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Solo una condena por amenazas de pandillas

A diario decenas de familias deben abandonar sus casas por amenazas de muerte de pandillas

EXODO FAMILIAS CONDOMINIO SAN VALENTIN MEJICANOS

El 20 de enero unas 40 familias dejaron sus apartamentos en condominio San Valentín de Mejicanos por amenazas.  | Foto por Archivo.

El 20 de enero unas 40 familias dejaron sus apartamentos en condominio San Valentín de Mejicanos por amenazas. 

El éxodo de familias se ha vuelto una pesadilla tan común en los últimos meses  en el país, sobre  todo en la zona metropolitana de San Salvador y en La Libertad, lo que no es frecuente son las condenas por estos casos.

El único caso  conocido es el de Gustavo Antonio Pérez Aquino, uno de cinco pandilleros capturados por el desalojo forzado de más de 40 familias de condominio San Valentín en Mejicanos.

Pérez Aquino reconoció en un proceso judicial abreviado que era miembro de la pandilla 18, por lo que el juez le impuso una condena de tres años por el delito de agrupaciones ilícitas, pero por ser una pena excarcelable, se la cambió por dos años de trabajos de utilidad pública.

El sujeto fue exonerado de los delitos de coacción agravada y amenazas especiales, establecidas en la Ley contra Actos de Terrorismo, por falta de testigos y evidencias en su contra.

El éxodo de las familias por este caso ocurrió entre el 19 y el 20 de enero y el proceso judicial se realizó casi diez meses después.

De los cuatro restantes, uno salió libre y tres más serán juzgado el 16 de enero del próximo año, afirmó el fiscal asignado al caso.

A raíz del hecho, la Policía destacó de forma permanente a varios agentes en el condominio, lo que dio confianza a familias propietarias de los apartamentos para regresar, mientras los que alquilaban,  ya no volvieron.

Este caso fue uno de los detonantes de una nueva forma en que las pandillas están sembrando el terror y el pánico de los salvadoreños. 

A partir de este hecho, se comenzaron a registrar otros en localidades diferentes como Panchimalco, Huizúcar, colonia Guatemala, comunidad Tutunichapa III, San Martín, entre otras.

En  caserío Los Ponce, en el cantón Azacualpa de Panchimalco, unas 14 familias tuvieron que abandonar sus casas de la noche a la mañana a principios de febrero de este año.  En ese lugar pareciera que el terror de las pandillas y la pobreza de las familias se conjugaron para el éxodo. Algunas de las víctimas, expresaron que los mareros pasaron por sus viviendas  y les  amenazaron. 

Aparentemente los pandilleros extorsionaron a algunas de las humildes familias, a otras les pidieron sus terrenos o les ordenaron que ya no sembraran frijol ni maíz.

Una de las quejas de los afectados era que los desalojaban en momentos que ellos no estaban preparados, pues no tenían dinero para pagar el transporte, tampoco tenían dinero para alquilar una casa en otro lugar ni contaban con un forma de ganarse la vida.

En  la colonia Guatemala, al norte de la capital, los pandilleros dieron 90 minutos a los residentes con más de 30 años de vivir en la zona, para dejar sus casas que con tanto esfuerzo habían pagado, de lo contrario corrían el riesgo de ser asesinadas.
“Nos vamos porque no queremos tener problemas”, dijo una víctima al retirarse del entorno en que había vivido sus últimos 30 años.

En la colonia San Judas,  también en la capital, unas diez familias dejaron sus casas por lo mismo.

En la Tutunichapa, una comunidad capitalina asediada por las pandillas y el narcotráfico, otras familias tuvieron que salir huyendo porque las maras los amenazaron.

A principio de noviembre, otras 15 familias de los caseríos El Cajón y El Chumpe, tuvieron que salir de la zona para no correr el peligro de las maras.

Por lo general en los éxodos que se han dado, las personas no comunican a sus vecinos  las razones por las que salen de un momento a otro.  Días después los vecinos que se quedan, dicen que solo vieron salir a las personas .

Las pandillas le cobran caro a los habitantes cuando tienen dudas de que han sido delatados por alguno de ellos.

También cuando no reciben el pago de la “renta” o extorsión que les han impuesto.  En estos casos, la Policía, aseguran, no es garantía para seguir viviendo en la zona.

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