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Maras obtienen empresas y buscan espacio en política

Fiscal General dice que ilegalmente están adquiriendo panaderías y negocios en mercados

El fiscal General, Luis Martínez, criticó de nuevo la tregua entre pandillas porque, según él, eso las fortaleció. Foto EDH / Archivo.
Foto EDH / Archivo.

Las pandillas ya no se conforman solo con el dinero que obtienen de las extorsiones, también están adquiriendo ilegalmente líneas de transporte colectivo y negocios como panaderías o puestos de venta en los mercados.

Así lo reveló ayer el fiscal General, Luis Martínez, en una entrevista de la Telecorporación Salvadoreña.

A juicio del funcionario, esto es parte de los réditos que les dejó a los grupos delictivos la tregua entre pandillas, que fue pactada en 2012, con el respaldo del gobierno del expresidente Mauricio Funes.

Según Martínez, con esa negociación, inicialmente, hubo una reducción de homicidios, pero aumentó la cifra de personas desaparecidas y las extorsiones. Además, permitió consolidar el mando de los cabecillas de maras que están recluidos en las cárceles.

Según el titular del Ministerio Público, estas estructuras delincuenciales han ganado extensión y control territorial, lo que les ha permitido involucrarse más en actividades relacionadas con el narcotráfico.

También les ha facilitado infiltrarse en instituciones como la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. Asimismo, están adquiriendo mayor cantidad de armas de guerra.

"La tregua es la peor idea que pudo tener cualquier funcionario para impulsar este tipo de proyectos perversos", señaló Martínez.

El panorama pinta más oscuro cuando el fiscal señala que el modus operandi de las pandillas ha ido mutando, a tal punto que, en la actualidad, tienen "hasta pretensiones de participar en cuestiones políticas".

"¿Quién va a aceptar que un criminal participe en eso? Se estaría criminalizando la política. Espero que ningún político se atreva a estar haciendo negociaciones con pandilleros con fines electorales", expresó Martínez.

Investigación sobre la tregua sigue abierta

En marzo pasado, el fiscal General confirmó que la institución había abierto una investigación en torno a la tregua entre maras, tras detectar supuestos indicios de que integrantes de estos grupos recibieron dinero y otros privilegios a cambio de reducir los asesinatos.

Semanas después, el Ministerio Público citó a declarar, por este caso, a algunos mediadores de la tregua y exfuncionarios de la administración del expresidente Funes.

En esa ocasión, Martínez advirtió que "si hay políticos que han negociado con pandilleros, no me va a temblar la mano en ejercer las acciones penales respectivas".

En la entrevista de ayer, el fiscal aseguró que la investigación aún no ha concluido porque es un caso "muy complicado" y porque cada vez más va saliendo a la luz nueva información.

Hace dos meses, la Fiscalía informó que habría nuevos requerimientos en esta investigación y que algunos de los testigos que declararon en el caso podrían dejar de tener esa calidad, incluidos funcionarios de Gobierno y mediadores.

La tregua fue acordada entre cabecillas de ambas pandillas, cuando el actual ministro de Defensa, David Munguía Payés, era titular del Ministerio de Justicia y Seguridad.

El segundo al mando era Douglas Moreno y la dirección General de Centros Penales estaba a cargo de Nelson Rauda.

Entre los facilitadores de la tregua estaba Raúl Mijango y el obispo castrense, Fabio Colindres.

Entre las supuestas irregularidades que se investigan están los privilegios excesivos a los cabecillas de las pandillas en las cárceles, supuestos pagos a los mediadores, colaboradores y familiares de mareros.

También, el traslado de cabecillas de las maras a cárceles de menor seguridad y las salidas de algunos de ellos para dar conferencias de prensa, entre otros.

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