Edición: 14 de diciembre de 2003

Campesinos guatemaltecos acusan al gobierno de Álvaro Portillo de
incumplir reparto de tierras.

Miles de indígenas y campesinos marcharon en ciudad de Guatemala el 26 de noviembre en demanda de tierras.

Campesinos e indígenas de Guatemala se movilizan en reclamo de tierras, un bien inalcanzable en este país donde el uno por ciento de la población concentra 86 por ciento de la mejor superficie cultivable.

“El tema de la tierra sigue siendo una bomba de tiempo”, dijo a Tierramérica el dirigente Daniel Pascual, de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC).

La organización llevó a cabo este año “más de una docena de manifestaciones en la capital y en el interior del país”, sostuvo.

Noventa y seis por ciento de los 11,2 millones de habitantes posee apenas 14 por ciento de las tierras y más de 500 mil familias campesinas están por debajo de la línea de subsistencia por la falta de predios para cultivar, según cifras oficiales.

El gobierno estima que unos seis millones de agricultores requieren tierras, créditos, asistencia técnica y acceso a mercados. Pero no ha puesto en marcha una política agraria.

“El balance es que no hay gobierno con voluntad política para resolver nuestras necesidades. Juegan una política de lo que supuestamente quiere el pueblo, dan fertilizantes y otros insumos más baratos, pero solo para ganar votos”, advirtió Pascual.

Según cifras de CNOC, el estatal Fondo de Tierras (Fontierras) ha entregado 162 fincas desde 1997, “lo que no representa ni cinco por ciento de las más de cinco mil solicitudes y expedientes en trámite”, explicó.

El dirigente acusó al presidente Álvaro Portillo de tener una doble agenda, “porque a nosotros nos dice que cumplirá los acuerdos de paz en el tema agrario, pero en privado maneja otro discurso y al final no hace nada”.

Pascual se refería a los 11 compromisos que en 1996 pusieron fin a 36 años de guerra civil, en especial al Acuerdo de Desarrollo Económico y Agrario, que preveía el reparto de tierras, sepultado en el olvido por las autoridades y por la poderosa y ultraconservadora Cámara del Agro, que reúne a terratenientes.

“La salida es un poquito compleja porque se requiere una cantidad enorme de recursos y una política integral de desarrollo y cambio de leyes”, dijo a Tierramérica el ex presidente de la Cámara del Agro, Humberto Preti.

“Uno de los problemas es que el campesino solo pone los ojos en la tierra. Faltan polos de desarrollo, desarrollar la agroindustria, minería y pesca, que saque la concentración de la capital al interior”, sugirió el aún miembro de la cúpula agraria.
También acusó a Fontierras de “comprar fincas improductivas y carísimas, provocando que los campesinos las abandonen”.

El ministro de Agricultura y Ganadería Carlos Set adujo a Tierramérica que “todo es parte de un proceso que lleva tiempo”, y demandó participación de empresarios y campesinos y apoyo financiero internacional para hallar una salida.

“Con esa participación integral, sobre todo de los empresarios, se puede tener acceso a las tierras ociosas como demandan los acuerdos de paz, a precios de costo y no de mercado, porque los dueños los elevan hasta en 300 y 500 por ciento”, sostuvo Set.

Pero la puesta en marcha de una nueva política agraria sigue en lista de espera.

La lucha por la tierra fue una de las cuestiones centrales del golpe de Estado que derrocó en 1954 al presidente Jacobo Arbenz y de la guerra civil que se extendió entre 1960 y 1996.

En 1952, millones de campesinos e indígenas guatemaltecos vieron con esperanza la reforma emprendida por Arbenz.
Pero ésta fue eliminada de cuajo por el golpe de 1954, organizado y financiado por la estadounidense Agencia Central de Inteligencia (CIA).

“En dos años, el decreto 900 benefició a 100 mil familias. Era un proyecto integral porque en su primera fase incluía la entrega de tierras, créditos, asesoría técnica y vías de comunicación”, dijo a Tierramérica el sociólogo Miguel Sandoval, dirigente de la Plataforma Agraria.

“El decreto pretendía modernizar el campo y desarrollar el capitalismo rural”, y de concretarse hubiera cambiado la historia del país, aseguró Sandoval.

“Lamentablemente, la revolución guatemalteca fue considerada un mal ejemplo para sus vecinos centroamericanos y una cabeza de playa del comunismo”, agregó en referencia a la intervención estadounidense en tiempos de la guerra fría.

La contrarrevolución despojó de las tierras a los campesinos beneficiados.
“Este eterno problema de la tenencia de la tierra, que durante mi gobierno no pude resolver, es uno de los orígenes de la guerra de 36 años”, ha afirmado el propio Portillo.

Un informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre la situación agrícola del país, divulgado en 2001, indicaba que 68,6 por ciento de la población guatemalteca es rural, y de ella casi 80 por ciento es pobre y 69 por ciento indigente.

“La población indígena se asienta preferentemente en áreas rurales, con escasas vías de comunicación y servicios públicos”. Estos habitantes no perciben siquiera un ingreso mínimo de 3,8 dólares diarios, según el Informe de Desarrollo Humano 2002, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en octubre.

EL AUTOR ES COLABORACIÓN DE TIERRAMÉRICA