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Sin definir responsables en el caso CEL-Enel

Llaman a presidente de CEL para que dé su opinión por discrepancias

Abogados de los procesados han insistido en que no existe delito que perseguir a los exdirectivos por el caso CEL-Enel. Foto EDH / Archivo

Abogados de los procesados han insistido en que no existe delito que perseguir a los exdirectivos por el caso CEL-Enel. Foto EDH / Archivo

Abogados de los procesados han insistido en que no existe delito que perseguir a los exdirectivos por el caso CEL-Enel. Foto EDH / Archivo

El Juez 7° de Instrucción solicitó ayer al presidente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), David Antonio López Villafuerte, que se pronuncie respecto a la responsabilidad civil, en el proceso CEL-Enel, que se sigue contra ocho exdirectivos de la autónoma.

El llamado que hace el juzgador al titular de CEL es por la discrepancia surgida en la audiencia preliminar, en cuanto a que los apoderados de la autonóma e INE han rechazado haber autorizado a la Fiscalía para exonerar de la responsabilidad civil a ocho imputados que son procesados por el delito de peculado.

Peculado es la apropiación que hace todo funcionario público de los bienes del Estado .

En ese sentido, el juez Miguel Ángel García Argüello considera importante que el presidente de CEL se pronuncie respecto a la petición que el fiscal general, Luis Martínez, hiciera en la audiencia preliminar (antesala del juicio) de extinguir de responsabilidad civil a los ocho exdirectivos de la autónoma.

Según el juez, los apoderados de CEL e INE han intentado modificar el "acuerdo marco" que el Fiscal General suscribió, en representación del Estado, el 8 de diciembre de 2014 con los representantes de Enel Green Power en el Tribunal Arbritral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), en Washington, Estados Unidos.

Para evacuar esta diligencia, el juez García Argüello ha llamado al actual presidente de la CEL para que en tres días hábiles, contados a partir del viernes, se presente al Tribunal a rendir su posición respecto a este desacuerdo.

El juez considera que subsiste una discrepancia entre lo manifestado por el Fiscal General y lo expresado por Óscar Armando Romero Larios, representante legal de las víctimas CEL e INE.

Estas diferencias fueron conocidas durante el uso del derecho a última palabra durante la audiencia preliminar.

En esa ocasión, los apoderados de CEL e INE manifestaron que "renunciaban única y exclusivamente de la acción civil a favor de Vicente Machado, exdirectivo de Enel, no así respecto a los demás imputados".

El juzgador considera necesario aclarar la situación, ya que, como administrador de justicia, es garante de la legalidad, el derecho de audiencia y debido proceso así como de los derechos y garantías de las víctimas e imputados.

Luego de tres días de reunión (5,6, y 7 de diciembre), el Fiscal General de la República, como representante del Estado salvadoreño, trabajó junto con su equipo de asesores nacionales y extranjeros, y el equipo designado por la Presidencia de la República, hasta lograr el acuerdo con la empresa italiana.

Martínez manifestó que el acuerdo alcanzado, además de poner fin a un largo y costoso litigio, generó confianza para los inversionistas locales y extranjeros.

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