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Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas:

“Todo el proceso está viciado y se han violentado derechos constitucionales”

El exministro de Obras Públicas sostiene que llegó al MOP a solucionar una serie de problemas dejados por David Gutiérrez en más de siete proyectos; reitera su inocente porque nunca se conformó una figura delictiva durante su gestión porque siemp

Cumbre Transporte

San Salvador 28 de Julio 2015. Jorge Nieto, ex Ministro de Obras Publicas. | Foto por L.M.E

El exministro de Obras Publicas, Jorge Nieto, reitera que en el caso de la Diego de Holguín tramo I no existe delito que perseguir.

El Diario de Hoy conversó con Jorge Nieto, exministro de Obras Públicas y quien el viernes enfrenta la audiencia más importante en su vida, ese día puede ser absuelto de los señalamientos en la construcción del bulevar Diego de Holguín tramo I o pasar a la etapa de juicio.

¿En qué momento llega usted al MOP?

Yo llegué al MOP el 15 de enero de 2007, a terminar una gestión ya comenzada. Yo ya era servidor público desde el 1 de junio de 1999, como ministro de Trabajo. A partir del 1 de junio de 2004 fui designado como titular de la SIGET hasta el 14 de enero de 2007. Me pidieron que asumiera como titular del MOP porque la cantidad de problemas de carácter legal que había acumulado la institución entre 2004 y 2007 requería la experticia de un abogado.

¿Qué es lo que encuentra a su llegada al MOP?

Al momento de asumir encontré siete proyectos totalmente paralizados, incluyendo el Paseo General Escalón, la prolongación de la alameda Juan Pablo II, el bypass de Usulután y el trazo de Santa Ana a San Pablo Tacachico, entre otros. Los más complicados y visibles eran los tramos I y II_de la Diego de Holguín. Cuando entregué el cargo, todos estos grandes proyectos quedaron totalmente terminados, excepto el tramo II de la Diego de Holguín. Ese quedó con el contrato caducado y las fianzas debidamente cobradas, con multas impuestas a la empresa y listo para una nueva licitación.

¿El ministro Gerson Martínez dice que usted debía haber caducado el contrato de la Diego II a su llegada, por qué no lo hizo?

No caduqué el contrato a mi llegada al MOP porque no era legalmente factible, pues para caducar un contrato se requiere que haya existido un incumplimiento de la empresa constructora, según el artículo 94 de la LACAP. Si yo hubiera caducado el contrato al asocio, hubiera caído en actos arbitrarios y la empresa hubiera demandado al Estado y el litigio hubiera durado años. Y si condenaban al Estado, que era lo más posible, se hubiera encarecido aún más la obra.

¿Qué problema tenía ese contrato para caducarlo?

Eso es de lo que no se habla, no se habla de todas las anomalías que encontré. Lo que no dicen quienes me acusan es que las irregularidades que provocaron el entrampamiento del proyecto sucedieron antes que yo llegara al cargo. La principal anomalía que provocó que se paralizara la obra fue que el MOP, antes de mi llegada, en el 2005, movió el trazo original de la carretera y lo introdujo a un área de reserva forestal protegida. Esa acción ilegal complicó todo.

¿Hemos escuchado en diferentes ocasiones al ministro de Obras Públicas, decir que la carretera costó alrededor de $100 millones de dólares, es eso así?

En mi gestión se terminó un tramo completo y el 55% del segundo tramo. En la administración siguiente se terminó el 45% restante del segundo tramo. Si se suma todo nos da un gran total de $73,722,358 (setenta y tres millones, setecientos veintidós mil, trescientos cincuenta y ocho). Pero la gran diferencia es que en mi administración cada kilómetro costó alrededor de seis millones de dólares y en la administración actual cada kilómetro costó alrededor de 18 millones de dólares. Que cada quien saque sus conclusiones.  

¿Si usted estaba tan respaldado documentalmente, se sentía seguro que no había cometido delito, porque estuvo prófugo tanto tiempo y por qué decide presentarse a la Justicia después?

Yo opté por ponerme a salvo de la manipulación política del caso. Recuerde que la Subsecretaría de Transparencia le subió el volumen al caso unos meses antes de iniciar la campaña presidencial de 2014. Cuando pasó el ruido electoral me presenté al tribunal porque soy inocente, porque no hubo delito alguno durante mi administración. El caso nació muerto jurídicamente, la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. Por eso el caso ha sido un fiasco, un proceso errático que ha violado el debido proceso.

¿De acuerdo a cómo se ha desarrollado el proceso han detectado algunas irregularidades procesales?

Todo el proceso está viciado. Se han atropellado los procedimientos, se han admitido decenas de vicios y se han violado los derechos constitucionales. En mi caso particular, por ejemplo, a pesar de tener el derecho, no se me permitió nombrar un defensor en la diligencias de investigación de la Fiscalía y como consecuencia de ello, se me vulneró el derecho de participar de las pruebas periciales que ordenó realizar el Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán. Otro ejemplo de irregularidad es que cuando la Fiscalía presentó el requerimiento fiscal, no se adjuntaron las pruebas periciales originales, solo se presentaron fotocopias de los dictámenes, que además estaban incompletas.

¿Eso podría dar pie a un sobreseimiento por violación del debido proceso?

De hecho, eso es muy común en nuestro sistema judicial, que por errores o violaciones procesales no prosperan muchos casos penales. En este caso, aparte que nunca hubo delito y que por tanto no existen pruebas, el proceso está plagado de irregularidades. Otra de esas irregularidades es que la principal pericia del caso, en la cual se marginó a la defensa, se extravió por más de un año, lo cual impidió que la defensa tuviera acceso a ella. Tenemos abundancia de prueba para probar que se nos violó nuestro derecho de defensa.

¿Se sienten satisfechos de las pruebas de cargo y descargo aceptadas?

No hubo equidad en el trato, nuestra defensa no tuvo igualdad de oportunidad de presentar pruebas de descargo. Desde un principio hemos estado en desventaja, especialmente porque la Fiscalía hizo una investigación selectiva y buscó probar delito donde no hubo. No hubo equidad para los acusados y tuvimos que tolerar las irregularidades y deficiencias del proceso. Además, muchas acciones o papeles que la Fiscalía llama “pruebas” son inadmisibles, irregulares o simplemente no tienen fundamento probatorio válido jurídicamente.

¿Cuáles son los puntos fuertes de la defensa?

Nunca hay pruebas donde no hubo delito, comencemos por allí. La defensa en general es fuerte porque la Fiscalía nunca presentó pruebas de las acusaciones. Es más, cometieron un error medular imperdonable: ofrecieron supuestas pruebas sin especificar lo que pretendían probar con cada uno de los supuestos elementos de prueba ofrecidos. Por eso durante la audiencia preliminar pasaron un día completo tratando de subsanar el error. La consecuencia de ese error es que la prueba ofrecida es jurídicamente inadmisible.

¿Se ha cuestionado mucho el peritaje realizado por el MOP y que es parte del proceso, es una prueba fuerte en el caso?

Uno de los grandes problemas que tiene ese peritaje es que fue realizado por empleados del MOP, cuando debió ser realizado por peritos independientes. Eso es vicio procesal. En el ánimo de probar su tesis, recurrieron a una maniobra que convierte a ese peritaje en una prueba viciada. Esto es, como decimos en buen salvadoreño, actuar como juez y parte, y eso desacredita todo el proceso judicial.

¿Por qué se decidió ir a un arbitraje?

Porque es un mecanismo totalmente legal para resolver diferencias según el artículo 165 LACAP y 45 de la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. El arbitraje era la forma más sensata, rápida y transparente de desentrampar la obra, pues los árbitros de forma independiente deciden la resolución final, y evitan prolongar por años un litigio que mantendría paralizada la construcción indefinidamente. Esta decisión fue consultada y avalada previamente por la Corte de Cuentas de la República.

¿En la acusación se ha querido pintar el arbitraje como una maniobra sospechosa de su parte a favor de la empresa constructora. ¿Por qué ir a un arbitraje si la empresa tenía las de ganar?

Aclaremos primero que el arbitraje lo manejó la Fiscalía y lo perdió la misma Fiscalía, a pesar que esta tenía todos los elementos probatorios para ganar, los cuales nosotros le habíamos proporcionado. Es importante recordar que presenté en su momento una resolución que mostraba que, luego de mi gestión, la empresa contratista había renunciado a reclamar incremento de precio alguno. Es el mal manejo de la Fiscalía lo que lleva a la pérdida del arbitraje. En todo caso, la opción por el arbitraje nada tiene que ver con la acusación de peculado que me hacen.

¿Qué espera resuelva la jueza en la audiencia del viernes?

Lo único que esperamos es que prevalezca la legalidad. La culpabilidad de un delito se demuestra con pruebas, es irrelevante cuántas cajas de documentos haya llevado el MOP actual a la Fiscalía o a un tribunal. Hay miles de documentos y cero pruebas. Además el caso tiene muchos vicios insalvables como para que pase a juicio. Por esos vicios y deficiencias lo que procede según la Ley es que ya se terminé esta historia tejida alrededor de una acusación sin sustento.

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