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Pasó 13 años en prisión por un delito que no cometió

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tras analizar el caso, recomendó al Estado salvadoreño anular la sentencia y procesar a los que resulten involucrados en la condena

José Agapito, junto a sus abogados Francisco Sermeño y Miguel Ángel Caldero durante la última audiencia de revisión de sentencia.

José Agapito, junto a sus abogados Francisco Sermeño y Miguel Ángel Caldero durante la última audiencia de revisión de sentencia.

José Agapito, junto a sus abogados Francisco Sermeño y Miguel Ángel Caldero durante la última audiencia de revisión de sentencia.

La vida de José Agapito Ruano Torres cambió de golpe la madrugada del 17 de octubre de 2000. Policías derribaron la puerta de su casa, sometieron y lo capturaron acusándolo de haber participado en el secuestro de un empresario, por quien se pagó un rescate.

José Agapito incluso denuncia que durante su detención fue torturado por los agentes policiales que lo arrestaron. Esto, según denuncia, fue para que "hablara" sobre su participación en el delito.

Junto a él fueron detenidos otros sospechosos de haber perpetrado el plagio de la víctima y a medida que el proceso penal fue avanzando, el dedo acusados recaía sobre los imputados.

Para José Agapito, su mayor acusador fue uno de los imputados que lo señalaba de haber participado en el plagio. Este imputado fue beneficiado por la Fiscalía que lo pasó a calidad de testigo. En la jerga judicial se le llama criteriado.

El abogado de José Agapito, Francisco Sermeño, afirma que cuando la víctima acudió a identificarlo como uno de los que participó en el plagio, dijo que lo había visto en los medios de comunicación.

José Agapito afirma que él fue involucrado en el secuestro porque un testigo afirmaba que un sujeto apodado "Chopo" también había participado. Apodo del cual afirma nunca ha sido suyo.

El "infierno"

De nada sirvieron las súplicas de José Agapito y de los procedimientos judiciales hechos por sus abogados para evitar que un tribunal de sentencia lo condenara a purgar 15 años en prisión.

Por largos 13 años pasó su vida en una prisión salvadoreña, soportando las inclemencias que ahí se viven. Sin embargo, no se dio por vencido y tres veces intentó que un tribunal reexaminara su caso y lo liberara por falta de pruebas. No tuvo éxito.

Fue por medio de sus abogados, que José Agapito logró que un tribunal le concediera la libertad condicional durante los dos últimos años de su condena.

Un primo de José Agapito llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington D.C. para que examinara el caso.

La referida comisiónn determinó que el Estado salvadoreño violó el derecho a la presunsión de inocencia y que la actuación de los defensores públicos fue deficiente, por lo que se violó el derecho a la defensa.

Además indica que las dos únicas pruebas contra José Agapito, la declaración del testigo y el reconocimiento en rueda de reos, fueron practicadas con irregularidades.

Tras revisa exhaustivamente el caso, la referida comisión hizo varias recomendaciones al Estado salvadoreño.En primer lugar pidió adoptar a la brevedad posible las medidas necesarias para anular los efectos de la condena anterior del señor Ruano Torres, incluyendo las medidas sustitutivas a la libertad que aún se encuentra.

Además manda al Estado salvadoreño a reparar integralmente a la víctima del presente caso de forma que se incluya el aspecto tanto material como inmaterial.

Asimismo manda llevar a cabo una investigación seria, diligente y efectiva en un plazo razonable, para esclarecer los hechos de tortura descritos por Ruano Torres, individualizar a los responsables e imponer sanciones que correspondan.

Igualmente, recomienda disponer medidas administrativas, disciplinarias y penales correspondientes por las acciones u omisiones de los funcionarios estatales, agentes policiales, fiscales, defensa pública y jueces de diversas instancias, que contribuyeron con su actuación a la violación de los derechos de José Agapito Ruanos Torres.

Finalmente, recomienda adoptar medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan hechos similares, conforme al deber de prevención y garantías de los derechos fundamentales reconocidos en la Convención Americana, específicamente, desarrollar programas de formación para los funcionarios estatales que tengan en cuenta las normas internacionales establecidas en los principios relativos a la investigación y documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles.

El abogado Sermeño informó que debido a que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se han cumplido, el caso ha pasado a conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual sus fallos son de carácter obligatorio para los Estados.

Esta semana, José Agapito y sus abogados Francisco Sermeño y Miguel Ángel Caldero, se presentaron en una audiencia de revisión de la sentencia por vulneración a las garantías del proceso.

El tribunal informó a la Fiscalía, a los defensores y a José Agapito, que la audiencia se hacía principalmente por el informe dado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

José Agapito dijo que lo que quiere es que se anule la libertad condicional en la que se encuentra, recuperar sus derechos como ciudadano y que su nombre sea limpiado.

La fiscal del caso, que acudió a la diligencia judicial, planteó al tribunal la necesidad de postergar la audiencia para que un representante de los Derechos Humanos esté presente.

Al estar todos de acuerdo, el tribunal pospuso la audiencia para el 2 de septiembre a las 8 de la mañana.

"Me duele recordar esto porque fui torturado", dijo José Agapito al recordar el día de su captura y el infierno, que según él, le tocó vivir en el penal al que fue confinado durante 13 años de su vida.

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