La Cuadragésima Primera Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) culminó anoche con la firma de la Declaración de San Salvador, que no establece una estrategia homologada contra la criminalidad, sino una serie de compromisos para fortalecer la seguridad ciudadana de manera particular por cada país aunque manteniendo la cooperación entre naciones, regiones o subregiones.
Pero echar a andar esta declaratoria se creará un Plan de Acción Hemisférico que deberá elaborar el Consejo Permanente de la OEA en coordinación con los Ministros de Seguridad Pública de las Américas (Mispa) y la Reunión de Ministros de Justicia y Otros Ministros, Procuradores y Fiscales de las Américas (Remja).
El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, dijo que sobre la base de los acuerdos de San Salvador van a trabajar en los próximos meses y que eso pasa por el plan.
Sin ese plan, de la declaratoria se desprenden voluntades, compromisos y promesas de los estados miembro de la OEA de desarrollar e implementar políticas públicas para tratar de manera integral las causas que generan la violencia, la delincuencia y la inseguridad, con el concurso de todos los actores sociales y de todos los niveles.
En ese sentido prometen promover, en el marco del Estado de derecho, una cultura de paz y adherirse a los principios de libertad, justicia, democracia, solidaridad, tolerancia y respeto a la diversidad. Todo ello con base en políticas, programas y acciones preventivas y de protección para los vulnerables.
Esta declaratoria incluye aspectos y "el enfoque multidimensional" de la propuesta salvadoreña, según informó ayer el canciller Hugo Martínez al cierre de la asamblea. Según explicó, fue incorporada totalmente a la declaración, entre ellas la búsqueda de homologación de medidas y legislación e implementar planes pilotos de seguridad en el hemisferio. "Fue retomado el enfoque multidimensional" de la propuesta salvadoreña, enfatizó.
Pero José Miguel Insulza dijo que cada Estado debe enfrentar el problema de la criminalidad a su manera porque cada uno tiene realidades distintas. En este punto coincidieron delegados de países como Bolivia de que no se podía crear una estrategia conjunta contra la delincuencia.
Por otro lado, algunos países como Colombia y Ecuador pidieron actuar lo más pronto posible ante el embate de la criminalidad que sufren la región.
María Isabel Salvador, representante permanente de Ecuador ante la OEA, respaldó la Declaración de San Salvador pero urgió "adoptar en el corto plazo un Plan de Acción Hemisférico de Seguridad Ciudadana para afianzar los vínculos entre el desarrollo y la seguridad", sin dejar de fortalecer la cooperación bilateral, subregional, regional e internacional, para el desarrollo integral que permita enfrentar "sin dilaciones, con eficacia y eficiencia, los desafíos de la seguridad ciudadana".
La canciller de Colombia, María Angela Holguín, fue más contundente a la hora de apremiar a la OEA para que concretice en "tareas puntuales" contra un problema prioritario. "Lo que queremos es lograr tareas puntuales en donde pasemos más a la acción y no sigamos haciendo diagnósticos. Tenemos claridad de la situación de muchos países, en especial en temas como el narcotráfico y el crimen transnacional, creemos que ya podemos llegar a tareas puntuales", afirmó Holguín.
La jefa de la delegación de Perú, Luzmila Zanabria, dijo que su gobierno cree en ese plan de acción hemisférico pero que esperan que sirva para fortalecer los mecanismos de cooperación y coordinación entre los países para hacer más eficiente la lucha contra la delincuencia organizada.
Parte de esa cooperación se tradujo ayer en un convenio mediante el cual la OEA dará asistencia técnica a El Salvador para que la implementación de sus políticas de seguridad pública, y con el apoyo financiero del gobierno de Canadá.
