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Libres exfiscal y exjuez , y otros quedan presos

Los procesaban por 22 casos en los que hay casi 300 mil dólares de por medio. El juicio es por presuntos cargos de favorecer a narcotraficantes.

Doce abogados, tres exjueces antimafia y un fiscal fueron procesados el viernes por soborno y alteración de documentos en 22 procesos registrados entre 2011 y 2012. 

Doce abogados, tres exjueces antimafia y un fiscal fueron procesados el viernes por soborno y alteración de documentos en 22 procesos registrados entre 2011 y 2012.  | Foto por Lucinda Quintanilla

Doce abogados, tres exjueces antimafia y un fiscal fueron procesados el viernes por soborno y alteración de documentos en 22 procesos registrados entre 2011 y 2012. 

El exjuez Jorge González y el exfiscal Arturo Magaña quedaron libres, en tanto que el exjuez Enrique Beltrán continuará detenido, según resolvió el Juzgado Primero de Paz de San Miguel, se informó anoche.

Los exjueces y el fiscal, así como ocho abogados particulares, fueron procesados por los presuntos de cohecho activo (ofrecer o entregar dádivas a un funcionario), de cohecho propio (pedir regalo a cambio de un beneficio),  falsedad  material agravada (alteración de documentos) y  por prevaricato (resolución ilegal de un juez).

Anoche si bien no se daba a conocer la resolución general de la audiencia, se supo que el exjuez González quedó libre así como el exfiscal Magaña. Al exjuez Beltrán le decretaron detención.

De los 12 acusados, solo dos se presentaron a la audiencia, cuatro no fueron trasladados de las bartolinas donde se encuentran, y seis más están prófugos. 

La Fiscalía los acusa de 22 casos de lavado de dinero, tráfico de drogas y homicidios, en los cuales supuestamente se repartieron sumas de entre ocho y 10 mil dólares para favorecerlos. Estos 22 procesos, según los fiscales, fueron vistos por los jueces antimafia acusados entre 2011 y 2012.

La fiscal del caso, Dora Morales, explicó que “con los delitos de cohecho propio, activo y prevaricato, la perjudicada es la Administración Pública y la justicia, porque se ha invadido bienes del Estado en poder de jueces, que debieron ser devueltos a sus legítimos propietarios o quedar en poder del Estado”.

Explicó que los abogados y jueces habrían recibido al menos 294 mil dólares, montos de los que, el 5 % debió depositarse en Hacienda, según dice la Ley de Lavado y Activos.

De los 12 imputados, seis están a la orden de las autoridades y seis están prófugos. 

La Fiscalía fue la primera en exponer la argumentación de los delitos que atribuyen a los imputados. Como prueba fehaciente de los delitos, la Fiscalía ofreció un “testigo criteriado” (imputado con beneficio penal) quien relató cada uno de los hechos.

Los fiscales manifestaron tener suficientes evidencias para demostrar que los imputados habrían participado en todos los ilícitos. El testigo manifestó a la Fiscalía que el exfiscal Magaña habría supuestamente participado en 3 hechos de lavado de dinero.

Citó que en uno de los hechos se procesaba a una persona tras haberle decomisado 152 mil dólares, monto que luego se habrían repartido: 60 mil, supuestamente para el exfiscal, y el restante se habría distribuido entre el juez y los abogados de los imputados. Según los fiscales del caso, además del testimonio de uno de los imputados, cuentan con bitácoras de llamadas telefónicas y audios en los que supuestamente se daban las negociaciones entre los abogados, fiscales y jueces.

Señalaron que pedirán apoyo internacional de las autoridades judiciales, de un poder que fue otorgado por una notaria en Nicaragua, para ver si es legal o no, en uno de los 22 casos que son investigados.

En el caso de los jueces, la Fiscalía les imputa que a cambio de sumas de cinco, ocho y 10 mil dólares, resolvieron procesos judiciales en favor de los acusados con absoluciones, modificaciones de pena, que luego de la revisión de sentencia, quedaban libres.

El defensor del exjuez González, Jorge Cóbar, indicó que “en la acusación se establece la vinculación en un solo caso de prevaricato, se trata de una audiencia de imposición de medidas realizada en enero del 2008”.

Agregó que “en el acta consta que un defensor se negó a realizar el acto de defensa en el caso, por que lo desconocía, por lo que el señor González en su calidad de Juez le dio 30 minutos para que analizara las diligencias”, dijo el defensor.

 Agregó que el abogado se negó a ejercer el acto de defensa y se retiró. González hizo constar en una acta lo que había pasado, al tiempo que llamó al defensor público para que hiciera la defensa del caso. 

El proceso era de una mujer a la que le retuvieron 55 mil dólares en cocaína. González decretó la detención provisional, por lo que no habría caso.
 

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