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Reducen el impacto de ley antiinmigrante en Arizona

Correctivos. La normativa se conoce como Proposición 200. Ésta impediría dar ciertos servicios básicos a los inmigrantes sin papeles

Publicada 19 de noviembre 2004, El Diario de Hoy

Sanidad pública. Un salvadoreño es atendido en una clínica para hispanos en Virginia. Foto EDH/Francisco Sánchez
Agencias
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Fue aprobada por vía electoral el mismo día de los comicios presidenciales, el pasado 2 de noviembre.

Pero apenas tres semanas después, la proposición 200, que limitaría algunos servicios públicos para inmigrantes ilegales, es atenuada por la interpretación de los políticos.

Según el procurador de Arizona, Terry Goddard, dicha normativa no se aplicaría a los servicios de emergencia de salud, la educación o la obtención de vacunas, debido a que estos programas están cubiertos bajo leyes federales y ninguna normativa local podría dejar fuera de ellos a los indocumentados.

¿En Qué consiste?
-La propuesta requerirá que las personas que solicitan asistencia (médica o educación) presenten documentación para comprobar que no son ilegales.
-Obliga a los empleados públicos a reportar a las autoridades de Inmigración a un indocumentado o ir a la cárcel por cuatro meses y recibir una multa de $750.
-Grupos en Georgia, Idaho y Utah consideran elaborar una iniciativa similar.
- Prohíbe a los indocumentados el ingreso a parques e incluso a guarderías infantiles.

El funcionario ofreció su opinión legal sobre la controversial propuesta el pasado viernes a un medio de comunicación estadounidense.

Según éste, la educación desde jardín de niños a la escuela secundaria no puede ser negada a nadie sin importar su estatus en el país por una orden de la Corte Suprema.

Goddard determinó que la medida sólo se aplica a los programas de asistencia social (“welfare” en inglés) del estado y las ciudades, reduciendo su impacto a mucho menos de lo que decían sus proponentes.

Basándose en esta opinión tampoco se verán afectados los servicios de la policía y los bomberos.

Sólo resta saber si las agencias de estados que administran programas sociales tienen la misma interpretación una vez la ley cobre vigencia este 22 de noviembre, fecha en que se harán oficiales los resultados electorales.

Aunque la opinión del procurador estatal no despeja todas las interrogantes, deja claro cuáles agencias no se verán impactadas limitando su aplicación a un número muy pequeño.

Según Goddard, el departamento de Seguridad Económica, que administra programas de asistencia social será el más afectado. Otras agencias como el Departamento de Servicios de Salud y el Departamento de Educación pueden tener algún programa bajo esta influencia.

Las ciudades y agencias gubernamentales del Estado podrán tomar su opinión como una guía, aunque no tienen la obligación de hacerlo.

Los expertos creen que esta normativa es más lesiva que la propuesta 187 impulsada hace una década por Pete Wilson en California.

 



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