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Pandillas tienen que abandonar la extorsión y narcotráfico

Iglesias cristianas hacen el llamado luego que a inicios de julio se registrara un repunte de los homicidios, con 48 muertes violentas en apenas tres días

Foto/ Archivo

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Representantes de las iglesias cristianas de El Salvador pidieron el lunes a las maras o pandillas que mantengan la tregua que ha incidido en una reducción en los homicidios, y las exhortaron a abandonar la extorsión y el narcotráfico.

El llamado de las iglesias se produce luego que a inicios de julio se registrara un repunte de los homicidios, con 48 muertes violentas en apenas tres días.

"Nosotros hablamos contundentemente que las pandillas deben de mantener su acuerdo de no agresión (tregua), llevar el proceso a otro nivel, (pero también) deben de apartarse de la violencia, tienen que dejar la actividad delictiva", manifestó en conferencia de prensa el pastor Fredy Segovia, de la Iglesia Rey de las Naciones.

Segovia rechazó que las iglesias defiendan a los pandilleros y agrego que "no estamos aquí para avalar ningún tipo de crimen, ni darles ninguna carta verde para que ellos delincan, ellos deben esa forma de vida, que viene de la extorsión y la narcoactividad que tanto daño le está haciendo a la nación".

El comunicado suscripto, entre otros, por el obispo castrense Fabio Colindres, también exhorta al gobierno a "asumir una definición explícita y comprometida frente a este esfuerzo que durante un año y medio dio al país un tiempo de relativa calma. No debe temer, sino definir mejor su participación".

El mediador de la tregua, el ex guerrillero Raúl Mijango afirmó que hasta el domingo 14 de julio, con la tregua entre las pandillas, se han salvador 4,062 vidas humanas.

Segovia consideró que el gobierno debe hacer "un esfuerzo más contundente", en los municipios que van denominado "libres de violencia", en los que "necesitamos ver de parte del gobierno un poquito más de apoyo presupuestario, y no solamente a nivel de recursos, sino que también a nivel de un esfuerzo general".

Al menos 26 personas fueron asesinadas el 3 de julio, al que ahora llaman el "miércoles negro", y según las autoridades la mayoría de esas muertes fueron atribuidas a las maras o pandillas.

Según el ministro de Justicia y Seguridad, Ricardo Perdomo, el repunte de los homicidios fue consecuencia de un conflicto interno en la pandilla Barrio 18, que además atacó a integrantes de Mara Salvatrucha. También se debió a grupos vinculados con el narcotráfico.

Entretanto, Mijango, afirmó que hay grupos, a los que no identificó, interesados en que fracase el proceso de pacificación.

Reveló que una semana antes del repunte de los homicidios, uno de estos grupos visitó el Centro de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, al este del país, para decirles que "este asunto (de la tregua) había finiquitado, que fue lo que realmente encendió la mecha de todo este asunto".

"No sé exactamente quiénes llegaron, pero son de las cosas que aquellos detractores de este proceso han venido haciendo para afectarlo", agregó.

Ante la insistencia de los periodistas, Mijango manifestó que, "sé que hubo esa reunión, que buena parte se sostuvo en otro idioma, y (que) de allí surgió la alarma de que de alguna manera nos ha generado dificultades y se agravaron las cosas".

Detalló que en esta supuesta reunión en la cárcel de Zacatecoluca, conocida como Zacatraz, "les trasladaron (a los pandilleros) una especie de informe oficial que varias instituciones del Estado habían llegado a la conclusión que este asunto (tregua) había finiquitado".

El 9 de marzo de 2012, cuando se registraban 14 homicidios diarios, los líderes de Mara Salvatrucha y Barrio 18 acordaron una tregua para reducir la violencia, incluido el acuerdo de no disputarse territorios.

Las maras o pandillas, responsables de la mayoría de crímenes que se cometen en el país, sobre todo homicidios y extorsiones, mantienen presencia en populosos barrios del país y según estudios del Ministerio de Seguridad están integradas por más de 60,000 jóvenes y adolescentes, de los cuales más 10,000 están presos.

Según cifras de un censo oficial en 184 de los 262 municipios del país, se estima que los miembros de pandillas y sus familias llegarían a 470,242 personas. Casi 10% de la población tiene relación con las pandillas o vive de las pandillas.

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