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Seis militares enjuiciados por desaparición y privación de libertad

El hecho ocurrió en febrero de 2014 cuando cinco jóvenes fueron detenidos por los imputados. Se desconoce el paradero de tres de ellos. 

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Este día se lleva a cabo la vista pública en contra 6 militares acusados por los delitos de desaparición forzada de personas y privación de libertad.

Según las investigaciones, los hechos sucedieron en el municipio de Armenia, Sonsonate, en febrero de 2014 cuando los imputados detuvieron a cinco jóvenes, dos de ellos fueron liberados el mismo día de la detención no obstante se desconoce el paradero de los otros tres. 

La Fiscalía informó que el caso tiene reserva total debido a que se ha otorgado medidas de protección a favor de las víctimas lo que impide revelar mayores datos entorno al hecho. 

Los imputados son el sargento Santos Manuel Corleto y los soldados Ronald Pozo, José Santamaría, Arely Esquina, Juan Ovidio Santiago García y Manuel de Jesús Santos Chávez. 

La pena por los delitos de privación de libertad son de tres a seis años y por desaparición forzada de  4 a 8 años por cada persona, dijo la Fiscalía.  

Los acusados han estado detenidos en una unidad militar no obstante de ser condenados pasarán a un centro penitenciario del país, agregó fiscal del caso. 

En relación a las víctimas, dijo que eran personas del sector que se dedicaban a diferentes oficios y no se ha acreditado que sean miembros de pandillas. 

Procurador de Derechos Humanos pide se investiguen las desapariciones

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, emitió hoy una resolución; donde pide al ministro de Defensa, general David Munguía Payés, que investique la desaparición forzada de los tres jóvenes identificados como José Fernando Choto, Óscar Oswaldo Leiva Mejía y Francisco Javier Hernández Gómez.

Además, el procurador exige al Ministro de Defensa que aplique las sanciones correspondientes a los militares implicados y cualquier otro involucrado sobre el cual tenga competencia, previo a la aplicación del debido proceso. 

Por otra parte, pide al fiscal de Sonsonate, Carlos Humberto Herrera Barrera, indagar en las investigaciones para establecer el parardero de los jóvenes y determinar la responsabilidad sobre las supuestas amenazas denunciadas por sus familiares.

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