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| Sanidad pública. Un salvadoreño
es atendido en una clínica para hispanos en Virginia.
Foto EDH/Francisco Sánchez |
Agencias
elsalvador.com
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Fue aprobada
por vía electoral el mismo día de los comicios presidenciales,
el pasado 2 de noviembre.
Pero apenas tres semanas después, la proposición 200, que
limitaría algunos servicios públicos para inmigrantes ilegales,
es atenuada por la interpretación de los políticos.
Según el procurador de Arizona, Terry Goddard, dicha normativa
no se aplicaría a los servicios de emergencia de salud, la educación
o la obtención de vacunas, debido a que estos programas están
cubiertos bajo leyes federales y ninguna normativa local podría
dejar fuera de ellos a los indocumentados.
¿En
Qué consiste?
-La propuesta requerirá que las personas que solicitan asistencia
(médica o educación) presenten documentación
para comprobar que no son ilegales.
-Obliga a los empleados públicos a reportar a las autoridades
de Inmigración a un indocumentado o ir a la cárcel por
cuatro meses y recibir una multa de $750.
-Grupos en Georgia, Idaho y Utah consideran elaborar una iniciativa
similar.
- Prohíbe a los indocumentados el ingreso a parques e incluso
a guarderías infantiles. |
El funcionario ofreció su opinión legal sobre la controversial
propuesta el pasado viernes a un medio de comunicación estadounidense.
Según éste, la educación desde jardín de niños
a la escuela secundaria no puede ser negada a nadie sin importar su estatus
en el país por una orden de la Corte Suprema.
Goddard determinó que la medida sólo se aplica a los programas
de asistencia social (welfare en inglés) del estado
y las ciudades, reduciendo su impacto a mucho menos de lo que decían
sus proponentes.
Basándose en esta opinión tampoco se verán afectados
los servicios de la policía y los bomberos.
Sólo resta saber si las agencias de estados que administran programas
sociales tienen la misma interpretación una vez la ley cobre vigencia
este 22 de noviembre, fecha en que se harán oficiales los resultados
electorales.
Aunque la opinión del procurador estatal no despeja todas las interrogantes,
deja claro cuáles agencias no se verán impactadas limitando
su aplicación a un número muy pequeño.
Según Goddard, el departamento de Seguridad Económica, que
administra programas de asistencia social será el más afectado.
Otras agencias como el Departamento de Servicios de Salud y el Departamento
de Educación pueden tener algún programa bajo esta influencia.
Las ciudades y agencias gubernamentales del Estado podrán tomar
su opinión como una guía, aunque no tienen la obligación
de hacerlo.
Los expertos creen que esta normativa es más lesiva que la propuesta
187 impulsada hace una década por Pete Wilson en California.

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