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Fusades pide respetar el acuerdo Marco caso CEl-Enel

Fiscalía ha insistido en que va a cerrar demanda en el CIADI

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

Los abogados de los involucrados en el caso CEL-Enel esperan cerrar el caso hoy en los tribunales. Foto EDH / ARCHIVO

El Tribunal Cuarto de Sentencia celebrará hoy una audiencia especial sobre las obligaciones que asumió el Estado de El Salvador al firmar el Acuerdo Marco con la empresa Enel para acabar con un litigio de más de una década.

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) llamó ayer a que el Estado salvadoreño cumpla con lo acordado en diciembre con la compañía italiana, incluyendo la exoneración de un proceso civil para los involucrados, tanto de la firma como exfuncionarios.

"El acuerdo es vinculante (de obligatorio cumplimiento). La forma en que se resuelva este caso será un precedente importante para el país, ya que es necesario revertir el daño que se ha hecho a la imagen de El Salvador por el incumplimiento de acuerdos adquiridos por el Estado y la politización del caso. Se espera de las distintas autoridades que cumplan con su rol constitucional de ser verdaderos garantes del Estado de derecho y del respeto a la Constitución", expresa Fusades en un comunicado.

La Fiscalía ha pedido al referido tribunal que haga la audiencia especial para exponer que el país corre serios riesgos de que la empresa italiana Enel vuelva a abrir el arbitraje internacional si no cumple con el Acuerdo Marco que suscribieron en diciembre pasado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con sede en Washington.

Al Ministerio Público le urge definir esa situación en vista de que las autoridades de CEL, pese al acuerdo, dicen que se reservan el derecho de activar la parte civil o proceso para cobro de indemnización por supuestos daños y perjuicios.

Fusades recuerda que al poner fin al conflicto, el Acuerdo Marco suscrito en Washington establece en su artículo 3 que se pone fin a la acción civil en el caso.

"Las partes (el Estado salvadoreño y Enel) han acordado como condición no suspensiva de los efectos del Acuerdo Marco, la extinción definitiva e irrevocable de la acción civil del delito que involucra a Enel Green Power (EGP) y Enel Green Power El Salvador en los procesos penales números 171-A-2-13 en el Juzgado Séptimo de Paz y 133-2013-12 en el Juzgado Séptimo de Instrucción, ambos de San Salvador, que se hará extensiva a todas las personas naturales que tienen calidad de imputados en los mismos...", consigna el acuerdo, citado por Fusades.

La entidad privada cuestiona que, pese al arreglo al que se llegó y a que el referido artículo del acuerdo deja claro que se extingue la acción civil para todos los involucrados que tienen calidad de imputados en el proceso, personeros del gobierno insistan en procesarlos civilmente.

La defensa del caso ha recordado que el mismo presidente de la CEL, David López Villafuerte, firmó finiquitos o solvencias para eximir la acción civil.

"Resulta contradictorio que funcionarios del Gobierno continúen cuestionando el caso, el cual se ha llevado para resolverse hasta el Tribunal Cuarto de Sentencia", critica la entidad.

Para Fusades es de vital importancia cumplir lo acordado y las leyes de El Salvador.

"Es importante que en este proceso penal priven únicamente los criterios técnicos y jurídicos, y que las resoluciones se emitan con base en la ley y el estricto apego a la Constitución, ya que son evidentes los débiles argumentos del caso, al imputar a los acusados un delito ante actuaciones que se hicieron en base a la ley vigente que en esa fecha no había sido declarada inconstitucional", explica la fundación empresarial.

La posición de Fusades es coincidente con la del Fiscal General, Luis Martínez, quien acudirá a la audiencia especial para hacer el pedido al Tribunal Cuarto de Sentencia que cumpla con el Acuerdo Marco.

Martínez afirmó recientemente que en la audiencia esperan poner punto final al caso y así acudir al CIADI a darlo por cerrado formalmente.

UCA: un caso con fines políticos

La defensa ha argumentado que los ocho acusados de promover el asocio con Enel han pasado procesados más de un año sin que se les compruebe delito alguno.

CEL contrató un asocio con Enel en 2002 para la explotación de energía geotérmica, pero cuatro años después hubo diferencias entre ambas por la mayoría accionaria, de tal manera que la empresa italiana recurrió a tribunales internacionales para demandar a El Salvador.

Tras una ofensiva emprendida por el expresidente Mauricio Funes, que incluyó una batería de al menos 35 programas en cadenas de radio y televisión, así como conferencias de prensa según la defensa, se inició un proceso penal contra los exfuncionarios que promovieron el asocio con Enel en 2002 amparados en la Ley General de Electricidad.

De allí que los acusados y sus abogados hayan determinado que más bien se trató de un claro caso de persecución política del previo y presente gobierno contra exfuncionarios de la anterior administración de ARENA.

El rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Andréu Oliva, declaró en una entrevista de televisión que el caso se manejó con fines políticos, pues no hay manera de demostrar que cometieron delito alguno las personas acusadas.

Para él, está claro que el caso Cel-Enel se armó, no con fines de combatir la corrupción, sino para recuperar la empresa LaGeo para el Estado, sobre todo porque había un año electoral y de esa manera se desprestigiaba al opositor partido ARENA.

"No diría yo que es una persecución política, sino que el caso se monta para obtener fines políticos como es la recuperación de la empresa y presentar al partido ARENA y a sus funcionarios como corruptos", explicó el rector.

Anteriormente la UCA, mediante un editorial, señaló que "hoy en día, y después de la venta de acciones del Estado a la compañía italiana Enel, no puede dudarse ya de que es político el caso que se mantiene contra quienes autorizaron o firmaron el contrato de privatización progresiva de la empresa estatal LaGeo".

En su editorial, la UCA señala que "el gobierno de Mauricio Funes comenzó a fabricar un caso en el que, entre otras cosas, se hablaba de violaciones constitucionales y de daños graves al Estado salvadoreño. Y así nació la acusación en la que los jueces dicen que el contrato era legal y que, por tanto, quienes lo autorizaron o firmaron no violaron las leyes del momento".

ARENA: contrato fue legal

Por su parte, ARENA en un comunicado sostiene que el asocio CEL-Enel no fue lesivo al Estado salvadoreño y que aumentó la generación de energía geotérmica.

"El desarrollo del caso en los últimos meses, ha demostrado que el contrato CEL-Enel fue completamente legal y apegado al mandato de la Ley General de Electricidad, tal y como lo han manifestado prestigiosos abogados, universidades, gremiales empresariales, columnistas y juristas", sostuvo ARENA.

En una entrevista televisiva, el exdiputado de ARENA por San Salvador Mario Valiente consideró que lo grave en el caso es la imagen negativa que se proyecta hacia el exterior.

Esto, debido al trato que se le dio a un socio estratégico como era Enel Green Power, que es toda una potencia en generación de energía geotérmica y otras fuentes en el mundo.

"Cuando viene alguien a El Salvador, hace un contrato totalmente legal, los resultados son totalmente positivos para el país, no hay en absoluto ningún lucro de parte de los funcionarios... al final van a tener que reconocerlo las autoridades judiciales de El Salvador", consideró Valiente.

Rolando Alvarenga Argueta, diputado suplente de San Salvador, consideró que el caso es una persecución política.

Explicó que se había dicho que era ilegal y eso fue desmentido, que era lesivo al país y quedó demostrado lo contrario, ya que la energía fue más barata y además le dieron dividendos al Estado, y por último se dijo que era "oscuro", lo cual se descartó ya que se hizo una licitación pública internacional.

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