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Homicidios durante agosto

Mayoría de muertos por la violencia no eran mareros ni tenían vínculos con ellos

Registros diarios de la Policía revelan que en un buen número de casos no se pudo comprobar que los ultimados fueran integrantes de las pandillas o colaboradores. Contrasta con la tesis de que la mayor parte eran mareros.

Homicidio en Santo Tomás

El motorista de un microbús pirata fue asesinado en Santo Tomás. No todas las víctimas de la violencia tienen que ver con las pandillas, algunos son víctimas de... | Foto por EDH/ Jaime Anaya

Ramón Arturo Centeno Flores tenía 55 años y se desempeñaba como profesor de educación básica. Fue asesinado el 30 de agosto pasado en el cantón La Presa de Usulután.

Óscar Armando Salazar, de 65 años, era propietario de una tienda y abarrotería en el cantón Lourdes de Colón, La Libertad. Lo mataron el 28 de agosto pasado en el negocio de su propiedad situado en el kilómetro 24 de la carretera hacia Sonsonate.

Joel Antonio Ramírez Catalán, de 60 años, se ganaba la vida como vigilante privado en una finca del cantón El Cuje, Chalchuapa, Santa Ana. Fue atacado a balazos por pandilleros cuando llegaba a su centro de trabajo.

Álvaro Danilo Mancía Girón tenía 54 años y era el mandador de una finca situada en el cantón Los Mangos, en Armenia, Sonsonate.

Lo mataron a balazos junto a su hijo de 24 años, cuando los dos sembraban frijol en un terreno de la finca. El doble crimen les fue atribuido a pandilleros.

José Baltazar Rivera, de 65 años, acribillado a balazos en el cantón Paso Gualache de Tecapán, Usulután. Era padre de un agente de la Policía, según el informe oficial.

Las anteriores algunas de las 535 personas que murieron por la violencia en la última quincena de agosto pasado y ninguna de ellas tenía vínculos con las pandillas, tal como lo señalan las investigaciones preliminares de la Policía. Simplemente, se presume, tuvieron algún tipo de problema con pandilleros y éstos los mataron.

En los 31 días de agosto se cometieron 911 homicidios, una cifra sin precedentes en la historia salvadoreña, pero la violencia se recrudeció en la segunda quincena de ese mismo mes con 535 crímenes, es decir un promedio de 36 homicidios por día.

Lo que llama la atención de la profundización de la violencia en ese período es que 32 personas que tenían edades entre los 50 y 90 años fueron víctimas de la criminalidad. Entre ellas figuraban un señor de 90 años y dos señoras de 80 a quienes mataron con lujo de barbarie.

Las motivaciones por las que se cometieron estos crímenes de personas adultas es que los pandilleros sospechaban que algunos de ellos colaboraban con la Policía; otros, por haberse negado a pagarles la extorsión que les exigían o por ser familiares de algún policía o militar, según las primeras investigaciones.

Los registros de la Policía con respecto a la categorización de las víctimas de la violencia en ese período reflejan que la mayoría de las personas ultimadas no era pandillero ni mucho menos tenía vínculos con esos grupos declarados como terroristas por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Al tomar como muestra el período del 16 al 30 de agosto de este año se pudo establecer que de los 535 homicidios registrados en ese plazo, 130 de las víctimas eran pandilleros o estaban ligados a esos grupos, según se desprende de los reportes de las autoridades policiales. Sin embargo, de los 130 pandilleros, 23 murieron en enfrentamientos con las fuerzas del orden público, luego que grupos de mareros atacaran a patrullas de policías y soldados en distintos sitios del país.

A este segmento de víctimas se le suman dos más que, según la Policía, eran familiares de pandilleros.

¿Quiénes eran los demás?

Aparte de los 130 pandilleros muertos, las autoridades policiales no lograron determinar la ocupación o el oficio al que se dedicaban 174 víctimas, al menos en las primeras investigaciones de la PNC.

En este segmento de se puede advertir que la mayoría de las personas ultimadas andaba en el rango de edad entre 30 y 50 años y no hay evidencias de que pudieran pertenecer a una pandilla.

Además, los registros policiales detallan que 64 de las víctimas tenían un trabajo formal y que al momento de ser atacadas se dirigían hacia sus jornadas laborales.

Entre estas personas había empleados de compañías distribuidoras de productos y de gas propano, agricultores, administradores de fincas y otros que se dedicaban a oficios varios.

En este segmento se puede destacar los casos de varios jóvenes trabajadores que fueron asesinados porque debían transitar por zonas con presencia de la pandilla contraria a la del sector donde ellos vivían.

Las autoridades aseguran que a estas personas ya les habían advertido que dejaran de caminar por las zonas contrarias ya que, si lo hacían, los matarían.

Hay casos de empleados de distribuidoras de productos y gas propano que ingresaron a lugares asediados por una pandilla y los mataron al asumir que llegaban desde zonas de la mara contraria.

Hay otro segmento de víctimas en las que figuran once comerciantes, cinco propietarios de negocios, seis panaderos y siete vigilantes particulares. La mayoría de estas personas tenía entre 40 y 65 años.

En algunos casos de homicidios de comerciantes y dueños de negocios, la Policía sospecha que los crímenes se derivaron de las extorsiones que exigen las pandillas y que las víctimas se habrían negado a pagarlas.

Las autoridades que velan por el orden público tampoco se salvaron de la vorágine de violencia que se vive en el país. Cuatro policías, tres expolicías y un soldado fueron víctimas de la violencia. A ellos se les suman los asesinatos de tres familiares de agentes de la PNC.

Un estudiante universitario, cuatro de secundaria, un profesor de educación básica, un agente del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) y un entrenador de fútbol también formaron parte del largo listado de muerte por la criminalidad.

Además, los trabajadores del transporte público siguieron siendo blanco de las pandillas. Se registraron los homicidios de 13 empleados de ese sector, entre motoristas, cobradores y supervisores de ruta.

 Hubo 89 casos de personas que no fueron identificadas porque no se les encontró documentos al momento de hacer el levantamiento del cadáver o porque estaban en avanzado estado de descomposición.

Además, fueron ultimados nueve exconvictos, cuatro deportados y un residente de Estados Unidos.

Este recrudecimiento de la violencia tuvo su mayor concentración en 122 de los 262 municipios del país.

Las zonas más castigadas fueron el área Metropolitana de San Salvador, donde se registraron 151 asesinatos, y la zona oriental, con 132 crímenes.

Occidente registró 96 homicidios y hubo otros 93 en la Paracentral. En la Central se contabilizaron 63.

La capital, San Salvador, se convirtió en el escenario de 37 homicidios, seguida de Soyapango donde se registraron 25 crímenes, Jiquilisco con 22 víctimas, Quezaltepeque que tuvo 19 muertes violentas y San Miguel con 17 homicidios.

Con respecto a las edades de las víctimas, el segmento de 15 a 39 años sigue siendo el más vulnerable a los hechos violentos.

De las 535 víctimas, 333 tenían entre 15 y 39 años. En esta muestra hubo 81 personas asesinadas que tenían entre los 15 y 19 años, según los registros oficiales.

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