estados Unidos han alegado que las cortes de su país no son el lugar más adecuado para dirimir los casos, y 96 por ciento de éstos no volvió a ser planteado en otras naciones.

La mayoría de los códigos civiles de países latinoamericanos es menos conveniente para los demandantes que los de Estados Unidos, donde es frecuente que los abogados sólo puedan cobrar sus honorarios si ganan el caso.
“Un trabajador que gana 80 dólares por mes no puede pagar un abogado”, sostuvo Rosenthal.

Algunos casos rechazados en Estados Unidos fueron tratados en países donde las corporaciones acusadas tenían poderosa influencia o ya no contaban con bienes embargables para ejecutar una sentencia adversa, apuntó.
De todos modos, en marzo un tribunal nicaragüense condenó a Shell Chemical, Dole y Standard Fruit a pagar 82,9 millones de dólares a 81 mujeres que contrajeron enfermedades crónicas por su exposición a DBCP.

El fiscal general de Nicaragua, Víctor Talavera, señaló que su gobierno realizará un seguimiento de los casos planteados ante cortes estadounidenses, pero cree que acuerdos extrajudiciales con las compañías demandadas son el único camino para que los trabajadores sean adecuadamente compensados.
Un juicio en Estados Unidos lleva años y es muy costoso, adujo. 
El autor es colaborador de Tierramérica