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Magistrado: ineficaz lucha contra crimen

Funcionarios son elegidos por criterios políticos y no por capacidad

El magistrado Blanco (centro) expone junto a sus colegas en el conversatorio sobre la justicia constitucional de El Salvador.

El magistrado Blanco (centro) expone junto a sus colegas en el conversatorio sobre la justicia constitucional de El Salvador.

El magistrado Blanco (centro) expone junto a sus colegas en el conversatorio sobre la justicia constitucional de El Salvador.

El magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, declaró ayer que la ineficaz persecución de los delincuentes y el combate a la violencia e inseguridad del país, así como el nulo control de los fondos públicos, se debe al nombramiento de funcionarios basándose en criterios políticos y no en la capacidad, idoneidad, experiencia e instrucción de la persona.

Blanco cuestionó duramente al gobierno y sus funcionarios en el marco del conversatorio "La Justicia Constitucional en El Salvador: Funciones, Principales Desafíos y Tareas Pendientes", desarrollado en la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) con la participación de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional.

"En varias sentencias, la Sala ha insistido sobre la necesidad de poner al frente de instituciones relacionadas con la seguridad y cualquier otra área fundamental del Estado, a personas con capacidad, idoneidad, e instrucción notoria", subrayó el constitucionalista.

Agregó que en diversas resoluciones la Sala ha insistido sobre la importancia que representa para el ejercicio pleno de los derechos de Salud, Educación, Justicia y Seguridad de los ciudadanos, que se designe a los funcionarios idóneos al frente de las instituciones.

El magistrado aseveró que uno de los grandes problemas históricos ha sido "que los partidos políticos cuando llegan al poder, lo primero que piensan es poner al frente de las instituciones a sus aliados políticos, sin importar la capacidad, instrucción y experiencia que puedan tener".

De ahí que hay una ineficaz persecución del crimen, falta de control de los fondos públicos e "ineficaz persecución del delito, desde la administración de justicia".

Subrayó que después de la firma de los Acuerdos de Paz, los partidos políticos se fortalecieron "exorbitantemente" y pretendieron que nunca serían objeto de control. "Se vieron así mismos y no a la ciudadanía", manifestó el magistrado.

"Lo que actualmente estamos viviendo es la cosecha de lo que hemos sembrado en los últimos años, después de los Acuerdos de Paz", destacó.

Blanco aseguró que frente a esta crisis que vive El Salvador, en el seno de la Sala, él y sus colegas, se han preguntado, qué más puede hacer este tribunal para contribuir en la solución de este conflicto.

En las condiciones actuales, el constitucionalista describió a una sociedad tan aterrorizada, con jóvenes queriendo emigrar por falta de empleo, frustrados y amenazados por la delincuencia.

"Obviamente los responsables de todo esto somos quienes ocupamos los cargos importantes en el Estado", argumentó.

Blanco puntualizó que los temas más preocupantes del país en estos momentos son la violencia, la inseguridad y la escasa libertad.

Hasta las iglesias se reparten

El magistrado afirmó que en la Sala de lo Constitucional están sumamente preocupados porque los niveles de violencia han reflejado desde hace mucho una incapacidad del Estado para poder controlarlos y eso tiene aterrorizada a toda la población.

Lamentó que grupos criminales han hecho su propia distribución territorial del país y que es más respetada que la establecida por las autoridades.

"Hemos escuchado que a las escuelas solo pueden asistir estudiantes de determinado sector o que pertenecen a cierta pandillas y para otros grupos de maras tienen otras escuelas. Se han (delincuentes) distribuido las comunidades y repartido las calles", subrayó.

Afirmó que han visto con gran asombro que estos grupos delincuenciales han llegado al extremo de hasta repartirse las iglesias.

"Hace poco estuvimos reunidos con los obispos de la Conferencia Episcopal, quienes nos dijeron que las misas deben darse en dos lugares distintos, porque unas capillas solo estaban aptas para unos miembros de una pandilla. Esto amerita una protesta y una preocupación masiva de todos", afirmó Blanco.

El magistrado también cuestionó la realidad del sistema penitenciario del país, al considerarlo desordenado, precario e inhumano, al igual que todo el sistema del gobierno.

Sus colegas también se pronunciaron por fortalecer la independencia del Poder Judicial, para preservar la democracia y sus instituciones.

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