Poco después que el Fiscal General, Romeo Barahona, les recordó que el Decreto 743 "es de cumplimiento obligatorio y general", cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte respondieron declarándolo "inaplicable" en dos procesos contra la Ley del Presupuesto.
Esta es la primera reacción de los magistrados ante la decisión de la Asamblea Legislativa de obligarlos a emitir sus fallos por unanimidad y no por mayoría como era lo usual, luego que fueran acusados de relegar al quinto magistrado, Néstor Castaneda, para proveer resoluciones polémicas.
Los magistrados resolvieron ayer que el Decreto 743 "es inaplicable" por "vulnerar el proceso de formación de ley, el principio de separación de poderes, el carácter colegiado de la Sala de lo Constitucional y el derecho de acceso a la jurisdicción".
Cuestionan, por ejemplo, el hecho de que la norma haya sido aprobada con dispensa de trámites en el Congreso, sin causa justificada ni la "debida deliberación". Además consideran que implica una intromisión del Legislativo en sus potestades y capacidad de deliberar un fallo.
La declaración está contenida en el acta de admisión de las demandas interpuestas por Ramiro Peña Marín, Wilmer Marín y Enrique Borgo en relación con la Ley del Presupuesto de la Nación.
Abogados consultados dijeron que la Sala, como cualquier otro tribunal, está en su derecho de inaplicar una ley que considere que va contra la Constitución, pero debe fundamentarlo y esta inaplicabilidad no es general y obligatoria sino sólo para ese caso. No obstante, un comunicado de la Corte dice que la "inaplicabilidad" tiene efecto "en los procesos de inconstitucionalidad de las leyes, decretos o reglamentos".
Las fuentes dijeron que el Decreto puede entrampar las demandas de amparo e inconstitucionalidad si no hay unanimidad entre los cinco magistrados.
ADVERTENCIA
Horas antes, el Fiscal General de la República, Romeo Barahona, declaró que los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tienen que acatar el decreto 743. "Desde el momento en que llenó todos los requisitos para la formación de ley y es sancionado y publicado (el Decreto 743) por el presidente de la República (Mauricio Funes), todos los funcionarios debemos cumplirlo… cumplir y hacer cumplir la ley", dijo Barahona a El Diario de Hoy.
A la pregunta específica de si los magistrados de la Sala de lo Constitucional están obligados a obedecer el mandato del decreto, Barahona respondió que "sí, porque la ley es de cumplimiento obligatorio y general".
Ante el anuncio de que los magistrados podrían inaplicar el Decreto, Barahona expresó que "hay que ver cómo podrían hacerlo y si es que lo llegan a hacer", pero advirtió que tendrían que fundamentar su decisión.
"Los funcionarios que tenemos que ver con la administración de justicia tenemos que ser respetuosos de la ley y no invadir las fronteras sutiles entre las facultades que tenemos para ponernos al borde de una ilegalidad", afirmó Barahona.
A su juicio, los funcionarios le envían un "mal mensaje" a la ciudadanía cuando invaden sus competencias, como cuando desde la CSJ le dicen a la Asamblea que los van a "vigilar para que cumplan lo que les ordenan", pero también cuando los magistrados saben que hay intentos de removerlos.
EJECUTIVO DEFIENDE SANCIÓN
Ricardo Marroquín, Secretario Técnico de la Presidencia, declaró anoche al canal 33 de Televisión que la "inaplicablidad" de la Sala no tiene asidero legal porque se basa en "meras suposiciones" y no dice cuál es el artículo de la disposición que se ha vulnerado ni toma en cuenta al quinto magistrado, Néstor Castaneda, como manda la ley.
Por su parte, el presidente Funes aclaró ayer que sancionó el decreto 743 por considerarlo que no viola la Constitución y que no es extraño que lo haya hecho de forma exprés, en respuesta a las críticas que ha recibido, según dijo, sobre que se alineó para defender intereses de la "derecha".
"¿Por qué lo hice?, porque no le estoy viendo ningún problema de carácter constitucional, ni tampoco estoy interfiriendo en otro Órgano del Estado como se ha dicho, se ha extremado el debate y las prevenciones de algunos sectores del movimiento social o de la comunidad jurídica... aquí no se ha dado un duro golpe a la democracia, ni se ha ejercido el poder de forma autoritaria...", añadió.
De hecho, el decreto ya es de cumplimiento obligatorio por la misma rapidez con la que Funes lo sancionó y fue publicado en el Diario Oficial. Al respecto recordó que no es la primera vez en el país que se aprueba un cuerpo de ley ágilmente, pues lo mismo ocurrió en la administración anterior con la Ley Lepina (de la Niñez y la Juventud), argumentó.
"Llega el decreto enviado por la gerencia, firmado por la mayoría de los diputados de la Junta Directiva (de la Asamblea), lo leo, lo reviso y en un par de horas decido que hay que sancionarlo y lo publico, no ha habido ningún compadre hablado, ni ningún pacto, acuerdo, entre la derecha y el presidente Funes", justificó.
En el análisis jurídico que hacen el abogado y ex ministro de seguridad, Francisco Bertrand Galindo, considera que sería una "confrontación terminal de poderes" y si la Asamblea responde autorizando el antejuicio "entonces, allí lo que vamos a tener... es la destitución de los magistrados", por lo que recomendó negociar con los cinco votos que manda el decreto legislativo.
"Por el momento se debe aceptar la regla de los cinco, con todo y que es un problema, pero empezar a negociar con Néstor (Castaneda), que creo que es lo que falta, moderar un poco y continuar dentro de esa línea que venían los cuatro, que creo que hay cosas muy sanas dentro de lo que ellos están haciendo y hay cosas que se pueden perfectamente negociar con Castaneda", recomendó.
