Lee la versión Epaper
Suscríbase
Lee la versión Epaper

Transparencia Activa da a medias información de la Diego de Holguín

La entidad que dice velar por la transparencia y acceso de la información dice que no tiene información de quiénes fueron los que elaboraron un informe sobre la carretera

Diego de Holguín

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas han sido cuestionados por el Instituto de Acceso a la Información por negar información relacionada al bulevar Diego de Holguín. | Foto por Archivo

Autoridades del Ministerio de Obras Públicas han sido cuestionados por el Instituto de Acceso a la Información por negar información relacionada al bulevar Diego de Holguín.

Tanto el Ministerio de Obras Públicas (MOP) como la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República se encuentran en una encrucijada y han sido cuestionados por el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por negar y dar información a medias sobre el caso judicializado del tramo II del bulevar Diego de Holguín. 

Esta situación ha incidido para que se le inicie un proceso sancionatorio al titular del MOP, Gerson Martínez, y a dos funcionarios más. 

Documentos en poder de El Diario de Hoy detallan que el IAIP previno a la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, por negar información a un ciudadano que solicitaba detalles sobre quiénes elaboraron un informe, que supuestamente detectó una serie de anomalías en el proyecto de construcción del tramo II de la Diego de Holguín.

Ese informe fue usado por la Secretaria de Transparencia y por el Ministerio de Obras Públicas para referirse a supuestos problemas en la construcción de la carretera, y para señalar en medios de comunicación y en otras instancias, posibles ilícitos.

Incluso el mismo informe fue presentado como un documento revelador por parte del Ministerio de obras Públicas ante la Comisión de Obras Públicas de la Asamblea Legislativa, para indicar a los diputados una serie de supuestos problemas en la construcción de la carretera.

En el caso del MOP también negó información muy similar por lo que el Instituto le abrió un proceso de sanción (ver nota aparte).

De igual manera fue divulgado, en esa época, en diferentes medios de comunicación por el secretario de Transparencia Marcos Rodríguez.

De acuerdo a una resolución del IAIP con fecha 16 de noviembre, fue admitido un recurso contra el oficial de Información de la Presidencia de la República, quien el 7 de octubre pasado había resuelto y negado la información sobre quiénes hicieron el informe de las supuestas anomalías en la construcción del tramo II del bulevar Diego de Holguín.

En el escrito, el Instituto señala que al admitir el recurso del ciudadano, designó “a la comisionada María Herminia Funes de Segovia” para que en un plazo de 15 días hábiles siguiente a la admisión de este recurso, dé trámite al procedimiento, forme el expediente, recabe pruebas y elabore un proyecto de resolución que presentará al pleno de este Instituto”.

Asimismo requirió al Oficial de Información de la Presidencia de la República remitir, de acuerdo al artículo 82 inciso segundo de la Ley de Acceso a la Información Pública, en el término de 24 horas, luego de notificado, el expediente administrativo del presente caso.


Secretaria de Transparencia da información a medias
Un ciudadano solicitó el 7 de octubre pasado una serie de datos en torno a un informe de la Secretaria de Transparencia de la Presidencia, donde se revelaban una serie de supuestas anomalías detectadas en el proceso de licitación, construcción y arbitraje del tramo II del bulevar Diego de Holguín (ver tabla con el detalle de lo solicitado y negado por la Presidencia de la República).

En esa ocasión el Oficial de Información de la Presidencia, resolvió entregar la información de manera incompleta, aduciendo que no se habían encontrado los documentos en mención.

“Respecto al numeral tres de lo solicitado, y en alusión a lo dicho por el director de la Oficina de Fortalecimiento del Control Interno y Auditoria (Ofcia), no concedió el acceso a la información, por no haber encontrado documentos de la naturaleza solicitada”.

Agrega la justificación que “la Secretaria (de Transparencia) efectúa estudios y estos no constituyen acción judicial, ni investigación, sino que se pretende detectar indicios de irregularidades”

Asimismo la Presidencia de la República respondió que a lo solicitado por este ciudadano sobre quiénes son las personas que elaboraron dichos informes, se limita a responder que “de acuerdo al expediente no se encontraron registros de funcionarios, empleados públicos o asesores, que participaron en la realización del informe”

En torno a esa respuesta, el ciudadano que solicitó la información, mostró su inconformidad a lo resuelto por el Oficial de Información de la Presidencia de la República, debido a que ese funcionario se va por la “tangente” al decir que se trata de un “estudio de caso” cuando de la lectura de ese informe se hacen imputaciones a varios exfuncionarios (exministro y exviceministro de Obras Públicas Jorge Nieto y Sigifredo Ochoa, entre otros).

“Se muestra también en desacuerdo (el ciudadano apelante) ya que considera que no es creíble, pues implica que el informe apareció de la nada, y que el señor Marcos Rodríguez, al ser el único que lo firma, tendría que ser letrado en las diferentes ramas de conocimiento a las que hace referencia en el informe.

Medidas cautelares impuestas por el Instituto

En la misma resolución, el IAIP  establece tres medidas cautelares, a fin de resguardar la información solicitada y negada, para evitar posible pérdida o destrucción de las mismas

Las medidas dictadas son: notificar al titular de posibles conductas infractoras y el inicio de un proceso (sancionatorio)

Además  solicitar al titular de la entidad el resguardo y copia de seguridad de la información que se trate, y solicitar una copia de la información objeto de la apelación, la cual será resguardada por el Instituto de manera confidencial y devuelta al final del trámite del recurso.

El Instituto señala que actúa de esa manera debido a que pueden existir dos probables escenarios, el primero: probable existencia de un derecho amenazado y el daño que ocasionaría el desarrollo temporal del proceso. 

Lea además
Abrimos este espacio para el fomento de la libre expresión, que contribuya al debate y a la crítica constructiva. Te invitamos a hacer buen uso y a leer las normas de participación