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Inicia juicio contra seis militares por la desaparición de tres jóvenes

De siete a 14 años de condena pide la Fiscalía al Tribunal de Sentencia de Sonsonate para cada uno de los seis militares implicados.

Seis militares deberán responder por la privación y desaparición de tres jóvenes de Armenia, Sonsonate.
Seis militares deberán responder por la privación y desaparición de tres jóvenes de Armenia, Sonsonate.

Seis militares comparecieron ayer ante el Tribunal de Sentencia de Sonsonate para responder por la desaparición de  tres jóvenes el 18 de febrero de 2014 en el municipio de Armenia.

De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), cinco jóvenes estaban reunidos en la calle cerca de sus residencias, en colonia San Fernando I de Armenia, cuando un grupo de soldados se acercaron a ellos y comenzaron a registrarlos.

Luego, procedieron a llevarse a tres de los cinco muchachos que fueron intervenidos. Después de un año de eso, no volvieron a verlos. “El destino final de estas personas no se sabe hasta esta fecha”, subrayó uno de los fiscales asignado al proceso.

Agregó que, en principio, se manifestó que los tres muchachos habían sido liberados, “pero la Fuerza Armada no ha podido acreditar el paradero de estas personas”.

A raíz de esa desaparición, sus familiares acudieron a las instancias legales, como la Policía y la Fiscalía para denunciar el hecho.

Las autoridades iniciaron la investigación, que terminó con la captura de los militares implicados.

Los detenidos fueron identificados por la Fiscalía como el sargento Santos Corleto y los soldados Ronald Pozo, José Santamaría, Arely Esquina,  Juan Ovidio Santiago García y Manuel de Jesús Santos Chávez.

Para estos militares la Fiscalía ha solicitado al Tribunal de Sentencia de Sonsonate que sean condenados por los delitos de desaparición forzada y privación de libertad.

El primer delito es sancionado con prisión de 4 a 8 años y el segundo, de 3 a 6 años de cárcel, explicó el profesional.

Los delitos que se les atribuyen a los militares ya incluyen la tipificación que han sido cometidos por funcionarios, empleados o agentes del Estado valiéndose de su cargo, y de ahí que se juzgan con el agravante de ser autoridad, explicó el fiscal.

Según la Fiscalía, los acusados fueron detenidos poco después de que se diera el hecho y han permanecido presos en el cuartel de Sonsonate. A diferencia de otros acusados, los militares han estado en guarniciones militares en cumplimiento a una reforma al Código Procesal Penal, que establece que cuando miembros del Ejército o la Policía Nacional Civil cometen hechos delictivos, puedan ser resguardados en unidades  militares o policiales, mientras no sean condenados.

El fiscal del caso afirmó que los jóvenes que al parecer fueron privados de libertad y posteriormente desaparecidos no tenían pertenencia con ningún grupo de pandillas.

Entre los jóvenes había un hijo de un agente policial. De los otros, uno era albañil y los demás eran estudiantes y no hacían nada ilegal para haberlos ni siquiera retenidos, dijo el fiscal. 

Familiares dijeron que tienen fuertes sospechas de que los tres muchachos que se llevaron los militares fueron entregados horas después a la pandilla contraria que opera en el sector colindante con la colonia San Fernando I, quienes habrían acabado con sus vidas y enterrados en una tumba clandestina.

El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Ernesto Morales, en una  de sus resoluciones pide al ministro de la Defensa, David Munguía Payés, que investigue la desaparición forzada de los jóvenes José Fernando Choto, Óscar Oswaldo Leiva Mejía y Francisco Javier Hernández Gómez. 

Además, demandó del ministro de Defensa que aplique las sanciones correspondientes a los militares implicados y cualquier otro involucrado sobre el cual tenga competencia, previo a la aplicación del debido proceso. 
Por otra parte, pide al jefe fiscal de Sonsonate, Carlos Humberto Herrera Barrera, indagar y determinar la responsabilidad sobre las supuestas amenazas denunciadas por sus familiares en su lucha por encontrar a los jóvenes desaparecidos.

El juicio continuará mañana, afirmó el Tribunal.

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