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Fiscalía tiene en estudio 38 casos por obtención de bienes de forma ilícita

Unidad fiscal los investiga desde el año pasado

El despojo de bienes mal habidos es discutido en audiencias que programa el Tribunal de Extinción de Dominio. Foto EDH

El despojo de bienes mal habidos es discutido en audiencias que programa el Tribunal de Extinción de Dominio. Foto EDH

El despojo de bienes mal habidos es discutido en audiencias que programa el Tribunal de Extinción de Dominio. Foto EDH

La Unidad Especializada de Extinción del Dominio de la Fiscalía tiene otros 38 expedientes de investigaciones en contra de personas que, se supone, han adquirido bienes, inmuebles y dinero en efectivo, producto de actividades delictivas.

Una de las fiscales de Extinción del Dominio explicó que el año pasado abrieron 45 investigaciones, de las cuales algunas fueron archivadas porque no reunían los requisitos mínimos para pedir que se abra un proceso judicial.

En los dos primeros meses de este año comenzaron con la apertura de diez casos de personas que son acusadas en otras instancias judiciales por delitos ligados al crimen organizado y narcotráfico.

"Estamos hablando de unos 38 casos que están en investigación actualmente... Y hay todo tipo de procesados a quienes se les investiga la procedencia de sus bienes", dijo la fiscal especial .

Aunque la fiscal no reveló las identidades de las personas a quienes se les pretende despojar de sus bienes por considerar que provienen de actividades ilícitas, a finales del año pasado se conoció de fuentes fiscales que cabecillas de organizaciones criminales como Jorge Ernesto Ulloa Sibrián (a) el Repollo, y Roberto Herrera (a) el Burro serían algunos de los procesados que podrían perder toda su fortuna y propiedades que se presume amasaron con dinero de la narcoactividad y del crimen organizado.

El diputado suplente Wílber Serrano es otra de las personas a quienes se les podría despojar definitivamente de los bienes que habría adquirido de forma ilegal producto de actividades relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero.

A Ulloa Sibrián, quien fue condenado a 77 años de prisión en noviembre pasado por narcotráfico, le fue decomisada una serie de inmuebles, entre estos una finca en la cordillera del Bálsamo y ranchos de playa; así como una gran cantidad de vehículos.

Estos bienes aún están pendientes de ser confiscados de forma definitiva por las autoridades judiciales.

También tiene otro proceso en Guatemala para ser despojado de los bienes, inmuebles y dinero que le fueron incautados en el vecino país, luego de ser arrestado y extraditado al país en marzo de 2013.

Entre lo confiscado a Ulloa Sibrián se encuentran tres residencias de lujo, un apartamento, una finca, vehículos modelos recientes, motocicletas; todo por más de un millón de dólares.

El primer caso a favor del Estado

Uno de los primeros golpes dados por la Unidad Especial de Extinción de Dominio de la Fiscalía es el primer caso que llegó a vista pública, que involucró a pandilleros recluidos en el penal de Chalatenango, quienes perdieron los 15 mil dólares que les fueron confiscados en el recinto en julio de 2014.

Durante la vista pública, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República logró la primera sentencia favorable a la sociedad, al extinguirles el dominio de 15,232 dólares a doce miembros de una pandilla. El efectivo les fue encontrado durante una requisa llevada a cabo en esa penitenciaría.

Los billetes estaban ocultos en diferentes celdas del mismo presidio y del que los indiciados no pudieron comprobar su legal procedencia.

En esa oportunidad, la Fiscalía explicó que para el caso de extinción de dominio interesa solamente si los bienes, inmuebles o dinero tienen una raíz legítima. De lo contrario, pueden ser sometidos a un proceso judicial, para que sea el juez el que declare que esos insumos pasen al Consejo Nacional de Administración de Bienes (Conab).

La ley entró en vigencia en enero de 2014 y establece que los recursos que sean incautados serán distribuidos de la siguiente manera: 15 % al Conab; 35 % para el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, 35 % a la Fiscalía General de la República, 10 % va al Ministerio de la Defensa Nacional y 5 %, a la Procuraduría General de la República.

Se establece además que la ley de Extinción de Dominio se aplicará a actividades relacionadas o conexas al lavado de dinero y activos, crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones, asociaciones, y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, entre otros.

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