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En Julio, dos hombres perecieron por el calor dentro del compartimento de carga de un camión en el cual eran transportados cerca de El Paso (Texas) unos 40 inmigrantes indocumentados.

Los dos hombres a cargo del camión, Troy Phillip Dock y Jason Steven Sprague, fueron sentenciados en noviembre a 33 años de prisión tras una audiencia en la que la mayoría de los sobrevivientes del contrabando humano testificó en su contra.

A casi todos los sobrevivientes se les otorgó permisos de trabajo temporales para que pudieran quedarse en EEUU y testificaran en el juicio. Esos permisos tienen validez hasta agosto.

En esa audiencia, el juez federal Leonard Davis dijo que los inmigrantes eran "víctimas vulnerables" durante el trasiego y que no podían defenderse.

En el veredicto que impuso la sentencia a Dock y Sprague, el magistrado escribió que "aunque (los inmigrantes) entraron a este país ilegalmente, estaban desesperados al punto de que tenían poco control sobre su destino y estaban a merced de las personas a quienes habían confiado su viaje".

Cientos de inmigrantes arriesgan sus vidas al cruzar la frontera encerrados en camiones que muchas veces son abandonados por los “coyotes”. Foto: Archivo.

Dos abogados de la ciudad de El Paso, Enrique Moreno y Francisco Domínguez, que han asumido la representación legal de la mayoría de los sobrevivientes, sostienen que esa declaración del juez federal daría sustento al trámite para la obtención de una visa Tipo U.

Este tipo de visas se estableció bajo una ley para la protección de las víctimas de violencia doméstica, abuso sexual, tráfico humano y otros crímenes, con el propósito de darles una protección cuando salen del control de sus opresores.

Una vez que los extranjeros obtienen una visa Tipo U pueden trabajar en Estados Unidos y, después de un año, iniciar el trámite para la obtención de la visa de residentes permanentes.

Uno de los problemas con la visa Tipo U es que, aunque el Congreso aprobó la ley en 2000, el Gobierno no ha emitido la reglamentación pertinente y, por lo tanto, nadie sabe cómo debe aplicarse la ley en casos específicos.

Grupos defensores de víctimas, y en particular de las mujeres objeto de abusos, dicen que durante los dos primeros años del gobierno del presidente George W. Bush, el procurador general de Justicia, John Ashcroft, bajo cuya jurisdicción operaba el Servicio de Inmigración y Naturalización, impidió que se elaborara esa reglamentación.

La ley que en 2002 creó el nuevo Departamento de Seguridad Nacional transfirió a éste las operaciones relacionadas con inmigración, y los defensores de víctimas creen que el secretario Tom Ridge tampoco ha mostrado mucho interés en la reglamentación.

El abogado Moreno dijo al diario "The Dallas Morning News" que el pronunciamiento del juez Davis "es importante, porque proviene de una fuente imparcial".

"Su declaración de que ellos son 'víctimas' es muy importante, porque esto es uno de los elementos que deben demostrarse en la petición" de visa tipo U, agregó.

La decisión sobre el destino de esos inmigrantes está en manos de la Oficina de Inmigración.

Pero en el trámite se tienen en cuenta aspectos como el fallo del juez Davis o la recomendación de la Fiscalía de Distrito Federal para el Este de Texas, según la cual el testimonio de los inmigrantes fue decisivo en el enjuiciamiento de los contrabandistas.