Exministro de Cultura de Colombia. Fue el primero en poner en práctica la Ley de Cultura de su país. Juan Luis Mejía Arango es el actual rector de la Universidad de EAFIT en Medellín. Estuvo brevísimamente en El Salvador para presentar “Arte colombiano. Cuatro décadas de la colección Suramericana” en el Museo de Arte de El Salvador.
¿Qué había antes de una Ley de Cultura en Colombia?
Teníamos tres proyectos: uno de la cultura como memoria que da el proyecto de patrimonio cultural. Teníamos otro de la cultura viva y un tercero de transformación institucional en el que elevamos un instituto dependiente del ministerio de Educación a uno autónomo. Sin embargo, por razones prácticas y políticas, decidimos hacer un solo proyecto y presentarlo al congreso. Lo anterior lo tramitamos en 1995 y salió como ley en 1997. Duramos dos años en el parlamento.
Sonará tonto y obvio, pero su respuesta será muy pedagógica sobre por qué es necesaria una Ley de Cultura.
Es necesaria, porque regula las relaciones del Estado con los ciudadanos y permite diferenciar claramente cuál es el papel [de este] frente a las distintas dimensiones de la cultura. Porque no es lo mismo el Estado enfrentándose al patrimonio en donde debe tener un papel activo de protección de la memoria colectiva… O, por ejemplo, es impensable el Estado delegando su intervención en las fronteras para evitar el saqueo del patrimonio o delegando [en otros] la reglamentación de los centros históricos. En cambio, frente a la creación, el Estado —como decía André Malraux— debe apoyar sin intervenir, es decir, crear condiciones propicias para que la cultura, la creación, el arte se desarrollen en condiciones de libertad y bajo un ecosistema creativo. De nada sirve fomentar la creación si no tienes una cadena [de distribución]. De nada te sirve tener un premio de novela si no tienes un proyecto editorial que te permita que esa obra se socialice y democratice bajo una industria cultural. Pero si esa industria cultural tampoco tiene unos alicientes de distribución equitativa en todo el territorio, pues entonces tenemos una cadena trunca. Y esa distribución no basta si no está acompañada de una política de formación de público para que consuma adecuadamente esos bienes culturales. Eso es una ley: es un marco general de regulación del Estado y los ciudadanos frente a un tema tan sensible, delicado y difícil de entender como la cultura.
¿Cómo fue el proceso de aprobación de ley dentro del Congreso?
Fue muy difícil. Las condiciones políticas fueron muy adversas. Hubo una tendencia de muchos intelectuales que decían que el Estado no debía meterse en la cultura, porque es el ámbito de la libertad. Desde un concepto neoliberal también se decía casi lo mismo: que la cultura debía regirse por las reglas del mercado y no por las reglas del Estado. Otros decían que el Estado tenía otras necesidades y prioridades como la salud y la educación. Que para qué se le iba a meter algo decorativo. Son concepciones muy arcaicas. Ahora entendemos la cultura de otra manera. La entendemos como parte fundamental del proceso de cohesión social. Si algo aglutina a la sociedad, si algo es el punto de contacto entre los ciudadanos es la cultura. Hoy entendemos la cultura desde el punto de nuestra sobrevivencia como naciones independientes, de nuestra posibilidad de hablarle al resto del mundo. No como consumidores, sino como creadores de cultura.
¿Una Ley de Cultura es un acto de sobrevivencia para un país?
Indudablemente, porque nos pregunta cuál es la nación que queremos. Nos pregunta si aún somos sociedades homogéneas culturalmente o por el contrario: nos pregunta si vamos a construir una nueva nación desde la diversidad. Esa es la gran dificultad que vivimos en América Latina, porque la diversidad implica derechos culturales. ¿Cuál es el contenido de esos derechos y cuáles son las garantías para que el Estado cumpla esos derechos? Hoy la relación es mucho más compleja.
Hay artistas que dicen que no se deben esperar soluciones en lo cultural desde el Estado. Otros opinan que sí, que el Estado está obligado a solventar su demandas.
Por eso es importante diferenciar muy claramente las distintas dimensiones de la cultura. Por ejemplo: la cultura ahora pasa por las nuevas tecnologías de información y el Estado no se puede quedar de brazos cruzados ante eso, porque eso solo genera más brecha digital. Es parte fundamental de la democracia que todos sus ciudadanos tengan libre acceso a los bienes culturales que circulan en el ciberespacio. ¿Ahí hay un papel del Estado o no lo hay? Pero ante todo hay algo que debemos tener muy claro: ¿cuál es el concepto de cultura que manejamos? ¿Tenemos el concepto de cultura del siglo XVIII, XIX o del siglo XXI? Este último es la que está en el ciberespacio, en la globalización.
¿Dónde quedó la comunidad indígena en esta discusión dentro del Congreso?
La ley la enmarcamos en la nueva Constitución colombiana. Se reconfiguró el Estado colombiano que durante 100 años estaba bajo unos supuestos implícitos y falsos: que éramos una nación blanca, homogénea que hablaba español, pero en 1980 emerge la diversidad nacional. Entonces Colombia reconoce la diversidad y los derechos culturales de esta diversidad, es decir: los derechos a una lengua, a una justicia propia, los derechos a un territorio, a un medio ambiente. Siento que los legisladores se quedaron cortos frente a los derechos, porque los constituyentes enunciaron una gama sobre estos. Aún estamos inmersos en ese proceso. Tenemos avances, pero ante todo tenemos retos.
El Salvador no ha ratificado el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que reconoce la existencia y los derechos de los pueblos indígenas. ¿Esta invisibilización muta a una Ley de Cultura?
Esa resolución para nosotros fue muy importante, porque consagra el derecho a la consulta previa. Por ejemplo: en grandes obras de infraestructura debe hacerse una consulta [con la comunidad indígena]. Nuestros derechos culturales se han nutrido de dos fuentes: por los acuerdos internacionales y por los de la constitución.
Aquí las palabras “industria cultural” hacen ruido. ¿Y en Colombia?
Sí, claro. Incluso a mí me hacen ruido. La palabra industria a mí me parece que no es correcta. Yo prefiero el de “empresas culturales”, porque industria implica transformación, pero una librería es una empresa, pero no transforma. Toda industria se soporta en una creación de la mente. Esta se divide en dos grandes ramas: en patentes y derechos de autor. Hay un concepto que es más inglés y más amplio que es el de industrias creativas donde no importa el derecho sino la innovación. Hay otra norteamericana que no les importa el producto, sino el tiempo de la gente, que son las industrias del entretenimiento. Esa es la industria más poderosa de los Estados Unidos. Lo que puedo decirte es que sin la industria cultural no se puede democratizar el acto creativo.
Su paisano, Gonzalo Castellanos, pasó por El Salvador para trabajar una Ley de Cultura y esta fue “mutilada”. ¿Qué papel jugó él en la Ley de Cultura de Colombia?
El gran papel de Gonzalo fue que ha ido desarrollando esos conceptos que se plasmaron en los años 1995-1996. Y luego le dio alcance a los contenidos en esa ley.
¿O sea que el Gobierno de El Salvador perdió la oportunidad de tener una buena Ley de Cultura con un Gonzalo Castellanos maduro y más lúcido?
Claro. Yo creo que él, desde el punto de vista jurídico, es el que más ha avanzado en la complejidad jurídica de la cultura que hoy nos enfrenta. Hay miles de retos en la cultura: desde el patrimonio sumergido hasta la regulación de los derechos de autor pasando por las nuevas tecnologías. La cultura, desde el punto de vista jurídico, tiene infinidad de retos. Por ejemplo: los grupos étnicos y sus derechos ante un Estado, dijéramos, nacional. Entonces, ese diálogo intercultural necesita estudios muy profundos. Una de las grandes carencias que tenemos es que nos hace falta más investigación cultural. En América Latina no hay doctorados en derechos culturales.
¿Hubo errores en el Congreso colombiano que no deberían replicarse en otros países como El Salvador, por ejemplo?
Los que trabajamos en cultura no somos políticos. No conocemos la mecánica. Se corre el peligro que uno amase un pan, lo meta en el horno pero de ahí saque una torta. El proyecto de ley de cultura tiene que ser consensuado con todas las comunidades para que se sientan partícipes de un proyecto colectivo. Ya pasó el tiempo en el que unos pocos podían pensar que esto se requería sin consultar a las comunidades. Una verdadera ley es aquella en la que la gran mayoría se siente identificada.
¿Quiénes se opusieron más a una Ley de Cultura?
El Partido Conservador. También hubo voces disidentes como la de Gabriel García Márquez que se oponía a que existiese un Ministerio de Cultura. En su cabeza estaba más el modelo mexicano, que es el Consejo Nacional de Cultura. Este ha sido el modelo que más ha existido en Latinoamérica. Para mí, la política cultural debe ser realizada por un órgano Ejecutivo como un ministerio, porque lo que intentamos es diseñar políticas de Estado y no de gobierno, porque la construcción de la cultura es a largo plazo, porque supera el tiempo de un gobierno. Mira, deberíamos tener un pacto… Al menos las naciones deberíamos encontrarnos en un lugar y ese debería ser en el espacio de la cultura. Yo soy muy ingenuo, pero sí creo que es en la cultura donde nos encontramos en los mínimos de construcción como nación.
El partido de izquierda en el Gobierno —FMLN— sometió a discusión en la Asamblea Legislativa su anteproyecto de Ley de Cultura. Por supuesto que tiene adversarios ideológicos y posiblemente no recibiría apoyos…
Mira, eso es comprensible desde la política, pero eso no es entendible desde la cultura.
Hay muchas voces que afirman que la creación de un Ministerio de Cultura es una carga para el Estado. ¿Usted qué piensa?
Eso depende de lo que quieras crear. Yo entiendo un ministerio pequeño que trace políticas y que haga consensos entre las localidades, regiones. Hay muchas ciudades que tienen mucho más presupuestos que los ministerios. Lo que trato de decir es que se necesita un ministerio que esté en sintonía con todas las voces de la ciudadanía, que sepa cuáles son sus necesidades. El presupuesto para la cultura no necesariamente tiene que salir de las arcas del Estado, sino que puede salir por algunos impulsos indirectos por vía extensión tributaria, deducciones tributarias, etc. Hombre, también tenemos que preguntarnos cuál es el papel de la empresa privada en este tema, de su responsabilidad social-cultural.
El Salvador podría tener su Ley de Cultura. ¿Alguna recomendación?
Ante todo, consenso, porque decimos las mismas palabras, pero nombramos cosas muy distintas. Tenemos que tener claro el ámbito del que estamos hablando. Yo siempre he esperado que la cultura sea un punto de encuentro. Ese espacio debe ser el primero en el que nos debemos encontrar.
Colombia tiene su Ley de Cultura. ¿Qué resultados ha obtenido de eso?
Interlocución. Pasamos de ser uno de los 33 institutos del Ministerio de Educación a ser una voz dentro del Consejo de Ministros. Antes, para que yo pudiera llegar al Presidente, tenía que hacer antesala con mi ministro durante dos o tres meses. Un día, sentado a la par del ministro de Hacienda —porque ellos viven de mal genio y con razón— le dije que yo no había llegado para pedirle dinero, sino para decirle que venía en representación de un sector que le aporta el 2.7 del Producto Interno Bruto de esta nación. La cultura no es un gasto, es una posibilidad maravillosa de generar desarrollo y cohesión social.