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Justicia militar declaró inocentes a seis militares pese a confesión

Seis de ocho militares implicados admitieron haber hurtado y vendido cientos de granadas M-67, 40 mm. y cohetes LAW

Ocho militares llevan 22 meses encarcelados acusados de vender explosivos a extranjeros. Foto EDH / Archivo.

Ocho militares llevan 22 meses encarcelados acusados de vender explosivos a extranjeros. Foto EDH / Archivo.

Ocho militares llevan 22 meses encarcelados acusados de vender explosivos a extranjeros. Foto EDH / Archivo.

El 30 de abril, a las 3:00 p.m. en el Conjunto Dos del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA) el sargento mayor primero, Víctor Manuel Peña González, admitió extrajudicialmente pero "sin coacción alguna", que fue él quien ordenó a tres de sus subalternos que cada uno escondiera entre 15 y 16 cajas conteniendo 65 granadas cada una, que días después las sacarían, como habían hecho en ocasiones anteriores.

Peña González era el encargado de la demolición que por órdenes del jefe del EMCFA debía hacerse entre el 11 y el 15 de abril de 2011, de 9,563 granadas M-67 que supuestamente, de acuerdo con documentos militares de los que El Diario de Hoy tiene copias, su almacenaje representaba un riesgo derivado del deterioro de algunas partes debido a la antigüedad de las mismas.

Bajo las órdenes de Peña González estaban el cabo Jorge Nerio Lipe y los soldados José Luis Chacón Romero y Ángel Pérez Ramos. Todos ellos estaban bajo la supervisión del capitán William Alberto Chávez Rivera.

Este oficial debía supervisar la destrucción de la referida cantidad de granadas M-67. Pero, obviamente, según documentos contenidos en el proceso 171/2011-8 del Juzgado de Primera Instancia Militar, la supervisión no fue efectiva, pues hubo varias simulaciones de cargas explosivas.

Pese a las confesiones de seis implicados, fueron declarados inocentes de forma provisional, por un juzgado de lo militar entre otros argumentos porque las confesiones no cumplían con los parámetros legales.

El hermano del mayor

De acuerdo con Peña González, su contacto directo era el sargento mayor de brigada, Gilberto Espinoza Hércules, que para entonces estaba de alta en la Brigada de Artillería, quien le hacía "los encargos" llamándolo al Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), cuartel donde estaba de alta González Peña.

El primer contacto lo tuvo en el 2010, en el CIFA. En esa ocasión le ordenó, "de forma amenazante", que hicieran trato con algún tipo de explosivos, ya que a él se lo estaba solicitando un individuo que reside cerca de la frontera, sin mencionar cuál ni quién era esa persona.

En esas llamadas ambos compartían información sobre cuándo se harían demoliciones de explosivos y se ponían de acuerdo en la hora y fecha cuando debían ir la hacienda El Ángel, municipio de Tapalhuaca, departamento de La Paz, para retirar los explosivos que entre el 11 y el 15 de abril de 2011 habían dejado escondidos.

La última transa de granadas que la célula de militares hizo fue a primeras horas del 27 de abril de 2011. En esa ocasión, Peña González recibió de manos de Espinoza Hércules la suma de cinco mil dólares, de los cuales dio a 600 dólares a cada uno de sus socios.

Peña González aseguró que en dos ocasiones a principios de 2011: en la primera entregó aproximadamente 500 granadas 40 mm. y en la otra, del 27 de abril, entregó entre 800 a 900 granadas. En cada una de las ocasiones recibió cinco mil dólares de parte de Espinoza Hércules.

Este último militar es el hermano del mayor e ingeniero Élmer Espinoza Hércules, quien desertó de la Fuerza Armada desde febrero de 2010 cuando fueron decomisadas varias granadas y pertrechos militares en una vivienda de El Congo, Santa Ana, en la cual también hallaron documentación que lo relacionaba con el militar.

Este oficial estaba asignado al CIFA. En tanto que su hermano estaba destacado en la Brigada de Artillería.

Meses antes de que desertara, el mayor recién había concluido sus estudios de Diplomado de Estado Mayor (DEM, que es un curso de administración y mando militar) que reciben todos los jefes oficiales (del grado de mayor en adelante).

Oficiales que hicieron los estudios de Diplomado de Estado Mayor indican que en más de alguna ocasión les sorprendió ver que Espinoza Hércules disponía de "fajos" de dólares en efectivo.

De hecho, era él quien elegía los lugares donde se reunirían a hacer algunas tareas fuera de aulas. Parecía no escatimar en gastos de comidas y bebidas, indican algunas fuentes.

Peña González afirma que no conocía a los hombres a quienes Espinoza Hércules, el hermano del mayor desertor, les entregaba las granadas en Tapalhuaca, por el cementerio de esa localidad. Solo sabe que llegaban en carros todo terreno. Deduce que las trasladaban hacia Guatemala.

Peña admitió haber entregado explosivo C-4

Pero el relato de Peña González fue más revelador. Este militar también confesó, sin especificar fechas, que al mayor Espinoza Hércules, un explosivista de mucha experiencia, le había entregado unas cuatro cajas de explosivo C-4.

Peña González detalló que él tenía bajo su control esas cuatro cajas de C-4, las cuales no estaban inventariadas en la unidad militar.

Del mayor dijo que no le demostraba mucha confianza y que acostumbraba a hacer procedimientos de demoliciones de explosivo, de forma personal y, en consecuencia, no le gustaba llevar a ningún suboficial (categoría de Peña González).

En su testimonio, el sargento Espinoza Hércules admitió, según el expediente del proceso militar, su implicación en la venta de explosivos militares del 26 de abril de 2011. Incluso dijo que esa entrega no le fue cancelada ese mismo día porque Jorge Bernal no andaba mucho dinero.

Los testimonios de los dos y dos soldados brindadas a altos jefes militares y agregadas al proceso militar son coincidentes con lo manifestado por el sargento mayor primero, Peña González y Espinoza Hércules, quienes, pese a la admisión, fueron declarados inocentes, aunque ninguno recobró su libertad, pues ya la Fiscalía les tenía preparada una acusación por los mismos hechos, esta vez en un juzgado de lo común.

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