Edición: 4 de enero de 2004

Las carteras de medio ambiente en América Latina aumentan, poco a poco,
su influencia en la gestión pública.

Las riquezas naturales de América Latina y el Caribe (sus 900 millones de hectáreas de bosques o su variedad sin par de plantas, aves, reptiles y anfibios) todavía no se traducen en el poder de los ministerios de Ambiente, que cargan con la tarea de manejarlas.

Los carteras ambientales crecieron al conjuro de la preocupación global por la ecología, y han avanzado paso a paso en un proceso complejo no exento de obstáculos, entre ellos el presupuestario, según una indagación de Tierramérica mientras los ministros cumplían en Panamá, a fines de 2003, una reunión para relanzar la Iniciativa Latinoamericana y Caribeña sobre el Ambiente (ILAC).

Durante las últimas tres décadas, los países en la región crearon carteras que con distinto rango se ocupan de los temas ambientales, y a partir de 1998, éstas se organizaron en un foro regional, que constituye la máxima instancia para la toma de decisiones verdes internacionales.

El foro promueve una política regional común y la “transversalidad” de la gestión pública, es decir que se tome en cuenta normas y precauciones relativas al ambiente en decisiones sobre, por ejemplo, inversión industrial, explotación minera, manejo de cuencas o desarrollo agrícola.

“Lo importante es que el tema (ambiental) atraviese la gestión pública en una región donde 70% de la población es urbana y Ambiente equivale a saneamiento de ciudades, acceso a vivienda y agua potable”, dijo el colombiano Juan Pablo Bonilla, viceministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.

El tipo de influencia política de los ministerios difiere en cada país, pero entre los factores determinantes se mencionan el presupuesto, el rango del despacho y el peso político personal de los ministros.

Es elocuente el caso de la cartera de Brasil, dirigida por Marina Silva, compañera de ruta del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el camino hacia el poder de la izquierda brasileña.

Pese a reveses, como la luz verde que dio Brasil al cultivo y venta de soja transgénica, el ministerio mantiene influencia, pues posee facultad de permitir o no actividades como pesca, transporte de especies, construcción de grandes obras, manejo de recursos hídricos o producción de energía.

“La transversalización está presente en toda la gestión del gobierno. Hay diferencias. La función del gabinete es procesarlas e integrarlas, y la cuestión ambiental siempre es de prioridad”, dijo Mitzi da Costa, responsable de asuntos ambientales en la cancillería brasileña.

Aunque no todos coinciden. “El ministerio enfrenta una situación difícil y pierde batallas ante las carteras de Agricultura y Finanzas, incluso conquistas de la gestión anterior” del expresidente Fernando Henrique Cardoso, dijo el editor del Jornal do Meio
Ambiente, Vilmar Berna.

En Costa Rica, la “transversalidad” fue de la mano del rediseño institucional.

“El nuestro es un despacho políticamente fuerte, porque es el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas”, confió el ministro costarricense Carlos Rodríguez.

“Al integrar Ambiente con Energía y Minas tratamos de resolver una contradicción y las decisiones ambientalistas van con fuerza ante el sector económico del gobierno”, opinó.

Venezuela se ufana de haber sido el primero de la región que creó en 1976 un ministerio específico, con lo que impulsó leyes de preservación del entorno que llevaron a colocar bajo algún régimen de protección a seis de cada diez kilómetros cuadrados de su territorio.

En conversación con Tierramérica, la ministra Ana Elisa Osorio defendió el papel de su cartera en otro flanco de la transversalidad: la educación ambiental, “fuera de la educación formal, como componente del trabajo de las organizaciones y proyectos de todos los sectores en la tarea que engloba a todas, la lucha contra la pobreza”.

Sectores ecologistas son pesimistas. “Ha sido el ministerio con menos peso político, y cada vez que se han negociado planes de desarrollo social o económico ha debido ceder ante Finanzas, Economía o Agricultura”, según César Aponte, dirigente de la organización no gubernamental Bioparques.

El ministerio de Colombia, uno de los seis mayores países megadiversos en el planeta cuenta con 38 millones de dólares al año, lejos del uno por ciento del presupuesto.

La ministra es Sandra Suárez, ex directora del Plan Colombia.
Colombia “ha bajado perfil y disminuido presencia” en la cuestión, dijo Manuel Rodríguez, el primer titular de esa cartera.

La baja del rango “va a disminuir la capacidad de la sociedad para proteger el ambiente”, opinó.

En México, el presidente Vicente Fox, en un afán por reforzar a su gabinete con cuadros más políticos que tecnócratas, nombró a un profesional de la política para dirigir el ministerio verde. Se trata de Alberto Cárdenas, del gobernante Partido Acción Nacional (PAN).

En países como Suriname, el ministerio tiene apenas un año y abarca Trabajo y Desarrollo Tecnológico, además de Ambiente.
“Es muy temprano para una evaluación, pero no para una apuesta, porque las posibilidades de Suriname están en el manejo y desarrollo sustentable de 80 ó 90% de su territorio, que es una foresta deshabitada”, dijo a Tierramérica el ministro Clifford Marica.

Campañas o debates nacionales que logran galvanizar a la opinión pública, como las fumigaciones con glifosato sobre cultivos ilícitos en Colombia o la plantación de transgénicos en Brasil demuestran que los ministerios pueden dejar de ser las cenicientas verdes del gabinete.

El autor es corresponsal de IPS. Con aportes de Mario Osava (Brasil),
María Isabel García (Colombia) y Diego Cevallos (México).