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Instalan teléfonos públicos en centro penal de Jucuapa

Una empresa colombiana y otra estadounidense invirtieron en el sistema

Las autoridades de Seguridad y Centros Penales autorizaron ayer telefonía pública en el penal de Jucuapa. Foto EDH / F. Torres

Las autoridades de Seguridad y Centros Penales autorizaron ayer telefonía pública en el penal de Jucuapa. Foto EDH / F. Torres

Las autoridades de Seguridad y Centros Penales autorizaron ayer telefonía pública en el penal de Jucuapa. Foto EDH / F. Torres

USULUTÁN. Los 473 reos confinados en el centro penal de Jucuapa, cuentan, a partir de ayer, con servicio de telefonía pública dentro del recinto penitenciario, luego de que el ministro de Justicia y Seguridad Pública Ricardo Perdomo, y el director de Centros Penales Rodil Hernández inauguraran ayer este nuevo sistema.

Perdomo dijo que este es un plan piloto y destacó que la idea es extender el servicio de telefonía pública al interior de las cárceles de todo el país. "En la mayoría de los centros las instalaciones están prácticamente terminadas", dijo el funcionario.

Perdomo destacó que con la instalación de ocho aparatos telefónicos buscan que los privados de libertad desistan de la introducción de aparatos celulares a las cárceles, que son ilegales y que generalmente son usados para ordenar el cometimiento de hechos delictivos como extorsiones y homicidios, entre otros.

El servicio de telefonía lo brindarán dos empresas, una de capital colombiano y otra de origen estadounidense, quienes además han implementado toda la inversión del sistema, por lo que el gobierno salvadoreño no tuvo que erogar fondos.

"Las empresas amortizarán la inversión con lo que cobran en la tarifa de servicio telefónico", añadió Perdomo ayer al mostrar el servicio de telefonía desde las cárceles.

Precisó que no se hizo una licitación, sino un convenio con las empresas y que estas trabajarán bajo las reglas que funcionan otras empresas telefónicas en el mercado salvadoreño.

¿Sistema seguro?

Las autoridades de Seguridad hablaron de un sistema controlado bajo el que funcionará este sistema telefónico; sin embargo, no habrán restricciones en cuanto a la duración y frecuencia en la que los reos podrán hacer uso de su derecho a las llamadas telefónicas.

Hernández precisó que con la implementación del sistema solo están cumpliéndole a los reos sus derechos "que están consignados en la Constitución de la República".

Perdomo explicó que a cada reo le asignarán un código que usarán para hacer las llamadas. Sus parientes tendrán que hacer recargas de saldo a ese código, a través de bancos, porque según lo explicó, la idea es que los reos no manejen efectivo para hacer sus propias recargas y poder hacer uso del servicio de telefonía.

Las autoridades hablaron de un acceso a la telefonía de forma controlada por un sistema de cómputo vigilado y afirmaron, según ellos, ser muy seguro; sin embargo, las dudas surgen cuando Hernández descartó que vayan a grabar las llamadas "porque eso está prohibido por la ley" y porque no supieron explicar cómo afrontarán el tema de las extorsiones que se ordenan desde los diferentes centros penales.

Perdomo reveló que "el 100 por ciento de los privados de libertad tendrán acceso a este sistema de telefonía".

Hernández dijo que en el caso de que la Fiscalía General y la Policía Nacional Civil tengan sospechas de que un reo está cometiendo un delito, podrán hacer uso de los registros que guarde el sistema sobre los números a los que se hicieron las llamadas desde los códigos asignados a cada interno.

Perdomo además aclaró que la implementación de este sistema también conlleva la colocación de bloqueadores de señal de celulares y la instalación de detectores electrónicos para identificar celulares ilegales dentro de las cárceles.

Además, las autoridades de Seguridad informaron que presentarán un anteproyecto de ley para obligar a las empresas de telefonía celular comercial a que bajen la potencia de sus antenas de señal cerca de los penales, porque han demostrado no tener la voluntad para hacerlo.

También contemplan pedir que se hagan reformas al funcionamiento de un servicio de depósito y transferencia de dinero a celulares, porque detectaron que en la mayoría de extorsiones usan ese sistema de remesa local para que los delincuentes reciban el dinero de los chantajes.

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