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Frenan traslado de reos de la 18 hacia Zacatraz

Fuentes penitenciarias confirman que no realizaron el traslado por un supuesto acuerdo con mareros para no cometer más homicidios

Los pandilleros de la 18 serían trasladados de Izalco a Zacatraz, pero un acuerdo con las autoridades anuló el movimiento.

Desde los centros penales se ordenan muchos crímenes usando dispositivos móviles.

Los pandilleros de la 18 serían trasladados de Izalco a Zacatraz, pero un acuerdo con las autoridades anuló el movimiento.

El traslado de un grupo de cabecillas de la Pandilla 18 del ala Revolucionaria presos en el penal de Izalco, Sonsonate, hacia el Penal de Máxima Seguridad, fue frenado el pasado jueves en la madrugada por un aparente acuerdo entre pandilleros y autoridades, con la condición de reducir los homicidios y ataques contra policías, según fuentes penitenciarias y militares.

De acuerdo con las investigaciones fiscales y de la Policía, los responsables de la mayoría de homicidios y ataques en 2014 son miembros de la mara 18 de la referida estructura. Además, se les responsabiliza de un gran número de enfrentamientos con la Policía y la Fuerza Armada.

El fiscal general, Luis Martínez, expresó ayer que siempre ha considerado que los cabecillas de las maras deben ser devueltos al Penal de Máxima Seguridad (Zacatraz). Sin embargo, es algo que no está en sus manos, sino en las del Gabinete de Seguridad.

Mientras tanto, el director de Centros Penales, Rodil Hernández, reveló que por el momento se han comenzado a revisar los expedientes de los reclusos para reubicarlos de acuerdo a su grado de peligrosidad.

En marzo de 2012, El Diario de Hoy publicó los traslados de 30 mareros, que formaban parte de la cúpula de la 18 y Mara Salvatrucha, desde Zacatraz hacia penales comunes.

Los movimientos fueron parte de los beneficios que recibieron los convictos a cambio de reducir los ataques contra policías, soldados y empleados de Centros Penales y, sobre todo, no matarse entre ellos, en la llamada "tregua".

El lunes pasado, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, envió un mensaje claro contra las pandillas durante una reunión con el Gabinete de Seguridad y afirmó que su "gobierno no negociará con estructuras delincuenciales". Además, les atribuyó ser los principales responsables de la espiral de violencia y aceptó que la tregua entre las maras sirvió para fortalecerlas.

No obstante, un día después del mensaje, la Pandilla 18 asesinó al agente de la División Élite contra el Crimen Organizado (Deco), Víctor David Hernández Clavel, de 39 años, quien fue ultimado a balazos cuando salía de su casa en la residencial Miramundo, en el municipio de Apopa, al norte de la capital.

Afirman que tras el asesinato de Hernández Clavel se dio la orden del movimiento de los reos del penal de Izalco. El traslado se tenía previsto para el jueves 8 en la madrugada.

Nueva negociación para bajar homicidios

Sin embargo, los informantes penitenciarios y militares aseguran que hubo un acuerdo entre los mareros y autoridades de seguridad, por la que los cabecillas de la 18, presos en Izalco, se comprometieron a bajar en lo posible los homicidios y no cometer ataques contra policías y militares.

En el dispositivo participaría la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO), Grupo de Reacción Policial (GRP) y Grupo Aéreo Policial.

Agregaron que ya estaba todo listo para emprender la caravana hacia Izalco cuando de forma sorpresiva los oficiales a cargo del dispositivo lo suspendieron por orden superior y que se haría hasta nuevo aviso.

Las fuentes aseguraron que la orden provino del Ministerio de Seguridad, pero no era nada oficial.

De acuerdo con las investigaciones policiales, desde el viernes pasado, la participación de los mareros de la 18 Revolucionarios se ha reducido significativamente en la espiral de violencia.

De ocho ataques contra policías y soldados, cometidos en los últimos días, sólo en uno se sospecha que ha sido cometido por los pandilleros de esa estructura.

En Chalchuapa y en Izalco, donde murieron dos mareros durante enfrentamientos distintos, el fin de semana pasado, se confirmó que fueron pandilleros de la MS. Al igual que el cometido contra el cabo de la Unidad del Mantenimiento y del Orden, Justo Germán Gil Espinoza, quien fue asesinado en San Juan Opico.

También, la emboscada contra un agente del PPI en San Martín. Hubo dos detenidos. Asimismo, en el homicidio de un agente en Santa Tecla se ha descartado la participación de pandilleros.

Esta es la segunda vez que autoridades de seguridad pretenden el traslado de los reclusos de la 18 a Zacatraz. El año anterior, las autoridades iniciaron la revisión de los expedientes de ocho reos, considerados los cabecillas del grupo de los sureños presos en Cojutepeque.

Entre los reos a quienes se les iba a revisar sus expedientes estaba el cabecilla de la 18, Carlos Mujica Lechuga, "El Viejo Lin".

Señalaron que los equipos técnicos iniciaron la revisión de los expedientes para conocer los avances de reinserción que habían tenido los reos, como participación en talleres, escuela, trabajo y otras.

Sin embargo, cuando se realizaba la discusión del segundo expediente, una de las integrantes del equipo técnico --cuyo nombre se reserva- fue amedrentada por uno de los pandilleros a quien se le realizaba la evaluación.

El reo cuestionó a la profesional de haber estado en el penal de Zacatraz anteriormente y le insinuó que había sido víctima de un atentado contra empleados de la referida cárcel. La profesional se impactó de todo lo que sabía el reo y finalizó la evaluación, según las fuentes.

La profesional pidió un mes de permiso por el miedo a ser atacada por los pandilleros. Meses después, la víctima renunció a Centros Penales.

Durante el programa Frente a Frente, el entrevistador Moisés Urbina preguntó a los diputados Sigifredo Ochoa Pérez y José Almendáriz sobre una posible nueva negociación de las pandillas con el Gobierno.

El cuestionamiento de Urbina partió de una pregunta de un usuario de Twitter de un supuesto acuerdo.

A la pregunta, Almendáriz dijo que desconocía el supuesto acuerdo. Sin embargo, señaló que el Estado no puede ceder más con los delincuentes. "Si lo hace con la 18, lo tendrá que hacer con la MS y así irá negociando".

Mientras, Ochoa Pérez señaló que "si eso se diera, sería reconocer la beligerancia de las pandillas y darle ese estatus, sería entrar en crisis en un Estado fallido", sostuvo el parlamentario.

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