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Usado en alimentos y telefonía

Pese a plan “Cero Dinero”, se movieron 9 millones de dólares en las cárceles en un año

7.7 millones de dólares recibieron de familiares para alimentos y 1.2 millones de dólares para telefonía.

Izalco

Sigue la circulación de dinero en efectivo en las cárceles, la semana pasada incautaron más de 11 mil dólares. | Foto por Archivo

A principios de 2015, la Dirección General de Centros Penales (DGCP) implementó el programa “Cero Dinero” con el propósito de evitar el ingreso de dinero en efectivo en todo el sistema penitenciario salvadoreño: 19 cárceles para adultos más cinco para menores de edad.

Mediante ese programa, entre febrero de 2015 y mediados de enero de 2016, en las cárceles salvadoreñas se movieron nueve millones de dólares, según información obtenida a través de la Oficina de Información y Respuesta de Centros Penales.

Cero Dinero en las cárceles consiste en una cuenta de débito, no efectivo, a favor de un determinado recluso.

La manera como funciona es que los familiares de los presidiarios entregan a Centros Penales determinada cantidad y esa institución la abona a una cuenta del privado de libertad, quien mediante una clave, puede hacer uso de ese dinero sin tocar efectivo.

Sigue ingresando dinero en efectivo

Sin embargo, a un año de que se implementó ese programa, en el sistema penitenciario salvadoreño se sigue introduciendo efectivo.

Lo demuestran las cantidades de  dinero que han sido decomisadas en el mismo período, en diversas cárceles.

El reciente decomiso realizado en el centro de cumplimiento de penas de Ciudad Barrios, en San Miguel, lo deja en evidencia.

El 30 y 31 de enero anterior, durante un registro en ese centro penal, las autoridades incautaron de más de 11 mil dólares.

Para llamadas telefónicas y comprar en tiendas

La información de Penales detalla que de los nueve millones de dólares que ingresaron al programa Cero Dinero, los reclusos utilizaron siete millones 750 mil 503 dólares para consumo en las tiendas que funcionan en las cárceles en las que venden alimentos y artículos de aseo personal. Mientras que en consumo de telefonía, los reclusos gastaron un millón 225 mil 206 dólares.

Al dividir esa cantidad en once meses, resulta que en las 24 centros de reclusión, los internos consumieron mensualmente más de 111 mil dólares en llamadas telefónicas realizadas a través de un sistema instalado por el Gobierno para tal fin.

Desde el 2013, Centros Penales instaló en todos los reclusorios del país, un sistema de teléfonos de línea fija para uso de los reos. Con esos aparatos, los presos pueden hacer llamadas a sus familiares, previa solicitud que deben realizar a las autoridades de cada cárcel.

Cada una de esas llamadas tiene un costo y los usuarios saben que esas conversaciones son grabadas.

Según Penales, esa iniciativa fue implementada para disminuir la cantidad de extorsiones que son realizadas desde los centros penales. Sin embargo,  el constante decomiso de celulares y otros aparatos de comunicación, también refleja lo poco efectivo que resultó ese proyecto.

Sólo en el penal de Ciudad Barrios, el fin de semana anterior fueron decomisados 320 aparatos telefónicos y 705 chips.

Una cantidad de 584 dólares fueron gastados en otros “servicios”. La entidad no explicó  más ese dato.

De acuerdo con fuentes de inteligencia, es difícil cortar el flujo de efectivo hacia las cárceles pues con el sistema implementado por Penales, los internos no pueden comprar la droga que se vende en esos centros, como tampoco pueden pagar las extorsiones que se hacen entre los mismos presos por protección o para obtener favores sexuales.

Hernández: No era plantación de marihuana

Durante la misma requisa que encontraron varios fusiles de madera, las autoridades también hallaron 25 plantas de marihuana.

Sin embargo, en opinión de Rodil Hernández, director general de Centros Penales, no se trató de una plantación.

“No es que haya habido una plantación de marihuana; una plantación de marihuana es sembrarlo en los jardines”,  argumentó el director de Centros Penales.

Hernández dijo que están  investigando para determinará quién fue el responsable de haberlo permitido y de haberlo introducido.

En El Salvador es la primera vez que trasciende el decomiso de plantas de marihuana cultivadas en un recinto penitenciario.

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