Un salvadoreño es uno de los 120 detenidos en la redada que las autoridades estadounidenses realizaron en aeropuertos de California. Ramiro lucha ahora por esclarecer que no es un criminal

Eugenia Aponte
Corresponsal
LOS ÁNGELES.
El Diario de Hoy
nacional@elsalvador.com

Ana Morales aguarda con esperanza que su hermano Ramiro salga libre de los cargos que se le imputan tras la operación TARMAC. FOTO EDH

Sobre la mesa de comedor de Ana lo único comestible que amaneció esta mañana es sal y algunas salsas. Un salero repleto pero nada que condimentar, y quizás siga así por un tiempo.

Primero porque la angustia le ha robado el apetito y segundo porque el último dinero que le quedaba a esta madre soltera salvadoreña se ha ido a las manos de los abogados que defienden a su hermano.

Ramiro está encarcelado desde el pasado 22 de agosto en un centro de detención en la ciudad de Santa Ana, California. Ahí pasan lentos sus días junto a otras 51 personas, lo que queda de más de 120 detenidos durante lo que se denominó Operación TARMAC, que no fue sino una enorme redada montada en conjunto por varios cuerpos del orden entre ellos, agentes del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS).

De acuerdo a estas entidades TARMAC era sólo uno de muchos operativos a nivel nacional para salvaguardar los aeropuertos, acción, según ellos más que justificada ante la creciente preocupación por la llegada de un nuevo 11 de septiembre, con todo y sus nefastas implicaciones.

Medidas extremas

La medida tiene como antecedente los despidos masivos tras minuciosas revisiones de antecedentes a que están siendo sometidos todos los empleados de aeropuerto con acceso a los aviones.

Son agentes federales quienes están a cargo de estos escrutinios. Ellos se dan cuenta de ciertas irregularidades en los expedientes de algunos empleados, elaboran un listado con nombres y direcciones de esas personas y proceden a detenerles como si se tratara de peligrosos criminales. Sólo que en este caso el crimen es haber sido alguna vez indocumentado.

Pero algunos ya no lo son. Ramiro, a diferencia de su hermana, logró arreglar sus papeles y ahora es tan legal como la Constitución, pero cometió el error de trabajar durante varios años bajo el nombre y número de seguro social de un pariente y lo que es peor tuvo la valentía de admitirlo así ante sus empleadores. Todo con la esperanza de que esos años trabajados en la clandestinidad pudieran contarle a la hora de jubilarse. Le pasó lo mismo que al pez que muere por la boca.

Antes del arresto, Ramiro y Ana no estaban precisamente nadando en la abundancia. Apenas les alcanzaba para rentar junto a dos primos lo que en el estado de California se conoce como un pequeño estudio, o sea un cuartito incómodo donde todas las áreas están compartidas y la privacidad es un lujo inexistente.

El producto de sus labores se iba casi íntegro a El Salvador para mantener a los hijos que se quedaron atrás, y por tanto ninguno de los cuatro moradores de la humilde vivienda contaba con ahorros.

Mañana fatal

Esa mañana de jueves tampoco fue diferente de las anteriores. Ramiro salió a trabajar entusiasta como siempre, con la mejor disposición para abastecer los aviones de gaseosas y comida.

Poco sabía él que horas más tarde y sin haber dado motivo aparente, iba a ir a parar tras las rejas. Y ahí ha permanecido porque a sus familiares no les alcanza para pagar la fianza pese a que ésta ha sido reducida a dos mil dólares.

La compañía que lo contrató, a sabiendas de sus antecedentes, ahora no quiere ni oír su nombre, mientras las autoridades siguen urgando su pasado en busca de nuevos motivos para reiterar la peligrosidad de este salvadoreño, que como tantos otros, no quiso o no pudo mentir a la hora de solicitar la plaza.