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Sin apoyo municipios "libre de violencia"

Desde la tregua registran más de 391 homicidios en esos sitios

Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, fue el primer edil en firmar el convenio de los municipios Libres de Violencia con las pandillas. Foto EDH / Archivo

Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, fue el primer edil en firmar el convenio de los municipios Libres de Violencia con las pandillas. Foto EDH / Archivo

Salvador Ruano, alcalde de Ilopango, fue el primer edil en firmar el convenio de los municipios Libres de Violencia con las pandillas. Foto EDH / Archivo

Mientras en los municipios libres de violencia se han registrado más de 391 homicidios y las pandillas siguen incrementando las extorsiones desde adentro y fuera de los penales, los alcaldes firmantes de ese compromiso luchan solos con escasos recursos por contener el espiral criminal, ya que resienten no recibir el apoyo prometido del gobierno.

Luego del cambio del ministro y viceministro de Justicia y Seguridad, el Gobierno ya no menciona los 33 millones de dólares que ofreció a los 18 municipios que serían declarados libres de violencia y de los cuales, 11 asumieron el compromiso público.

Los recursos ofrecidos serían invertidos en centros de capacitación para el trabajo y el financiamiento de proyectos productivos para incorporar a los pandilleros a que renunciaran a los homicidios, extorsiones y otros delitos.

Un estudio del Ministerio de Justicia y Seguridad en convenio con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) determinó que en el país hay más de 60 mil pandilleros y que con sus familiares y compinches podrían alcanzar el medio millón de personas.

Todas estas personas encontraron la fórmula más fácil de vivir sin necesidad de trabajar o luchar por el sustento, sino valerse de las extorsiones que pagan sus víctimas.

De ahí el reclamo más grande de los salvadoreños al Gobierno por la respuesta que ha dado a estos grupos.

Los alcaldes son conscientes de esta dura realidad y por eso su lucha por cambiar de mentalidad a los grupos delictivos y les ofrecen opciones legales para ganarse la vida dignamente.

Pero aunque las propuestas representan nobles ideales, muy pocos avances se han cosechado a la fecha.

A pesar del incumplimiento del Gobierno, la confianza de los ediles no se tambalea, ni siquiera por el rebrote de violencia, más reflejado con las últimas alzas de homicidios, que en algunos fines de semana ha significado más de 20 asesinato y 16 en otros días.

Según registros policiales más de 391 homicidios se han registrado en los municipios declarados "Territorios de Paz" de enero a octubre.

Otro flagelo que resienten los salvadoreños son las extorsiones, que aunque la Policía sostiene que tienden a bajar en más de un 10 por ciento por año, la percepción de la ciudadanía es que este es un mal que va en alza, lo que sucede es que hay temor o desconfianza por denunciar.

Frente a una creciente alza de homicidios y extorsiones, la interrogante que se hacen los salvadoreños es, si se quebró o fracasó la "tregua" y con ello; las aspiraciones de los habitantes en "municipios libres de violencia".

El ministro de Justicia, Ricardo Perdomo, ha dicho que solo las pandillas saben si la tregua fracasó o terminó.

"Nosotros estamos haciendo nuestro trabajo de buscar una solución integral, lo más importante es que la violencia no solo se resuelve con prevención y represión sino con una respuesta social y económica a los grandes problemas de la sociedad".

El alcalde de Quezaltepeque, Carlos Figueroa, respondió que si bien el dinero es necesario para desarrollar estos proyectos no todo se puede supeditar a los fondos del Gobierno.

"Nosotros no solo dijimos papá gobierno denos la ayuda para trabajar en un problema que consideramos es el primero en el país. Hemos utilizado fondos propios de la alcaldía para poder realizar proyectos de cara a tratar de resolver un problema de los más delicados de El Salvador ".

"Quezaltepeque ha bajado la cifra de homicidios, antes se daba uno, dos y más de cuatro homicidios diarios, eso ya no sucede ahora", expresó Figueroa.

El edil de Sonsonate, Roberto Aquino, afirmó que los homicidios en la cabecera departamental han bajado de 12 o más en el mes, a cuatro casos en el mismo periodo.

Este ha sido el fruto de los diferentes proyectos culturales, deportivos y de emprendimiento que la Alcaldía ha impulsado en su gestión con fondos de la comuna.

Lo mismo asegura el alcalde de Apopa, José Elías Hernández, quien dijo que no se podían quedar solo a contar muertos todos los días, debían comprometerse con un "proceso" que el alcalde calificó de "dormido".

"Desde mayo que tomé posesión, los muchachos (maras) tomaron el acuerdo de sumarse a los municipios libres de violencia. Gracias a Dios, después de esa decisión, a mí no me han venido a aventar muertos de otros municipios, porque eso es lo que sucede, donde no hay hechos de violencia, le van a tirar muertos de otros lugares para que la zona sea de peligrosidad".

El edil de Apopa manifestó que en este esfuerzo no solo ha participado la alcaldía, sino también los mareros, así como las demás instituciones como la Iglesia Católica y evangélica; Fiscalía, Derechos Humanos y la Policía, entre otras instituciones.

Hernández manifestó que hay un compromiso vivo "sin que exista ese proceso que tanto habló el Gobierno".

El alcalde puntualizó que luego de la declaratoria "territorio de paz", pasaron varios meses que en el municipio no registraba homicidios, sino hasta junio, julio y agosto; con las "pugnas entre algunos grupos de pandillas, pero que no sucede en todos".

El subdirector del Cuerpo de Agentes Municipales (CAM) de Apopa, José Ortega puntualizó que en este año se han registrado 15 asesinatos en el municipio, lo que refleja una reducción del 75 por ciento.

El padre Antonio Rodríguez, quien impulsa un programa de reinserción de pandillas en Mejicanos, calificó el ofrecimientos económico del Gobierno como una iniciativa "muy puntual y que formaba parte de una dimensión mediática sesgada".

El padre Antonio afirmó que el siguiente paso que el país debe dar es crear una política social de prevención y una ley para la reinserción de estos jóvenes en conflicto con la Ley.

Pero aunque haya buenos deseos por apaciguar la violencia, las pandillas y sus familias, demandan fuentes de ingreso para desmontar la violencia y las viejas prácticas ilícitas de las extorsiones para sobrevivir.

Esos ideales requieren fondos para crear infraestructura necesaria e inversión, que requieren en la mayoría de municipios.

El alcalde Figueroa afirmó que a pesar de sus limitaciones impulsa varios proyectos sociales "de cara a resolver estos problemas en el rango de la prevención con manifestaciones artísticas y culturales, juventud, deportes, asistencia médica y clínicas médicas".

El edil afirmó que Quezaltepeque invierte no menos de medio millón de dólares en el tema de la prevención.

"Trato de resolver el problema de raíz, porque todos los jóvenes están inmersos a verse involucrados en el fenómeno de las pandillas y si no dinamizamos la función municipal haciendo arte, deporte y cultura", los jóvenes corren el riego ser reclutados por las pandillas.

El pastor Carlos Rivas señaló que el problema de violencia e inseguridad del país es multicausal y estructural por la ruptura familiar.

Rivas dijo que las maras que deben de dar muestras concretas y precisas de no querer seguir con la violencia, someterse a un proceso de cambio y de querer reinventar sus vidas por el bien del país y sus familias.

El edil de Quezaltepeque pidió a los mareros que hagan una reconversión psicológica de su manera de actuar.

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