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Motorista de rastra seguirá detenido

Lo procesan por la muerte de 14 personas y lesiones en 11 en Santa Ana

Gabriel Neftalí Morales fue enviado a prisión por un juzgado de Santa Ana, donde se le procesa por la muerte de 14 personas. Manejaba una rastra que embistió el vehículo donde viajaban. Foto EDH / Iris Lima

Gabriel Neftalí Morales fue enviado a prisión por un juzgado de Santa Ana, donde se le procesa por la muerte de 14 personas. Manejaba una rastra que embistió...

Gabriel Neftalí Morales fue enviado a prisión por un juzgado de Santa Ana, donde se le procesa por la muerte de 14 personas. Manejaba una rastra que embistió el vehículo donde viajaban. Foto EDH / Iris Lima

El conductor de la rastra que es acusado de causar un accidente de tránsito en el que murieron 14 personas continuará detenido mientras se sigue el proceso legal en su contra. Así lo decidió ayer el juzgado Segundo de Paz de Santa Ana.

Al final de la diligencia, que tuvo una duración de tres horas y que se llevó a cabo en el salón de usos múltiples del Centro Judicial Dr. Ángel Góchez Castro, en Santa Ana, se decretó instrucción formal con detención provisional contra Gabriel Neftalí Morales, de 34 años, por los delito de homicidio culposo (no intencional) y lesiones.

En ese accidente murieron 14 personas la tarde del viernes 15 de mayo. De los lesionados, solo 11 se mostraron ofendidos ante el tribunal.

El análisis de la titular del referido juzgado se basó en la gravedad del hecho y la cantidad de víctimas. Asimismo, en que el motorista acusado no pudo probar arraigo domiciliar y consideró que fácilmente podría huir.

El fiscal del caso, Carlos Rivas, explicó que aunque hubo más personas lesionadas, solo 11 dieron autorización para abrir un juicio penal en contra del imputado.

Rivas agregó que paralelamente se estableció una demanda civil subsidiaria en contra de la empresa para la que Morales trabaja. Es decir, que el dueño de la rastra asuma parte de la responsabilidad económica en las siguientes etapas del proceso para indemnizar a los ofendidos.

Aunque el representante fiscal se negó a brindar montos que piden las víctimas, el abogado del imputado, Carlos Anzora, reconoció que el total ronda los 250 mil dólares.

Asimismo, lamentó la decisión de la jueza y aseguró que "el Ministerio Público se excedió en cuanto a sus argumentos, totalmente falsos".

Aclaró que la aunque la empresa para la que trabaja el imputado no tiene solvencia económica, sí tiene la buena disposición de conciliar, "siempre y cuando la pretensión sea justa".

Por su parte, el imputado aseguró que en ningún momento intentó huir. Al contrario, aseguró que buscó ayudar a las víctimas. Sin embargo, los ofendidos que llegaron a la audiencia ayer negaron tal versión y le exigieron decir la verdad.

Además, reconocieron que aunque el proceso no les devolverá a sus parientes, les dará tranquilidad saber que se hizo justicia.

Impacto emocional por la tragedia vial

Hoy por hoy, más que los golpes físicos que sufrieron, lo que los agobia es el trauma emocional el percance.

Por ejemplo, Elsa Marina Santos, quien se desplaza con apoyo de una andadera, perdió a su hermana y dos sobrinos. "Yo lo que pido es lo justo, que pague", resumió la mujer. Una hermana suya está ingresada en el hospital San Juan de Dios, en Santa Ana, con diversas fracturas.

Mientras que la madre de un niño de tres años que también resultó con lesiones en ambas piernas aseguró que el menor se despierta varias veces en la noche asustado y llorando.

El accidente ocurrió en la calle antigua a San Salvador, en el desvío hacia San Pablo Tacachico, La Libertad. El tráiler que manejaba el imputado, placas C96-485, en el que transportaba una retroexcavadora, embistió al pick up P228-920, aparentemente por fallas mecánicas.

Las víctimas regresaban del entierro de una de las mujeres de la iglesia del Dios de Justicia, que funciona en la comunidad La Providencia, lugar donde viven los afectados.

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