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Imputado busca nuevo peritaje en ciberataques

Andrés Ortiz Lara aseguró que violentaron sus derechos al no permitirle estar en una procedimiento

Troles

Ricardo Ortíz Lara se mantendrá en detención preventiva, según el Juzgado Segundo de Instrucción, en Santa Tecla. | Foto por Archivo

Andrés Ricardo Ortiz Lara, a quien le decretaron la detención por estar vinculados a los ciberataques contra El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica, pidió al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, La Libertad, que ordene un nuevo peritaje y análisis informático de las computadoras y los teléfonos celulares que le fueron decomisados la primera vez que fue arrestado.

La petición fue hecha por OrtIz Lara al tribunal días antes de que lo volvieran a capturar, esta vez por otro caso de ciberataques en contra de El Diario de Hoy y de La Prensa Gráfica.

En su escrito, Ortiz Lara argumenta que en el primer peritaje informático que fue ordenado por el  tribunal, le negaron estar presente en el mismo, con lo que no se le permitió intervenir en el peritaje a través de un técnico especializado en la materia.

En ese sentido, Ortiz Lara cuestionó las conclusiones emitidas por los peritos judiciales que analizaron el equipo informático y los celulares incautados.

En el escrito, el acusado propone al ingeniero en sistemas Rubén Eduardo Chapa Cabrera, quien es de nacionalidad mexicana y reside en Monterrey, México.

OrtIz Lara presentó las credenciales profesionales de Chapa Cabrera para demostrar que es un perito informático autorizado por las autoridades mexicanas de Monterrey y que es un experto en la materia.

Además, enumera una serie de experticias técnicas que propone que sean realizadas, tanto en el sitio web de La Prensa Gráfica como en el sitio web donde se supone habrían clonado la página digital del referido matutino.

Sin embargo, el Juzgado Segundo de Instrucción le previno el 18 de febrero pasado que especifique en cuáles aparatos requiere que se le haga la experticia informática.

Además le pide que determine qué es lo que pretende establecer con dicha diligencia.

Sin embargo, en vista que OrtIz Lara seguirá detenido por orden del Juzgado de Paz de Antiguo Cuscatlán, le podría resultar complicado que pueda evacuar las dos prevenciones hechas por el Juzgado Segundo de Instrucción.

En el primer análisis informático autorizado por el referido tribunal, los peritos encontraron una serie de conversaciones que vincularían al alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, con los ataques a los sitios web de El Diario de Hoy y La Prensa Gráfica.

Las pruebas periciales confirman que existen evidencias de la participación y responsabilidad en los hechos de parte de Bukele, José Carlos Navarro, Andrés Ortiz Lara y otras cuatro personas, entre ellas Sofía Medina, persona de confianza de Bukele, quien habría estado al tanto de la situación, y Mayra Morán, empleada de Búnker que habría hecho los pagos para la contratación de dominios web en el extranjero.

Tribunal ratifica nulidad reserva total

Entre las últimas diligencias hechas por el juzgado Segundo de Instrucción se encuentra la petición del abogado defensor José Carlos Barrientos de volver a decretar la reserva total del proceso judicial porque según él, se le violentan los derechos constitucionales a  OrtIz Lara.

Sin embargo, la jueza a cargo del referido tribunal resolvió el 17 de febrero pasado que en el primer caso del ciberataque en contra de La Prensa Gráfica se mantenga sin reserva alguna.

La jueza argumentó que el hecho de que el proceso sea público “no se comprometen las esferas íntimas o privadas del procesado (Ortiz Lara)”.

Además, la jueza advierte que en ningún momento se ha violentado el derecho a la intimidad y ni tampoco se la ha violado el principio de presunción de inocencia.

La jueza sostuvo que no puede obviar la ponderación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia al garantizar los derechos al acceso a la información, libertad de información y el derecho a la verdad.

 El caso estuvo protegido por una reserva total por varios meses, pero el 2 de febrero pasado, la jueza a cargo del tribunal eliminó la reserva total.

Consta en el expediente judicial, que una de las ahora procesadas, Mayra Lisseth Morán Lemus abogó por Ortiz Lara ante el tribunal y se comprometió de que al quedar en libertad, ella le garantizaba el puesto de trabajo en la empresa Blue Group por considerarlo una persona honrada, honesto y con espíritu laboral.

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