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Gobierno empeoró la seguridad pública y fortaleció a las pandillas

Las medidas improvisadas y aisladas, lejos de frenar la criminalidad, agudizaron la violencia, según el criminólogo Carlos Ponce

La violencia llenó de luto y dolor a más de 16 mil hogares en estos últimos cuatro años y medio. También la angustia que viven más de otros 6 mil por el desaparecimiento de familiares. Foto EDH / D. Urquilla

La violencia llenó de luto y dolor a más de 16 mil hogares en estos últimos cuatro años y medio. También la angustia que viven más de otros...

La violencia llenó de luto y dolor a más de 16 mil hogares en estos últimos cuatro años y medio. También la angustia que viven más de otros 6 mil por el desaparecimiento de familiares. Foto EDH / D. Urquilla

Las medidas y planes de seguridad improvisados que el gobierno de Mauricio Funes impulsó en estos cuatro años y medio de su administración, provocaron que la inseguridad ciudadana se agudizara y que se fortalecieran las pandillas al negociar la reducción de los homicidios a cambio de privilegios y beneficios a los cabecillas encarcelados.

Al final, todos las medidas improvisadas y planes de seguridad tuvieron que ser desechados por no haber sido efectivos contra la criminalidad, según fuentes consultadas de la misma Policía.

Las cifras de la violencia criminal durante este gobierno del partido FMLN hablan por sí solas. Los registros en la mayoría de los rubros delictivos tienen números rojos, en especial los homicidios, desaparecidos y extorsiones.

Con relación a la violencia criminal, y específicamente a la ejercida por las pandillas, se tiene que 16 mil 623 personas fueron asesinadas en distintas circunstancias desde el 1 de junio de 2009, fecha en la que asumió este Gobierno, hasta el 7 de marzo de este año. A eso se le suman las 6 mil 673 personas desaparecidas entre 2010 al 7 de marzo de este año. Con respecto a este rubro, no se tiene un registro de la totalidad de los desaparecidos ni de cuántas de estas personas extraviadas son encontradas con vida.

En cuanto a los homicidios, solo en los primeros siete meses de la administración de Mauricio Funes se contabilizaron 2 mil 576 homicidios. En los dos años siguientes se sobrepasó la cifra fatídica de los 4 mil asesinatos anuales. En 2010 se registraron 4 mil cuatro crímenes; mientras que al año siguiente, 2011, los números subieron a 4 mil 371 homicidios; cifras que nunca antes se habían registrado desde que acabó el conflicto armado en enero de 1992.

Las elevadas cifras de homicidios y desaparecidos en estos cuatro años y medio del gobierno de partido de izquierda, FMLN, reflejan que ninguna de las estrategias improvisadas y aisladas impulsadas lograron frenar los altos índices de criminalidad, según Carlos Ponce, criminólogo y analista en temas de Seguridad Pública.

Ponce sostiene que las estrategias impulsadas por este Gobierno sirvieron simplemente para ir "apagando el fuego del momento", pero no para ponerle paro a una escalada de violencia que ha empeorado la situación de inseguridad pública y además de haber fortalecido la capacidad delictiva de las pandillas.

"Eran medidas para darle respuesta a problemas coyunturales de seguridad", dijo Ponce. Agregó que "todas estas acciones aisladas no guardan relación con una estrategia congruente y tampoco tuvieron un impacto contundente en la criminalidad, en especial la generada por las pandillas", dijo Ponce.

El hecho de que todos los índices delictivos se hayan disparado a niveles que sobrepasaron la capacidad de las autoridades policiales reflejan, según Ponce, que este Gobierno recurrió a medidas aisladas, porque "nunca hubo un plan de seguridad técnico, un plan de nación para atacar la criminalidad".

Otras fuentes de la Policía recordaron por ejemplo la quema del microbús de la ruta 47 en Mejicanos, en la que murieron 17 personas.

Explicaron que para paliar el malestar ciudadano por la barbarie cometida por los pandilleros, el presidente Funes y el gabinete de Seguridad tuvieron que "inventarse" una nueva versión del plan antipandillas, pero que de nada ha servido porque no ha tenido impacto en la reducción de los delitos cometidos por las pandillas.

Y lo que es peor, según Ponce, es que el gabinete de Seguridad haya utilizado estrategias o planes de gobiernos anteriores, aunque solo les cambiaron de nombres, pero que no supieron implementar o fueron impulsados de una forma equivocada porque "nunca corrigieron las cosas que, según ellos, se hicieron mal en el pasado".

Agregó que "hicieron un mal reciclaje de los planes operativos anteriores, no se les vio nada nuevo".

Uno de los planes calcados por este Gobierno fue Batalla por la Paz, el cual se sentó en las bases que dieron origen al plan Sarissa, impulsado por el exdirector de la Policía, Rodrigo Ávila, y el cual logró reducir los homicidios hasta un promedio de siete por día.

Sin embargo, este plan no dio los frutos esperados y hasta el momento se desconoce si continúa o no.

Al fracasar planes, negocian la tregua

Después de experimentar con una serie de medidas aisladas en un intento por reducir los índices de criminalidad, en especial de los homicidios y extorsiones, el Gobierno del partido de izquierda FMLN no tuvo otra alternativa que "facilitar" una tregua entre las pandillas, que si bien es cierto las mismas autoridades de la Policía han reconocido, solo esa medida pudo disminuir los crímenes entre los pandilleros.

Ese papel facilitador que aseguraron las autoridades de Seguridad Pública brindaron a la tregua entre las pandillas ha sido cuestionado por el general retirado Mauricio Ernesto Vargas, uno de los firmantes de los Acuerdos de Paz.

"El Estado está para cumplir la ley no para facilitar ningún proceso, el Gobierno no puede ser facilitador en una situación donde hay ruptura de la Ley".

El incremento de las muertes violentas que se viene dando desde julio del año pasado y que se ha agudizado en los últimos dos meses de este año es producto de que ese pacto entre las maras ha comenzado a "agotarse" como lo reconoció el director de la Policía Nacional Civil, Rigoberto Pleités.

Deuda en prevención

Otra de las deudas pendientes que deja el Gobierno en término de seguridad es la inversión que había prometido en programas de prevención de la violencia y delincuencia.

Este Gobierno tenía planeado destinar 889 millones 575 mil dólares para la prevención de la delincuencia, según se desprende del Plan Estratégico de la Policía para el quinquenio 2009-2014. Sin embargo, nunca se dijo de dónde saldría ese dinero y si en verdad se invirtió en ese sentido.

A eso se le suma que el Gobierno ha dejado abandonado el proyecto de los municipios libres de violencia, a los cuales nunca les otorgó fondos para la implementación de los programas preventivos para los jóvenes.

Solo hubo actos propagandísticos en los que declararon a 11 municipios libres de violencia, pero el Gobierno nunca les inyectó fondos para el desarrollo de los programas.

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