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Entrevista a Rodolfo González

“La lucha contra la corrupción en El Salvador es indetenible”

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, insiste en que la lucha contra la corrupción en el país es una tarea continua y uno de los desafíos más urgentes para este 2016.

"El combate que ha iniciado contra la corrupción no va a parar": magistrado Rodolfo González

El magistrado de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, insiste en que la lucha contra la corrupción en el país es una tarea...

El magistrado reconoce que hay varias tareas todavía pendientes, una de ellas, depurar el Órgano Judicial. “No se va a tolerar a jueces que no estén dispuestos a ejercer un rol correcto, no hay democracia sin justicia, tenemos que afinar los procesos de depuración judicial”, dijo enfáticamente el magistrado.

Para González se debe continuar difundiendo los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios o exfuncionarios que han usado su cargo para este fin.

“Es jurisprudencia (mandato) estar al servicio de toda la sociedad, no de un grupo determinado, ni mucho menos a favor de sí mismo y no puede prevalerse, dice la Constitución, de su cargo, para enriquecerse ilícitamente”, señaló.

El artículo 240 de la Constitución establece que: “Los funcionarios y empleados públicos que la ley determine, están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia...”, y que “la Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración”.

La sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia investiga los bienes de al menos 19 funcionarios o exfuncionarios de Gobierno, entre ellos tres expresidentes de la República (Francisco Flores, Elías Antonio Saca y Mauricio Funes Cartagena).

Actualmente la CSJ ordenó abrirles juicios al diputado Reynaldo López Cardoza y al exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social Leonel Flores, lo que desató acaloradas críticas contra los magistrados.

Tanto que en diciembre el partido oficial FMLN y sus aliados en la Asamblea Legislativa aprobaron una nueva Ley de Probidad que le quita a la Corte Plena la decisión de mandar a juicio los casos y le da esa facultad a la Sala de lo Civil.

Según González, esta ley debe revisarse, porque se esperaría que venga como una herramienta fortalecida para continuar luchando contra la corrupción, si por el contrario “busca amarrar el trabajo que se ha venido haciendo” podría declararse inaplicable, advirtió el constitucionalista.

Otro reto que 2016 trae para la CSJ es fortalecer la institucionalidad del país, es decir hacer que las instituciones, cualesquiera que sean sus tareas, funcionen.  Esto, según el magistrado, devolverá la confianza a la población que lo único que merece, por derecho, es una pronta y cumplida justicia.

El Diario de Hoy conversó con el magistrado sobre sus apreciaciones.

¿Cuáles son los tres principales retos de la justicia para el próximo año?

Sigue siendo un reto la depuración judicial, el país tiene que tener una justicia absolutamente confiable, y una planta con los mejores jueces, los más honestos, los más capacitados, los más valientes. El segundo, que sigamos trabajando por la institucionalización, es decir vigilar que la Asamblea haga buenas elecciones de segundo grado.  El país ha tomado conciencia de la importancia de un fiscal, una Corte de Cuentas, un Consejo de la Judicatura, sobre todo en justicia constitucional, es un reto que la Sala se mantenga vigilante de que sean buenas elecciones de segundo grado, para que tengamos una institucionalidad fuerte... Y en tercer lugar, sigue siendo importante el tema de la mora judicial.

¿Qué se requiere para lograr una adecuada depuración?

La Corte tiene una herramienta importante en el Departamento de Investigación Judicial y aquí es una tarea en la que tienen que unir esfuerzos la Corte Suprema con el Consejo Nacional de la Judicatura. El año pasado incluso intervino la Fiscalía, y un ejemplo es el de los tres jueces especializados de San Miguel que estaban involucrados en soborno y primero se les quitó el fuero, luego se les destituyó de la carrera judicial, ahora están siendo procesados como ciudadanos normales y comunes en los Tribunales...  Ahí hay un mensaje claro, queremos sentar precedentes en cuanto que no se va a tolerar a jueces que no sea correctos...

En el tema de la institucionalidad, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar para abonar en esto?

Tiene mucho de burla a la población, el decir ya aprobamos una ley que le va permitir corregir los abusos, pero luego no hay institucionalidad, o las personas que ocupan los cargos, están puestas ahí para permitir, para tolerar, para encubrir…  Eso debilita la confianza en la institucionalidad y eso va minando las sociedades democráticas… Por eso es vital la manera en que la Asamblea hace las elecciones de segundo grado: una Fiscalía, un Procurador de Derechos Humanos, un Consejo Nacional de la Judicatura, una Corte de Cuentas, el país se va dando cuenta de que estas otras instituciones, que no provienen del voto popular, son igual o más importantes. Vea usted como una Corte operando bien, por ejemplo, con el tema de Probidad, puede producir tan buenos resultados que pone contra las cuerdas a la clase política.

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