Revés. Este año miles se casaron en San Francisco, pero la Corte lo declaró ilegal. Foto EDH

Los votantes estadounidenses en 11 estados rechazaron de forma aplastante los matrimonios homosexuales, una de las numerosas cuestiones que se sometieron a votación en paralelo a los comicios presidenciales, que aún no están definidos.

California también respaldó una medida de 6,000 millones de dólares para financiar la investigación de células madre en la votación del martes, y rechazó las medidas que expandirían las apuestas en el estado de mayor población de la nación.

Ohio, Georgia, Kentucky, Mississippi, Michigan, Dakota del Norte, Arkansas, Montana, Utah y Oklahoma respaldaron firmemente la enmienda constitucional para definir al matrimonio como la unión de un hombre y una mujer.

Oregon, donde más de 3,000 parejas del mismo sexo se casaron en marzo, respaldaba una enmienda similar, pero con poco margen de diferencia. Anteriormente, más de 4,000 emparejamientos gay se casaron en San Francisco.

Presión

La Corte Suprema de California dictaminó posteriormente que el alcalde de San Francisco, Gavin Newsom, excedió su autoridad al permitir esos casamientos.
“Obviamente hubo una agenda establecida por los conservadores para hacer de esto una cuestión de presión en la campaña”, afirmó Newsom.

“No pudo adquirir la intensidad que buscaban. A pesar de ello, sin lugar a dudas, es un indicador del ánimo del público”.

Dijo que tomará mucho tiempo para que la gente apruebe los matrimonios homosexuales, como sucedió con los matrimonios interraciales hace algunos años.
Los activistas gastaron millones de dólares -unos 200 millones de dólares en California solamente-, en 163 iniciativas en 34 estados sobre cuestiones tan variadas como impuesto al cigarrillo, cambios electorales y reformas de leyes civiles.

En Arizona, los votantes aprobaron holgadamente una propuesta polémica contra los inmigrantes ilegales que entran por la frontera suroeste con México.

La medida requiere que los individuos tienen que comprobar su elegibilidad cuando solicitan un beneficio público que no es federal. Los trabajadores que no puedan hacerlo podrían enfrentar cuatro meses de prisión y una multa de 750 dólares.
Se espera un desafío legal. California aprobó una medida similar hace una década y luego quedó trabada en la corte.

“Este es un gran triunfo para la gente de Arizona”, expresó Randy Pullen, presidente del “Sí” en la propuesta 200. “Envía un mensaje a nuestros líderes políticos de que necesitan hacer algo sobre la inmigración ilegal y lo que le está haciendo al país”.