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Lacayo llega a juzgado, tras retornar al país

Exministro de Economía Miguel Lacayo junto a su defensor Arturo Muyshondt al llegar al Juzgado Séptimo de Instrucción. Foto EDH / Lissette MonterrosaPie de foto texto espacio para texto pi texto o texto espacio para texto pi texto o texto espacio par

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Exministro de Economía Miguel Lacayo junto a su defensor Arturo Muyshondt al llegar al Juzgado Séptimo de Instrucción. Foto EDH / Lissette MonterrosaPie de foto texto espacio para texto pi texto o texto espacio para texto pi texto o texto espacio para texto pi t foto eh / Lissette monterrosa

El exministro de Economía Miguel Lacayo acudió ayer al Juzgado Séptimo de Instrucción, luego de retornar al país tras someterse a unos exámenes médicos en el extranjero.

Lacayo tenía permiso del tribunal para salir por varios días del país para que se fuera hacer unos exámenes médicos, pero estaba obligado a presentarse inmediatamente después de llegar de Estados Unidos.

Señaló que es la segunda ocasión que retorna al país y que se presenta ante el referido juzgado, pero que está interesado en demostrar que él es inocente de los cargos penales que le imputa la Fiscalía en el caso Cel-Enel.

"Vengo a someterme a un proceso en el que tengo la absoluta certeza de que se va a probar mi inocencia", dijo Lacayo. Sostuvo que en lo personal no está de acuerdo en el embargo que ha solicitado la Fiscalía para sus bienes porque lo considera injusto.

Arturo Muyshondt, abogado defensor de Lacayo, dijo que el exministro se someterá a una prueba grafotécnica para demostrar que una firma que aparece en un documento presentado por la Fiscalía no corresponde a la suya. La carta fechada el 4 de diciembre se refiere a una supuesta Junta que había sido electa cuatro días antes, pero que se trata de una fotocopia.

El defensor aseguró que el exfuncionario se someterá a la prueba, pese a que el documento no es el original.

Además, han pedido al juzgado que les entregue una certificación del peritaje presentado por la Fiscalía con el que basan los embargos por 2,000 millones de dólares por daños a la Cel, cuando anteriormente presentaron un peritaje de la Corte de Cuentas que señalaba que los daños ascendían a 20 millones de dólares.

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