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Trasladan 104 reos de Cojutepeque a Izalco

Prisioneros trasladados ayer son de la pandilla 18, según autoridades Aseguran que objetivo es incrementar medidas de seguridad en el país

Autoridades buscan controlar la ola de homicidios y las extorsiones que son ordenadas desde las prisiones. Foto EDH

Autoridades buscan controlar la ola de homicidios y las extorsiones que son ordenadas desde las prisiones. Foto EDH

Autoridades buscan controlar la ola de homicidios y las extorsiones que son ordenadas desde las prisiones. Foto EDH

En dos buses y bajo un fuertes medidas de seguridad, ayer fueron trasladados más de cien reos del penal de Cojutepeque, en Cuscatlán, hacia la penitenciaría en Izalco, ubicada en el departamento de Sonsonate.

Según la Dirección General de Centros Penales (DGCP), fueron 104 los reos pertenecientes a la Mara 18 los que fueron cambiados de penal.

"Esta medida es parte del proceso de clasificación de privados de libertad que por su nivel de peligrosidad deben estar recluidos en centros penales con un mayor régimen de seguridad", afirman las autoridades de la DGCP.

Aunque no especificaron las identidades de los internos que fueron movidos de penal, los reclusos salieron aproximadamente a las 9:30 de la mañana de ayer de Cojutepeque y llegaron a las 11:15.

Al menos tres patrullas con miembros del Grupo de Reacción Policial (GRP) y agentes de Seguridad Pública custodiaron el procedimiento.

Los traslados masivos de pandilleros de una prisión a otra iniciaron el pasado 16 de abril, cuando varios cabecillas de las agrupaciones delictivas fueron llevados desde los penales de Ciudad Barrios, Chalatenango, Izalco, Cojutepeque y San Francisco Gotera hasta el penal de Máxima Seguridad, ubicado en Zacatecoluca y conocido popularmente como "Zacatraz".

Los principales cabecillas de pandillas fueron sacados del penal de Zacatecoluca en marzo de 2012, como parte de los supuestos acuerdos entre funcionarios de gobierno del expresidente Mauricio Funes y las pandillas en el marco de la tregua.

El fiscal general Luis Martínez ha sostenido que la tregua entre pandillas para reducir los homicidios ha sido hipócrita, porque las desapariciones de personas y los cementerios clandestinos aumentaron en ese lapso.

Más de siete mil personas han sido desaparecidas de 2010 a 2015.

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