El miércoles, Schwarzenegger puso fin al último esfuerzo del senador devolviendo a la Legislatura el proyecto de ley sin su firma. Foto EDH

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El Diario de Hoy
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Expertos en seguridad pública e inmigración consideraron que el veto dado por el gobernador Arnold Schwarzenegger a la ley de licencias para los indocumentados fue un acto de “discriminación”, que marcó el comienzo de una “obstaculizada” relación entre el mandatario y la Legislatura controlada por los demócratas, y causó el resurgimiento del “intransigente” grupo de la Alianza Republicana de California (CRA).

Una portavoz de Schwarzenegger, sin embargo, insistió en los motivos de seguridad para explicar el veto.

Por otro lado, el senador Gil Cedillo, autor del proyecto de ley vetado, anunció que en diciembre próximo volverá a presentará el proyecto de ley y enfatizó que no cruzará la línea de negociación con Schwarzenegger para aceptar “ninguna propuesta que sea aborrecible y discriminatoria”.

“Me preocupa que el gobernador se convierta en una persona sin credibilidad”, dijo Cedillo. “Para tener éxito necesitará honrar su palabra, porque Sacramento no es Hollywood. Ojalá que perciba que es necesario trabajar juntos en este asunto”, afirmó el senador demócrata de Los Angeles.

El miércoles, Schwarzenegger puso fin al último esfuerzo del senador devolviendo a la Legislatura el proyecto de ley sin su firma.

Schwarzenegger no mencionó el requisito de una “letra escarlata” que identificara a los indocumentados y explicó el veto con argumentos sobre conflictos de identidad de los potenciales solicitantes y preocupaciones sobre seguridad nacional.

La portavoz de Schwarzenegger, Margita Thompson, negó ayer las acusaciones de discriminación y de incumplir la palabra.

“El gobernador quiere algo visible, que quien vea la licencia sepa que no es un documento de identificación”, declaró Thompson. “Podría ser un color diferente [a las licencias originales]”.

“El gobernador está para escuchar los intereses de los legisladores, pero siempre tenemos que tener en cuenta que la seguridad pública es la meta más importante. Mira, estoy como disco rayado, porque hemos estado repitiendo las mismas cosas desde hace meses; tenemos que llegar a un acuerdo para la seguridad pública. Eso, todos deberían querer lograrlo”, enfatizó la portavoz.

Contra el éxito

“Pero el asunto central [del veto] es discriminación”, consideró Art Placencia, presidente de la Asociación de Agentes de la Ley Latinoamericanos (LaLey), a La Opinión. “Eso es todo: discriminación.

No quieren y nunca van a querer que los inmigrantes [mexicanos] puedan ser exitosos. Si un cubano viene y toca la orilla de una playa [de Estados Unidos], lo dejan aquí. Eso está bien, pero, si un mexicano viene a trabajar, es contra la ley”.

Partidarios de Cedillo resumieron ayer que la batalla proseguirá este año y calificaron la acción del gobernador de detonante de un negativo sentimiento público, en lugar de mostrar liderazgo.

“Con esta bofetada, el gobernador abre la puerta al sector más derechista del Partido Republicano para cantar jubilosos”, opinó Nativo López, presidente de la Asociación Política México Americana (MAPA). “Ha sido un mensaje favorable para al sector conservador más antiinmigrante de California, pero nocivo para todas las familias mexicanas y los inmigrantes”.

“El veto no es acerca de la seguridad [nacional]”, coincidió Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición de Los Angeles para los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA). “Responde al perverso sentimiento antiinmigrante del Partido Republicano, e ignora, en nuestra perspectiva, que los indocumentados son vitales para la prosperidad económica que el gobernador quiere proteger”.

En una declaración por escrito, Kevin MCarthy, líder de la minoría republicana en la Asamblea, expresó que el veto a las licencias “ayuda a California a implementar una de las recomendaciones de la Comisión Bipartidista del 9/11 -mejorar la seguridad de los documentos que utilizamos como identificación oficial. Para los terroristas, documentos para viajar son igual de importantes que las armas”.

Pero Art Placencia refutó lo anterior al cuestionar: “¿Qué más quieren?. Los verdaderos criminales y terroristas comprarán las licencias en las calles. ¿Hablamos de que todos los mexicanos somos terroristas o sólo porque alguien “robó” una tienda todos somos criminales?''.

Cedillo contaba con el respaldo del alcalde James Hahn, el jefe del Departamento de Policía de Los Angeles, William Bratton y la anuencia del comandante de la Oficina Antiterrorista del LAPD, John Miller.

“La medida tiene un gran valor para la seguridad pública, porque ofrece seguridad a todas las personas que manejan”, indicó a título personal George Gascón, subjefe del LAPD.

Reconoció que las personas tendrían la obligación de estudiar las leyes de tráfico, pasar las pruebas, comprobar que entienden y cumplir con el requerimiento de seguro.

“Los beneficios para la seguridad se dan cuando se sabe que las personas son competentes para manejar y están aseguradas”, dijo.

La Ley de Seguridad y Responsabilidad de Inmigrantes requería presentar el archivo policiaco del solicitante con 10 huellas y fotografías, y exigía chequeos criminales de casi dos millones de indocumentados por parte del estado de California.

Los datos proporcionados serían enviados a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y al Departamento de Seguridad Interna.

“El fracaso de las negociaciones va a crear un obstáculo importante en la cooperación de los Legisladores latinos con Schwarzenegger”, declaró Wayne A. Cornelius, director del Centro para Estudios Comparativos de Inmigración en la Universidad de California en San Diego.

Otra iniciativa

Por otra parte, el Procurador estatal, Bill Lockyer, dio a conocer el título oficial y sumario de la iniciativa Save Our License (Salvemos Nuestra Licencia) para que los proponentes comiencen a recolectar firmas para incluirla en la boleta electoral de junio 2006.

El objetivo de la organización conservadora republicana es enmendar la Constitución de California y negar todo tipo de servicios públicos a inmigrantes indocumentados, -incluidas las licencias de conducir-, excepto servicios que son de mandato federal.

“Planeamos una campaña agresiva de recolección de firmas”, dijo Mike Spence, presidente de la Asamblea Republicana de California (CRA). Nuestro enfoque principal serán distritos vulnerables que nos pueden ayudar al registro de votantes, al tiempo que obtenemos las firmas”

Sin embargo, Ann Marie Tallman, presidenta nacional del Fondo Mexicoamericano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF) dijo a La Opinión que están listos para derrotar la iniciativa en los tribunales

“Creo que la iniciativa es parte del sentimiento antiinmigrante que ha dispersado el Partido Republicano en California”, enfatizó J.C. Flores. “Pero desde la perspectiva legal estamos listos para pelear, porque se trata de política pública”.

“Repetiremos el trabajo que hicimos para derrotar la Proposición 187 [en 1994] y la Proposición 200 en Arizona”, aseveró Tallman.