Ministerio de Medio Ambiente desprotege a Montecristo

Un Decreto Ejecutivo que permite el acceso de 1,208 personas a las comunidades San José Ingenio y Las Majitas, que están dentro del parque, fue rubricado por el titular del MARN, Hernán Rosa Chávez, sin haber realizado ningún estudio de la capacidad de carga de la zona resguardada por El Salvador, Honduras y Guatemala. La medida violenta el Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo

El Diario de Hoy

El Parque Nacional Montecristo ha quedado desprotegido en virtud de un decreto del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) que permite el ingreso de 1,208 personas sin haber realizado previamente un estudio del impacto que esta medida puede ocasionar al Área Protegida.

Hernán Rosa Chávez, titular de la institución, firmó el 22 de marzo, el Acuerdo Número 37, que establece la exoneración del pago de tres dólares a los familiares de quienes viven en las comunidades San José Ingenio y Las Majitas, que están dentro Montecristo. Sin embargo, el cobro establecido en 2007 por las autoridades salvadoreñas, no sólo fue una disposición para obtener fondos para la conservación del bosque, si no que es un mecanismo que controla la carga de movilización en el Parque Nacional.

La medida que favorece a los colonos, no está en conflicto con la ley, ya que el mismo decreto considera que el Artículo 2 de la Constitución de la República, establece que “se garantiza entre otros derechos, el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”, no obstante, bajo esta premisa, no se consideró que la Ley de Áreas Naturales Protegidas, en su Artículo 29, determina que “no se permitirá el establecimiento de nuevos asentamientos humanos ni el crecimiento de infraestructura en los ya existentes. El ministerio, a través, del Plan de Manejo incluirá normativas específicas para cada asentamiento existente, de acuerdo a los objetivos y directrices de la categoría de manejo”.

Además, la ley agrega que “en caso de que la presencia de asentamientos humanos existentes en un área natural protegida, contraríe los objetivos de la misma, el ministerio agotará medidas correctivas para modificar las prácticas nocivas a los objetivos de manejo. Como último recurso se gestionará en conjunto con las autoridades y los asentamientos humanos y dentro de un plazo establecido, la reubicación en las condiciones en que se ocasione la menor perturbación a su población”.

Pero las normas correctivas no están enfocadas en las conservación del parque, y tal como Rosa Chávez asegura –ver entrevista complementaria–, “una estrategia enfocada exclusivamente en la conservación no es viable”, y responde a una serie de reclamos de los pobladores que se mantienen en la zona que fue comprada por el Estado entre 1971 y 1973.

En agosto de 2009, los colonos se dirigieron al vicepresidente Salvador Sánchez Cerén, detallando 20 reclamos. Manifiestan el cobro a sus familiares y destacan la prohibición de animales de granja; mejoras en las viviendas que carecen de servicios básicos. Además, rechazan el nombramiento del parque como zona protegida, pues no pueden celebrar fiestas patronales y la alcaldía de Metapán no puede ingresar para mejorar sus condiciones de vida.

Muchos de los señalamientos que se han realizado entre las autoridades y los pobladores, son los incendios. Según los colonos, esta práctica la realizaba la antigua administración para culparlos y, así, desesperar a la comunidad.

Ante esas quejas, el MARN abrió las puertas del parque –resguardado por la Ley de Áreas Naturales Protegidas– a 1,208 personas sin antes haber realizado un estudio de la capacidad de carga que determine qué tipo de daños puede causar la movilización de este número de personas dentro del Área Protegida Trinacional Montecristo (APTM).

Dicho estudio de impacto ambiental tendría que determinar si las personas que visitarán el parque no deteriorarán o alterarán las funciones del ecosistema y la biodiversidad de Montecristo.
El MARN no sólo está soslayando la Ley de Áreas Naturales Protegidas, también está incumpliendo el Plan de Manejo Integrado del Área Protegida Trinacional Montecristo (PMI). El documento final de 2005, fue respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo y la Comisión Trinacional del Plan Trifinio, comprendida por El Salvador, Honduras y Guatemala.

El PMI explica, en relación a los asentamientos humanos, que “se consideró la presencia de centros poblados, tratando de evitar su inclusión dentro del área, ya que se determinó que la presencia de asentamientos no es congruente con el manejo del área según objetivos fundamentalmente de conservación. Esto requirió una definición preliminar de la zona con base en los criterios mencionados y posteriormente volver a delimitar para excluir la mayor cantidad de poblados dentro del APTM”.

En este sentido, la eliminación paulatina de los asentamientos dentro del área protegida ha sido uno de los compromisos del país ante la comunidad internacional, ya que el PMI cumple lineamientos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y al igual que todos los países miembros del SICA (Sistema de Integración Centroamericana), El Salvador también debe responder al Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

El régimen propuesto por la UICN, que ha sido retomado por el PMI, determina “las acciones y categoría de manejo que están orientadas a la conservación, protección y reducción de las amenazas sobre los recursos naturales del área, la promoción de actividades productivas sostenibles y la facilitación de acciones de educación ambiental y turismo sostenible”.

Explica el PMI que “las actividades desarrolladas por los productores en las zonas agrícolas y pecuarias, así como en los asentamientos humanos no son compatibles con la conservación de los ecosistemas y estas prácticas pueden afectar la calidad de los servicios ambientales del área protegida, especialmente en el mantenimiento de la calidad y cantidad de agua, la conservación de la biodiversidad y en el incremento de la vulnerabilidad a desastres naturales”.

De esta manera, “el objetivo para el manejo de esta zona es: Reducir las presiones sobre los elementos de conservación a través de la promoción entre los productores y pobladores del APTM de técnicas y métodos sostenibles de producción y saneamiento, para fomentar el desarrollo de las comunidades”, explica el tratado trinacional.

Las visitas al parque también están contempladas en el PMI, y se permitirá en las “zonas identificadas según la capacidad de carga del área”; dicha normativa lo que pretende es disminuir o eliminar las presiones a las que está sometido Montecristo.
El MARN, obviamente, ya tenía conocimiento de lo anterior, y de ello deja constancia el biólogo Ernesto López Zepeda, quien fue director de Patrimonio Natural desde 1998 hasta 2007. Explicó que originalmente se determinó que la capacidad de carga de Montecristo era de 35 personas por día, sin embargo, esta cifra se elevó a 100, considerando que los días de semana el flujo de personas es mínimo.

Reconoce que las condiciones en las que viven las personas no son las ideales, por lo cual, las autoridades deberían trasladarlas fuera del recinto, o a las orillas del mismo, con el fin de satisfacer sus necesidades básicas.

Destacó que “las áreas naturales de nuestro país son muy pequeñas para aceptar asentamientos humanos, los cuales no son aceptables, ya que existe incompatibilidad”.
Esta valoración ya fue contemplada en enero anterior por la Fundación Ecológica SalvaNatura, que abundó a través de un comunicado sobre el plan de manejo en Montecristo.

“El área natural protegida Montecristo tiene la categoría de Parque Nacional. Esta categoría significa que debe ser un área protegida manejada principalmente para la conservación de los ecosistemas existentes y promover un marco de actividades culturales y con fines recreativos”, argumentó la fundación.

Enfatizó que por tal razón, “el habitar un área bajo una categoría como ésta, no es compatible y menos en un país tan pequeño como El Salvador, donde tenemos menos del 3% de nuestros recursos naturales representados en dichas áreas. Por tanto, vemos la necesidad que entidades como el Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano contribuya a enfocar sus esfuerzos en formalizar el Plan de Desarrollo Territorial y basado en este, provea una alternativa habitacional que brinde soluciones tanto a las comunidades que habitan las áreas naturales protegidas como a estas mismas”.

A su vez, considera que “debe privar el bien general común de todo un país, y no el de las pocas familias que habitan dentro de estas áreas, de tal forma que debemos agotar todas las alternativas posibles en dar un hábitat y vivienda más digna a estas comunidades sin perjudicar los pocos recursos ambientales que tenemos y queremos proteger”.

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