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Megarredada contra narcos, maras y corrupción judicial

Detenidos por narcotráfico La Fiscalía informó de la captura de 29 personas por narcotráfico y corrupción, y 21 más fueron intimados

Parte de los detenidos ayer llevados desde el oriente del país a la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Foto EDH / Moisés Rivera

Parte de los detenidos ayer llevados desde el oriente del país a la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Foto EDH / Moisés Rivera

Parte de los detenidos ayer llevados desde el oriente del país a la Subdirección de Investigaciones de la Policía Nacional Civil. Foto EDH / Moisés Rivera

Más de un centenar de arrestos relacionados a tres distintos casos de investigación de pandillas, narcotráfico en la zona oriental y con supuesta corrupción judicial realizaron en los últimos dos días la Policía y la Fiscalía General.

Una de las detenciones que ha generado polémica es la del padre Antonio Rodríguez López-Tercero, conocido como el padre Toño, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, en Mejicanos.

A Rodríguez López lo acusa la Fiscalía de haber introducido una tableta y teléfonos celulares a los centros penales de Cojutepeque (Cuscatlán) e Izalco (Sonsonate), para entregárselos a pandilleros de la mara 18.

Además lo señala de tener una estrecha vinculación con el cabecilla de la mara 18-Sureños, José Timoteo Mendoza Flores, apodado el Chory, y por presunto tráfico de influencias. (Ver nota anexa).

El arresto del padre Toño, realizado la tarde del martes pasado en el bulevar Constitución, despertó el rechazo de instituciones como la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDH) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad).

En otro caso de investigación por supuesta corrupción judicial, pero independiente del proceso en contra del padre Toño, el Fiscal General, Luis Martínez, pidió ayer a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que desafore (quitarle fuero constitucional) a tres jueces antimafia de San Miguel para que sean procesados en un tribunal común por el delito de cohecho (soborno), aparentemente porque exigían dinero a imputados para favorecerlos con la libertad u otras medidas benévolas.

Además arrestaron a 12 policías destacados en la zona oriental, entre estos el jefe y siete agentes de la Unidad Antinarcóticos de la Policía en San Miguel. Los policías antinarcóticos están acusados de colaborar con una organización dedicada al narcotráfico entre Colombia y Estados Unidos. A los otros cuatro agentes se les atribuye tener vínculos con pandilleros de La Unión.

Hay ocho abogados, tres empleados judiciales, dos fiscales y un exfiscal que también deberán enfrentar a la justicia, pero a ellos porque se les acusa, al igual que a los tres jueces Antimafia, de estar involucrados en el pago de dinero para favorecer a imputados en distintos procesos judiciales que se ventilaron en los Juzgados Antimafia de Instrucción y de Sentencia de San Miguel.

Nuevos cargos a presos

El Fiscal General explicó que durante el megaoperativo arrestaron a 30 pandilleros y colaboradores de la pandilla 18 y otras 29 personas relacionadas a casos de narcotráfico y corrupción judicial.

Además se les notificaron de nuevos cargos penales a 30 imputados, así como a 40 pandilleros que cumplen largas condenas por diferentes delitos en distintos centros penales. Sin embargo, las autoridades fiscales explicaron que las investigaciones abarcan a 93 personas acusadas de narcotráfico y 127 individuos por pertenecer a pandillas y ser sus colaboradores, algunos de los cuales aún no han sido detenidos.

"Este día, El Salvador, nación de gente honrada y trabajadora, ha ganado una nueva batalla contra el terror, el crimen organizado, el narcotráfico, y la corrupción de funcionarios y profesionales del Derecho", dijo el jefe del Ministerio Público.

Martínez agregó que "no podemos permitir más que nuestras instituciones sigan caminando en la podredumbre y la corrupción, y colaborar en sepultar a nuestro país en la vergüenza e indignación ciudadana".

Las investigaciones que llevaron a más de un centenar de arrestos y acusaciones se iniciaron en diciembre pasado cuando se frustraron las capturas de pandilleros en un operativo que realizaron la Fiscalía y la Policía para desarticular a la mara 18 en la zona oriental del país.

El Fiscal dijo que un testigo "criteriado" (con beneficios penales por colaborar con la justicia) reveló a la Fiscalía que la empleada del Juzgado Antimafia de Instrucción de San Miguel, Marlin Carballo Flores, presuntamente, había alertado a los pandilleros de que se ejecutaría el operativo.

La empleada se dio cuenta porque ella recibió la petición fiscal de procesar en el tribunal a 101 pandilleros de la mara 18, que se supone es dirigida por José Timoteo Mendoza Flores, (a) el Chory, y quien se encuentra recluido en el penal de Cojutepeque por homicidio.

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