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Vinculan a un policía y a un abogado con mara 18

Las autoridades señalan que el agente filtraba información y el abogado asistía a las reuniones

El subdirector de Investigaciones habla con el agente detenido. FOTO EDH / miguel villalta

El subdirector de Investigaciones habla con el agente detenido. FOTO EDH / miguel villalta

El subdirector de Investigaciones habla con el agente detenido. FOTO EDH / miguel villalta

Un agente de la Policía y un abogado han sido capturados por la Policía bajo las acusaciones de pertenecer a un grupo de la pandilla 18, al que se le atribuyen los asesinatos de cinco personas.

Las detenciones del agente y del abogado se hicieron en medio de una redada, que dejó 28 pandilleros de la mara 18, realizada por la División Central de Investigaciones (DCI) de la Policía en las comunidades Las Palmas, Palermo y el Manguito situadas en los alrededores del la exferia internacional.

Al policía, César Arnoldo G. H., destacado en la división de Bienestar Policial; y al abogado Herberth Noé M. L., son señalados por la Policía como colaboradores de la referida pandilla y que participaban de las reuniones que sostenían para planificar sus fechorías.

Al agente César Arnoldo lo arrestaron cuando participaba en el referido operativo.

El jefe de la DCI comisionado Julio César Marroquín Vides explicó que se incluyó al agente García en el operativo como estrategia para evitar que se fugara. A César Arnoldo lo acusan de proporcionar información de los planes de la Policía; mientras que al abogado Herberth Noé lo señalan de participar en las reuniones que sostenían los pandilleros para planificar sus fechorías.

El abogado detenido aseguró que el único vínculo con los pandilleros detenidos era simplemente profesional porque sus familiares lo buscaban para que los defendiera en los procesos judiciales.

Asesinan a líder comunal

A la mayoría de los detenidos les atribuyen el asesinato de Enriqueta Isabel Salazar Hernández, de 51 años, quien era la presidenta de la directiva de la comunidad Las Palmas.

El comisionado Marroquín Vides aseguró que el asesinato ocurrido el 1 de agosto de 2009 dentro de un microbús de la Ruta 42 se pudo derivar porque la víctima como líder comunal había gestionado la instalación de un puesto policial en la referida comunidad a solicitud de los vecinos.

También los acusarán de haberle dado muerte a Elíseo Ángel Ramos Cárcamo, por supuesta pérdida de confianza y porque lo consideraban como informante de la Policía.

Además serían los responsables de la muerte de Ana Deysi Rivas de López, de 45 años, por haber presenciado el asesinato de Ramos Cárcamo.

Las otras dos víctimas, dos mujeres, las mataron por aparente pérdida de confianza y sus cadáveres habrían sido enterrados en una casa de la comunidad La Pedrera informaron las autoridades.

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