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Violencia al alza y sin planes le espera a nuevo gobierno

Autoridades de Seguridad entrantes encontrarán el rubro de la seguridad pública en crisis con elevados índices de homicidios y con las pandillas que han ganado más terreno para delinquir

Las acciones de pandillas han golpeado a la población honrada y trabajadora, tres miembros de una familia asesinados en Tacuba. Foto EDH

Las acciones de pandillas han golpeado a la población honrada y trabajadora, tres miembros de una familia asesinados en Tacuba. Foto EDH

Las acciones de pandillas han golpeado a la población honrada y trabajadora, tres miembros de una familia asesinados en Tacuba. Foto EDH

Cuando Mauricio Funes asumió el mandato presidencial, que inició el uno de junio de 2009 y que termina este 31 de mayo, se comprometió a combatir de forma contundente a las pandillas, tanto para frenar el crecimiento de estos grupos criminales como para disminuir el temor que infunden a la población.

"El Salvador no puede entrar en este circuito de terror y de miedo, como también no podemos dejar que segmentos de la sociedad, en especial, las personas más pobres, sean rehenes de las pandillas y bandas integradas por menores, no por eso menos peligrosas", dijo Funes en su primer discurso como Presidente de la República, y agregó que "las maras, las pandillas no pueden continuar actuando y creciendo impunemente, transformando barrios y comunidades en territorios libres para sus delitos".

Además, prometió "luchar día tras día para imponer la ley y el orden en este submundo de antiley, en este submundo inhumano".

A cinco años de haber asumido ese compromiso, las nuevas autoridades de Seguridad Pública se encontrarán con un estado de la seguridad ciudadana en crisis, en la que sobresale una nueva escalada de violencia generada por las pandillas.

En lo que va del mes, el promedio de homicidios es de 11 víctimas cada día, casi el doble de lo que se registraba hace dos años, cuando una tregua entre las pandillas 18 y Salvatrucha, realizada con el aval de las autoridades de Justicia, llevó a una repentina reducción de los asesinatos.

¿Significa esto que la tregua fracasó? Según algunos críticos, la tregua fue una estrategia fallida desde el principio.

El exdirector de la Policía Rodrigo Ávila, un fuerte crítico de las estrategias de este gobierno hacia las pandillas, sostiene que la tregua entre las maras solo benefició a estos grupos delincuenciales, porque a raíz de la tregua se vieron fortalecidos.

Ávila señala que han llegado al extremo de tener "secuestradas" a las comunidades y colonias donde mantienen presencia y control, convirtiéndose de alguna manera en "autoridades paralelas" a las legalmente establecidas por las leyes.

Por su parte, el responsable de la Seguridad Pública, Ricardo Perdomo, rechaza que las pandillas hayan ganado más territorios para delinquir, ya que este gobierno saliente pudo lograr "detener el crecimiento y la expansión de la pandilla", evitando así que se convirtiera "en una narco pandilla, que pudiera tener mayor control sobre el país".

Sin embargo, noticias recientes reafirman que estos grupos han logrado penetrar instituciones como la Policía, la Fuerza Armada y la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), y hasta se atreven a enfrentarse con armas largas a los policías y, en algunos casos, a atacar delegaciones policiales, provocando encuentros mortales.

Alza de extorsiones

Otro indicador de que el accionar criminal de las pandillas no ha cedido se hace evidente con el aumento de las extorsiones, un delito que tiene graves efectos económicos puesto que lleva al cierre de comercios y empresas.

Claro ejemplo del impacto que han tenido las extorsiones en contra del sector productivo es el hecho de que el 85 por ciento de empresas, de toda escala (micro, pequeña y media, sobre todo), son extorsionadas por las pandillas.

Según la última encuesta del Consejo Nacional de la pequeña Empresa de El Salvador (Conapes), hasta tres negocios se cierran cada mes y decenas de personas quedan desempleadas debido a las extorsiones. Esta gremial asegura que 200 millones de dólares anuales pierde el sector privado por las extorsiones y otros delitos patrimoniales.

Los asaltos en los autobuses del transporte público y en las calles siguen incrementándose, pese a que las autoridades policiales han asegurado que mantienen planes especiales para contrarrestar esos hechos delictivos.

A diario, los empresarios y trabajadores paralizan los servicios de transporte de pasajeros por las amenazas de las pandillas o por el incremento de las cuotas de las extorsiones, lo que perjudica a miles de personas que hacen uso de ese servicio de transporte de pasajeros para asistir a sus trabajos, centros educativos u otras labores cotidianas.

Funes anunció a mediados de 2013 que propondría a la empresa privada la creación de un patronato contra las extorsiones, con el propósito de reducir el impacto de las mismas en el sector productivo.

Esta propuesta nada más quedó en promesa, porque nunca se concretó.

Estrategias fallidas

También Funes asumió el compromiso de identificar y castigar "con rigor a aquellos pocos que se desvíen de su función y se vuelvan cómplices de estos criminales".

Sin embargo, los esfuerzos por depurar a los malos policías no han sido suficientes porque decenas de agentes se han visto involucrados en bandas de robo de furgones o en actividades delincuenciales con las pandillas.

Las críticas condiciones de inseguridad que se viven en El Salvador ha obligado a las autoridades estadounidenses a emitir alertas para que a sus ciudadanos no viajen a El Salvador. Según el gobierno de EE. UU., aquí: "Los niveles de criminalidad y violencia (...) siguen siendo preocupantemente elevados".

En febrero de 2010, Funes y su gabinete de gobierno lanzaron un plan que tenía como prioridad la recuperación de territorios en manos de las pandillas. No hay, de parte del gobierno, ni evidencias ni indicadores claros de que este plan haya tenido resultados positivos.

De hecho, la percepción general es las pandillas han ganado más terreno en las comunidades y colonias donde operan, imponiendo sus propias reglas, reglas que cada uno de sus residentes cumple por temor a represalias.

Funes ha reiterado que su gobierno es el que más inversión económica ha hecho para fortalecer a la Policía en el combate a la criminalidad.

La Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), ha cuestionado esta posición.

ANEP no niega que se ha invertido más dinero en la seguridad pública, pero este es el gobierno que permitió que los índices delincuenciales como los homicidios, extorsiones y desaparecidos alcanzaran los niveles más altos de criminalidad, hasta superar cifras récord de sobrepasar los 4,000 homicidios en un año.

Son estos indicadores lo que nos dicen si las políticas de seguridad funcionan o no, independientemente de los niveles de inversión, recalca la gremial.

"Ha existido una desorganización dentro de la Policía que no ha permitido que sean más eficientes en contra de la criminalidad. Ha existido una descomposición del aparato de seguridad pública y se les ha dado un status a las pandillas como grupos de poder", declaró un oficial de la Policía, que solicitó anonimidad.

Agregó que también se le ha restado capacidad al área de investigación con la disolución de nueve unidades especializadas y con la incorporación de investigadores sin ninguna experiencia a esas tareas especializadas.

Las deficiencias en las condiciones laborales de los policías y los pocos recursos con los que contaban vinieron a sumarse a un pobre combate al crimen y, en especial, a la delincuencia generada por las pandillas. Hay que recordar que Funes les prometió a los policías que trabajaría por mejorarles sus condiciones laborales: daremos todo nuestro apoyo a los buenos policías que son mayoría en nuestros órganos de seguridad".

También se comprometió, en febrero de 2010, a mejorar la infraestructura policial para que los agentes estuvieran en condiciones dignas para su buen desempeño.

Sin embargo, el poco apoyo que han recibido los agentes de la Policía quedó en evidencia con la huelga de hambre que inició un agente que estaba destacado en el puesto de la colonia La Campanera, en Soyapango, un lugar asediado por la pandilla 18. El agente demanda mejores condiciones laborales para todos sus colegas y que les permitan llevarse el arma de equipo en sus días libres para defensa propia ante los pandilleros.

Perdomo cree que el próximo gobierno tendrá el reto de "madurar el plan de pacificación nacional" y, sobre todo, le tocará determinar "¿cuál va a ser la respuesta económica y social? ¿Qué se le va a dar a tanto joven en materia de estudio, trabajo, salud y educación? Ese es el gran reto: los jóvenes son la prioridad de nosotros, por lo que tenemos que luchar para que no caigan en condición de riesgo".

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