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Probidad recupera poder fiscalizador

Presidente en funciones de la CSJ, Florentín Meléndez, dice que se busca ser transparente y evitar corrupción de funcionarios

La Oficina de Probidad tiene luz verde para entregar declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios.

La Ley de Probidad actual data de 1959. La Asamblea Legislativa está impulsando una nueva.

La Oficina de Probidad tiene luz verde para entregar declaraciones patrimoniales de todos los funcionarios.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) le devolvió ayer el poder a su Sección de Probidad de requerir información de bancos e instituciones financieras sobre las cuentas de funcionarios y exfuncionarios sin necesidad de contar con el aval del pleno de los magistrados del máximo tribunal.

Durante la sesión de ayer, los magistrados aprobaron modificar un acuerdo que ordena que las solicitudes de información que afectaban el secreto bancario debían ser primero aprobadas por la Corte en pleno y comunicadas a través de la presidencia de la misma.

La emisión de dicha disposición, que data del 9 de junio de 2005, generó entonces una ola de críticas en la comunidad jurídica porque se consideró que afectaba la lucha contra la corrupción.

La modificación de ayer, que fue promovida por el presidente en funciones de la CSJ, Florentín Meléndez, contó con el voto de 11 magistrados de los 15 que forman el máximo tribunal.

"La Corte Suprema, conforme, a las potestades constitucionales del artículo 240 y lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley de Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios, faculta al Jefe de la Sección de Probidad para requerir cualquier información que sea necesaria a fin de cumplir con las obligaciones contenidas en la ley de la materia, a bancos, instituciones financieras, instituciones públicas o privadas, personas naturales y jurídicas", ordena el acuerdo.

Los magistrados también establecieron que el jefe de la Sección de Probidad deberá rendir informe de inmediato al pleno de la Corte sobre los informes solicitados.

Aclararon que en "algún caso de incumplimiento total o parcial o cualquier otra situación que se presente, sea el pleno de la CSJ el que tome las medidas legales pertinentes".

Será la Corte Suprema o su presidente el que informará a los bancos y otras instituciones el contenido del acuerdo.

Buscan transparencia

Meléndez declaró que uno de los objetivos principales de devolver el poder a la sección de Probidad es "para remover cualquier obstáculo que pudiera existir para investigar la corrupción de cualquier funcionario público y para que haya transparencia en el manejo de los fondos del Estado".

El presidente en funciones de la CSJ indicó que el acuerdo va encaminado en una petición a la Asamblea Legislativa para que apruebe la Ley de Probidad Pública.

"Hemos presentado semanas atrás un proyecto de Ley de Probidad con estándares modernos y haremos gestiones con la Asamblea Legislativa para que se apruebe lo más pronto posible. La actual ley se aprobó en 1959 y es obsoleta", explicó Meléndez.

El magistrado añadió que en las últimas semanas la Corte Suprema ha recibido varias solicitudes de parte de la Fiscalía, contra alcaldes, exministros y otros funcionarios.

Indicó que en varios procesos no se encontraron documentos originales, pero sí se enviaron fotocopias al Ministerio Público.

También aclaró que no son declaraciones o expedientes, sino memorándums internos relativos a los procesos.

"El siguiente paso en la Sección Probidad de la CSJ será modernizarla y fortalecerla. Hacer que funcione", razonó Meléndez.

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