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Sala de lo Constitucional teme atentado por campaña en contra

Magistrado Blanco la comparó con la que se desarrolló antes del asesinato de jesuitas en 1989

El viernes y el lunes anterior, sindicatos afines al oficialismo han llegado a protestar y presionar frente al Palacio de Justicia por la decisión de la Sala de lo Constitucional de congelar la emisión de más deuda mientras estudia si su aprobación f

El viernes y el lunes anterior, sindicatos afines al oficialismo han llegado a protestar y presionar frente al Palacio de Justicia por la decisión de la Sala de...

El viernes y el lunes anterior, sindicatos afines al oficialismo han llegado a protestar y presionar frente al Palacio de Justicia por la decisión de la Sala de lo Constitucional de congelar la emisión de más deuda mientras estudia si su aprobación fue legal. Foto EDH / archivo

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Sidney Blanco, comparó la actual campaña del gobierno contra él y sus colegas con la que se desplegó para instigar el asesinato de seis jesuitas y dos colaboradoras en noviembre de 1989. Por lo mismo, consideró que la misma puede propiciar atentados contra ellos.

"Con estas instigaciones de parte del Gobierno a través de los diferentes medios de comunicación, es fácil comprender que cualquier fanático pueda asumir una autorización para que puedan atentar contra la vida o integridad física de los magistrados", declaró Blanco.

En diferentes actos públicos, entrevistas y en espacios pagados en radio y televisión, el Presidente Salvador Sánchez Cerén, funcionarios y altos dirigentes del partido oficial han fustigado a la Sala por fallos que ha emitido que les son adversos, entre ellos el congelamiento de deuda por $900 millones de dólares cuya aprobación en la Asamblea Legislativa fue cuestionada por un ciudadano.

Sánchez Cerén llegó incluso a decirle a los magistrados Blanco, Florentín Meléndez, Belarmino Jaime y Rodolfo González que "tendrían que asumir los costos" por el aumento de la violencia en el país, pues aseguró que pretendía destinar parte del dinero a la Policía Nacional Civil.

Pero el magistrado Blanco advirtió que señalamientos de ese tipo solo aumentan la vulnerablidad de la Sala.

Recordó que las acusaciones expresadas por los actuales funcionarios de gobierno son similares a las de noviembre de 1989, cuando en medio de la ofensiva guerrillera del FMLN "Hasta el tope", "altos funcionarios del gobierno utilizaron a un medio de comunicación para instigar al pueblo para que mataran a los jesuitas por estar entregando al país a los comunistas".

El magistrado tiene conocimiento pleno del acontecimiento, pues fue fiscal y luego acusador particular de la Compañía de Jesús contra varios militares que fueron juzgados y condenados por el múltiple crimen en septiembre de 1991.

"Igual sensación (que con la instigación del asesinato de los jesuitas en 1989) siento cuando funcionarios de alto nivel del gobierno instigan a través de los medios de comunicación prácticamente para que provoquen atentados en contra de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, lo cual es sumamente grave, sumamente delicado", enfatizó el juez constitucional.

Sindicatos afines al oficialismo han promovido una serie de protestas frente al Palacio de Justicia. El viernes pasado y ayer lunes, el Frente Social Sindical Salvadoreño, acompañado de otras organizaciones afines al partido del gobierno FMLN, marcharon y protestaron frente al edificio de la CSJ por la admisión de la demanda en contra del procedimiento legislativo que llevó a la aprobación de la millonaria deuda pública.

El presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI), Javier Simán, denunció la semana anterior que estas manifestaciones son organizadas por la Secretaría de Transparencia.

"Les están diciendo (a los sindicalistas) que no tienen suficientes recursos para pagarles los salarios y que salgan a marchar en contra del sector privado y de la Sala de lo Constitucional", agregó.

El Secretario de Transparencia del Gobierno, Marcos Rodríguez, ha admitido que se ha reunido con los dirigentes sindicales, pero se justificó diciendo que era para explicarles las implicaciones de no contar con esos fondos por la decisión de la Sala.

Desmiente acusaciones

Sin embargo, el magistrado Blanco desmintió a los funcionarios que aseguran que la Sala de lo Constitucional, con la suspensión de la emisión de los títulos valores por 900 millones de dólares, estaba "amarrando económicamente" al gobierno y además los responsabilizaba de una escalada de la violencia criminal.

Blanco explicó que no es cierto que la Sala esté en contra de la emisión de esa deuda, sino que un ciudadano presentó un recurso o demanda de inconstitucionalidad contra el procedimiento seguido por la Asamblea Legislativa para aprobar esa decisión.

La Sala determinó que la demanda cumplía los requisitos y por mandato constitucional tiene que darle trámite y estudiarla. En seguida ordenó que se congelara la emisión de los fondos hasta determinar si el procedimiento violó o no violó la Constitución y las leyes secundarias.

En ese sentido, Blanco señaló que "no nos parece correcto que se difundan mentiras frente a la población. Esa población que de buena fe puede escucharle y obviamente por ser la figura del presidente de la República y las de los demás señores funcionarios".

Además indicó que "los funcionarios del gobierno deberán ser mucho más cuidadosos de las afirmaciones que hacen a la población, a la gente, porque hay una dosis de credibilidad que los funcionarios deben tener ante la población que los representa".

Estudian proceso de aprobación, no la deuda

Tanto el presidente Sánchez Cerén como algunos de sus funcionarios han señalado a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de ser los responsables de detener las inversiones, de la inseguridad jurídica y de favorecer a la criminalidad por haber suspendido la emisión de deuda.

En ese sentido, Blanco fue claro en señalar que como jueces no pueden entrar a valorar si el gobierno debe endeudarse más o no con préstamos internacionales, sino que lo que hace la Sala en este momento es analizar si el procedimiento de aprobación de los 900 millones de dólares se hizo dentro de lo que señala la Constitución o no.

"No es acorde a la realidad, el hecho de que los funcionarios estén afirmando de que la Sala esté negando los dineros necesarios para el combate de la delincuencia y otros programas sociales", dijo Blanco.

"Estamos únicamente enjuiciando la forma, que es distinto a enjuiciar el fondo, que significaría decidir si debe o no endeudarse con 900 millones de dólares", remarcó.

En ese sentido, Blanco recalcó que tampoco es antojadizo el hecho de que la Sala de lo Constitucional estudie el procedimiento legislativo.

Trajo a cuenta el artículo 183 de la Constitución que faculta a la referida Sala de la Corte Suprema de Justicia de poder establecer si el procedimiento usado para la aprobación de leyes o decretos, es constitucional o inconstitucional, pero no solo del fondo o contenido de los mismos, sino que también de la forma como se aprobaron.

El demandante que interpuso el recurso de inconstitucionalidad pidió que se suspendiera la emisión de los bonos mientras se estudiaba la petición.

Blanco explicó que decidieron congelar la emisión de los referidos títulos valores para evitar una situación más complicada en el futuro, en caso hipotético de que el procedimiento fuera declarado inconstitucional.

"Es preferible detener por unos días la vigencia de este decreto y no resultar con una sentencia declarando inconstitucional, por ejemplo, cuando ya hay compromisos adquiridos y hay clientes de estas letras del tesoro, cuando el dinero está en marcha, que es mucho más complicado", dijo Blanco.

La demanda recuerda que el artículo 143 de la Carta Magna señala que cuando un decreto de ley fuere desechado o no fuera ratificado por los diputados, no podrá ser propuesto de nuevo hasta dentro de seis meses.

La noche de la votación, a finales de abril, el decreto no alcanzó los 56 votos necesarios, sino que solo 55, por la abstención de la diputada Sandra Salgado.

Posterior e inexplicablemente, Salgado se retiró y entró un diputado suplente en su lugar, el decreto fue sometido de nuevo a votación del pleno y en esta ocasión obtuvo los 56 votos. Pero este procedimiento vulnera el artículo 148 de la Constitución, según plantea el demandante.

No protegen a evasores

También, Blanco desmintió los señalamientos del presidente Sánchez Cerén, de otros funcionarios del gobierno y diputados oficialistas al acusar a la Sala de lo Constitucional de proteger a supuestos evasores de impuestos.

"Me parece impertinente esta afirmación del Presidente (Sánchez Cerén) al asegurar que hemos prohibido la publicación de la lista de los deudores al fisco. Hay mecanismos legales para el cobro del dinero a los deudores. La Fiscalía debe realizar las acciones legales que corresponden para cobrarles a los deudores", dijo Blanco.

El magistrado aseguró que en ningún momento la Sala ha prohibido la publicación de los nombres de los supuestos deudores al admitir la demanda en contra del Ministerio de Hacienda.

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