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Tribunales castigan a los tratantes con penas superiores a los 20 años de cárcel

ONG recomiendan articular y coordinar mejor los esfuerzos para dar con más tratantes.

ONG se quejan de que Tribunales no imponen penas severas a los tratantes. Foto EDH / Archivo.

ONG se quejan de que Tribunales no imponen penas severas a los tratantes. Foto EDH / Archivo.

ONG se quejan de que Tribunales no imponen penas severas a los tratantes. Foto EDH / Archivo.

Las ONG que colaboran con las autoridades advierten al Estado salvadoreño que la trata de personas debe ser a bordada como un problema de inseguridad que amenaza a los grupos más vulnerables de la población centroamericana y desde esa perspectiva proyectar los esfuerzos.

Según Ludín de Chávez, de Save The Children, lo que se requiere para una lucha eficaz es "trabajar en mecanismos de articulación entre las instituciones competentes: Fiscalía, Policía y Corte Suprema de Justicia para mayor efectividad en las investigaciones, capturas y proceso judiciales".

De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Undoc, por cada víctima rescatada 30 más son explotadas de forma clandestina y se encuentran ocultas.

Si se toma este referente, según la información oficial de los tres países del Triángulo Norte (que tiene un alto subregistro, ver recuadro) en los últimos cuatro años en total hubo 1,507 víctimas rescatadas y podrían haber al menos otras 44.000 ocultas.

¿Cómo las autoridades del Triángulo Norte están llegando a estos casos? A través de la denuncia ciudadana al Sistema 911, investigaciones previas de la Policía o correos de funcionarios que advierten posibles ilícitos, afirmó Smirna Salazar de Calles, jefa de la Unidad de Tráfico de Ilegales y Trata de Personas de la Fiscalía de El Salvador.

Las autoridades y organismos de cooperación reconocen que la trata es compleja de averiguar, demanda mucho conocimiento, especialización, recursos, coordinación entre las autoridades e intercambio de experiencia con otras policías para combatirla.

Un poco de todo esto se ha hecho en los últimos 15 años en los países de Centroamérica, Panamá, Belice y República Dominicana, principalmente con recursos de la cooperación internacional.

Atención a las víctimas

Del otro lado está la atención a las víctimas , uno de los serios problemas que el Departamento de Estado ha cuestionado a los países que ha clasificado en el Nivel 2, porque no cuentan con sitios y personal especializado para tratar a las personas sobrevivientes de este delito.

En el caso de El Salvador, según el Consejo Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia (Conna) solo hay un albergue especializado en la capital, el cual es exclusivamente para niñas y no para niños, ni para hombres ni mujeres adultas.

Al interior del país hay 15 oficinas más que atienden los casos que se le presentan en los departamentos.

Los países del Triángulo Norte han avanzado en materia legal, pues cuentan con diversidad de leyes que sancionan las diferentes modalidades de la trata de personas.

En Honduras, desde 2012, cuentan con una ley que sanciona el delito de trata con 22.5 años de reclusión, más la inhabilitación absoluta por el doble del tiempo que dure la reclusión y una multa de 150 a 200 salarios mínimos, (300 dólares).

En Guatemala la pena por trata es de 8 a 18 años de prisión más una multa de 300 mil quetzales equivalente a 39 mil dólares.

En El Salvador, la última normativa castiga el delito con penas de ocho a 20 años de prisión a quien resulte culpable en juicio.

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